La iniciativa de Ley General de Archivos que se encuentra en el Senado de la República promueve la opacidad, dijeron organizaciones civiles y académicos. Su planteamiento está marcado por factores políticos y por la necesidad de no transparentar hechos recientes como la guerra contra el narcotráfico y las persecuciones políticas del siglo XX comprometiendo el estudio y el planteamiento de la historia del país.

Las organizaciones exhortaron al Senado de la República a abrir el proceso de deliberación para la aprobación de la iniciativa, pues los espacios de deliberación que se han realizado no han recuperado las preocupaciones que tienen los especialistas sobre la gestión de archivos.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de organizaciones civiles y académicas plantearon hoy la modificación de siete puntos preocupantes en la iniciativa de la Ley General de Archivos que se encuentra en el Senado de la República desde noviembre del año pasado y que no corresponde a una legislación congruente y funcional para resguardar la memoria histórica del país.

La iniciativa no debe ser aprobada como está, pues sería un obstáculo para la rendición de cuentas y garantizaría opacidad.

Lourdes Morales Canales, directora de la Red por Rendición de Cuentas, dijo que de aprobarse la Ley como está planteada en el Senado, sería un grave retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales.

“Se ha expresado de manera reiterada la necesidad de aprobar una Ley que atienda los diagnósticos de dispersión de criterios, la ausencia de lineamientos comunes y las debilidades estructurales en los procesos de producción, gestión y conservación de la información histórica e institucional en todo el país que resultan fundamentales para la identidad, la memoria y la rendición de cuentas”, dijo la investigadora.

Entre los puntos que preocupan a las organizaciones civiles y a los académicos está la captura política del Consejo Nacional de Archivos, pues la iniciativa plantea un Consejo Nacional de Archivos encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual podría llevar a que los criterios que se utilicen para archivar documentos sean políticos y no técnicos.

“El riesgo es que la política pública de archivos no sea formulada a partir de las necesidades del conocimiento técnico concreto, sino que esté supeditada al control político y a los intereses del Gobierno en turno”, explicó Morales.

La Red de Rendición de Cuentas agregó que otro de los puntos polémicos de la Ley es la falta de autonomía y presupuesto para el Archivo General de la Nación, que vio reducido 78 por ciento en su presupuesto de este año.

La Ley también debe plantear que los archivos históricos se reconozcan como fuente de acceso público sin restricciones, debido a que hay información clasificada como confidencial y reservada, como sucede con documentos de la primera mitad del siglo XX y del siglo XlX con información testada.

“Los documentos contenidos en archivos históricos son públicos y de interés general, por lo que su información en ningún caso debe ser clasificada como confidencial ni reservada”, dijo.

La iniciativa tampoco cuenta con la profesionalización de los procesos de valoración, plazos para transferencias de documentos a los archivos históricos y retirar de la Ley la valoración de documentos históricos que ya están en los archivos.

“Actualmente muchos de los archivos contenidos en los acervos históricos del país no cuentan con un proceso de valoración pues llegaron a esos archivos antes de que existiera una regulación.Condicionar el acceso a estos archivos a un proceso de valoración paralizaría la consulta irrestricta de los mismos”, explicó.

LEY PROMUEVE OPACIDAD

Alfredo Ávila, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, agregó que la valoración de los archivos que ya son considerados históricos es un exceso.

“Hay un problema con la Ley que se está diciendo que en ciertos plazos las entidades federales o estados de la república revisen sus archivos históricos para valorar qué es histórico y qué no. La verdad no creo que tengan la capacidad humana para hacer esto. Tenemos decenas de archivos que están en bodegas en estado deplorable y pedirles a los ayuntamientos, a las universidades que destinen personal para esto, me parece un exceso”, argumentó.

Avila precisó que la iniciativa no contempla un plazo de obligatoriedad para que los documentos se transfieran a los archivos históricos, lo que abriría la “posibilidad de que se comprometan los archivos de toda la historia de México”.

“Se ha hablado mucho de la historia reciente del país, de cómo afectará la memoria que tenemos, me preocupa que esta Ley haya tenido un trasfondo político en el cual se está pensando en esta historia reciente de la guerra contra el narco, de las persecuciones políticas del siglo pasado y se está llevando entre las patas toda la memoria histórica del país”, explicó.

Aurora Gómez, historiadora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México (Colmex), dijo que el objetivo de pasar la Ley como está redactada hasta el momento, es un recurso para garantizar obscuridad en la rendición de cuentas.

“Una posibilidad de básicamente guardar las cosas en lo obscuro, y eso es muy grave. Debemos estar alerta y darle la importancia que merece. Esta nueva injerencia de la Secretaria de Gobernación es un retroceso muy fuerte. Para los historiadores lo peor es que por estos intentos que tienen que ver con la política, padecemos los efectos colaterales. Esta reglas afectan el quehacer histórico, porque se dificulta el acceso a los documentos en los archivos históricos, se vuelve más tortuoso y complicado que los documentos se acaben destruyendo y jamás lleguen a los archivos históