De agosto de 2015 a agosto de 2016, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha documentado alrededor de 40 casos de agresión a personas defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México. Los activistas exigen solución a los conflictos sociales que minan los derechos indígenas y los derechos a un medio ambiente sano, por lo que urgen al Gobernador Eruviel Ávila escuche sus iniciativas y peticiones, así como explique la denominada “Ley Eruviel”, misma que tildan de ser defensora de intereses privados que afectan la dignidad y los derechos de las comunidades y pobladores mexiquenses.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Organizaciones civiles y comunidades del Estado de México alertaron de los temas que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas no hablará en su Quinto Informe de Gobierno, entre ellos, que al menos 27 municipios se encuentran bajo algún conflicto social; los efectos de la Reforma Educativa en la entidad, la “Ley Eruviel”, los feminicidios y la represión contra activistas. ¿La razón? Que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) necesita mantener una “cara bonita” de la entidad para presentarlo como “la gran carta de gobernabilidad”.

Para el director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, el Estado de México “tiene el desfortunio” de ser el bastión del partido político en el poder, pues “ellos necesitan tener un Estado de México de cara bonita para presentarlo como la gran carta de ‘gobernabilidad’ no sólo en el país sino en el extranjero”.

Este Centro, junto a otras organizaciones y frentes en defensa de la tierra, presentaron el Contrainforme -previo a que Eruviel Ávila rinda su informe de labores el próximo 28 de septiembre- en el que buscan evidenciar y documentar “que la realidad no corresponde a lo anunciado comúnmente con bombo y platillo en los informes del Gobierno del Ejecutivo estatal”. En el documento los grupos civiles detallan temas que “son fundamentales para abordar la agencia pública” del Edomex y que, prevén, el Gobernador Eruviel Ávila no abordará durante su informe oficial.

Entre estos temas están diversos conflictos por la tierra y el territorio, como el de los pueblos de Atenco y Texcoco contra el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM); el de los pobladores de Xochicuatla contra Grupo Higa; así como la denominada “Ley Eruviel”; los impactos de la Reforma Educativa en la entidad; las violaciones a los derechos humanos a defensores y activistas y los feminicidios. El documenta detalla que al menos 27 municipios del Estado de México se encuentran bajo algún conflicto social por defender la tierra, el agua, los bosques, los derechos indígenas o el derecho a un medio ambiente sano.

Esa cifra, de acuerdo con los grupos civiles, aumenta al menos al doble si se considera la lucha magisterial contra la Reforma Educativa, lo que significa que el 43 por ciento de la entidad registra conflictividad social por la defensa de Derechos Humanos.

Temas que, según José Antonio Lara, no serán abordados por el Ejecutivo estatal, o serán presentados pero de manera “sesgada”.

El activista consideró, en entrevista con SinEmbargo, que el interés del PRI por mantener una buena imagen del Edomex ha facilitado que durante los cinco años de la administración de Eruviel Ávila, y todo el sexenio de Peña Nieto como Gobernador de la entidad, “el maquillaje de cifras, e incluso los grandes contratos con las grandes televisoras para presentar una imagen pública totalmente distante a la realidad” haya sido una práctica constante.

Sin embargo, destacó también que en el Estado de México aún no existen las instituciones suficientes para que haya una rendición de cuentas profunda, ni tampoco las herramientas necesarias en una democracia como la revocación mandato, el referéndum.

De acuerdo con el documento, de agosto de 2015 a agosto de 2016 el CDHZL ha documentado alrededor de 40 casos de agresión a personas defensoras de Derechos Humanos, lo que significa que cada mes al menos 3 personas defensoras son agredidas por defender bosques, agua, tierras y territorio, derechos indígenas. “Es decir, en el Estado de México se agrede a quienes mediante métodos pacíficos y legales buscan dignificar la vida de sus pobladores”, alertaron los defensores.

En la víspera del Quinto Informe de Gobierno del Gobernador Eruviel Ávila, los activistas acusaron que el mandatario ha mantenido en la opacidad la información acerca de los avances “sobre estos graves atropellos a los ciudadanos mexiquenses”.

José Antonio Lara dijo que en su informe Eruviel Ávila ocultará que en el Estado de México se vive “una alta conflictividad social derivada de la imposición de megaproyectos y de las reformas estructurales”, específicamente la Educativa y la Energética.

Detalló que el despojo de tierras y territorios se ha dado para que el Gobierno pueda impulsar el desarrollo de infraestructura en comunicación terrestre y área, para así, poder consolidar a la entidad como un centro “estratégico y logístico para los negocios y el turismo, así como la profundización de proyectos inmobiliarios privados”. Sin embargo, señala, ese proceso se ha dado a expensas de los derechos de pueblos enteros, mismos que se han visto socavados.

“Los casos de los pueblos de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, así como de los indígenas otomíes de Huitzizilapan, Xochicuautla y Magú son emblemáticos”, precisó al respecto.

Por su parte, Ignacio de Valle, representante de Atenco, resaló que el Gobierno mexiquense no respeta el derecho de la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas del Estado de México, haciendo referencia al caso de más de 50 organizaciones civiles que han venido señalando que la basura y su incineración es la respuesta al conflicto del estado, que recibe cerca de 8 mil toneladas de basura al día provenientes de la Ciudad de México.

En cuanto a ese problema, Trinidad Ramírez, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, indicó que “el 60 por ciento de los tiraderos están concesionados a manos privadas”, por lo que “el gran negocio de la basura deja el gran beneficio para unos cuantos pero con terribles consecuencias para las salud de los habitantes del estado”.

El pasado 29 de abril, representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México alertaron que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha lanzado una ofensiva en su contra para despojarlos de su territorio, agua y bosques para pasarlos a manos de empresas privadas que buscan construir megaproyectos. Además, los comuneros y activistas acusaron que la denominada “Ley Eruviel” no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.

Los frentes de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco advirtieron que no detendrán su resistencia ni se dejarán intimidar por las autoridades del Gobierno mexiquense. Por el contrario, continuarán la lucha en conjunto para defender sus recursos, usos y costumbres, y para detener la Ley que amenaza sus derechos humanos.

José Antonio Lara dijo a SinEmbargo que durante los cinco años de Gobierno, el priista ha sido omiso a las solicitudes de diálogo y ha optado por el camino de la represión. Recordó que la creación de la llamada “Ley Eruviel” fue la respuesta por la que el Gobierno del priista optó para “controlar mediante la violencia a los pueblos opositores”.

“Va a ser un informe de caras alegres y de números alegres. Y eso lo que genera es un desaliento en términos de un ejercicio de Gobierno real”.

José Antonio Lara lamentó que el Gobierno del Estado de México lo único que va a presentar un informe donde deje ver que “está cumpliendo metas”, pero “desafortunadamente la realidad mexiquense es totalmente distinta”.

Lara consideró que en el Edomex se ha vuelto “una práctica cotidiana el maquillar las cifras [que] lo único que está generando es pretender presentar una realidad que no existe en la entidad”.

El activista dijo que el Estado de México vive una “crisis social de gobernabilida”, pues explicó que los mexiquenses carecen de un Gobierno democrático y que esté cercano a las demandas de la población:

“El Gobierno está lejano a la población y eso está generando conflictos sociales por un lado, y por el otro está generando un alto clima de violencia e inseguridad; que las instituciones no están funcionando para resolver los problemas de la ciudadanía en general. Es lo que nosotros denominamos que la gobernabilidad en este estado no está funcionando, las instituciones son obsoletas, están corrompidas y no están dando resultados a la ciudadanía”.

PUNTOS DE LA LEY ERUVIEL

José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expuso que la posibilidad del uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable” es lo que más se conoce de la “Ley Eruviel”, pero enfatizó una serie de puntos sobre cuándo una protesta es ilegal, quiénes son los responsables de las víctimas y si pueden ser denunciados.

El activista explicó que actualmente la controvertida legislación -que fue aprobada en marzo por el Congreso local e impugnada por diversos actores- se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde será revisada. Sin embargo, actualmente ningún ciudadano ni organización puede promover un amparo contra la legislación debido a que, explicó Lara, el Gobernador mandó una iniciativa para que un artículo transitorio contemplara que la Ley no entrara en vigor hasta después de la determinación del Máximo Tribunal. Por ello, dijo, ahora los pueblos y organizaciones buscan hacer una campaña para concientizar a la SCJN para que no avale la “Ley Eruviel”.

Además, el presidente del CDHZL exhortó al mandatario priista a explicar la denominada “Ley Eruviel”, que de acuerdo con él, “pretende ser un mecanismo de control social a través de la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad de reunión”.

De acuerdo con el abogado deben enfatizarse l0s siguientes artículos:

–Una asamblea o reunión se convertirá en ilegal cuando exijan a una autoridad que deje de hacer algo. Si una protesta demanda no construir un aeropuerto, ejemplificó, ya es ilegal.

–Rompe la cadena de mando porque, si hay disparos u homicidios, la ley dice claramente que los responsables serán los jefes del operativo. Con ello los gobernadores o presidentes municipales están totalmente exentos.

–El artículo 17 permite los infiltrados en las manifestaciones y asambleas, bajo el argumento de prever si la reunión se va a tornar en ilegal. Si la asamblea delibera una exigencia, explicó Lara Duque, obtienen la información suficiente para poder planear un operativo para combatir la protesta.

–El artículo 21 legaliza la detención mediante el ingreso a los pueblos. Ya en la prisión, la ley permite utilizar candados en las manos de los detenidos, así como esposas de muñecas o tobillos, cadenas y camisas de fuerza si son considerados peligrosos.

–Si una persona reclama haber sido víctima de un exceso policiaco, sólo puede hacerlo la persona misma. Es decir, si es asesinada o queda en coma, no hay otra forma de que alguien más lo denuncie.”Entonces se van asegurar que el afectado no pueda denunciar…”, sugirió.

–El artículo 53 “obliga a la represión” porque, cuando los mandos no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego, se les hará una investigación interna. “O sea, no quieren miedosos”, interpretó el coordinador del CDHZL.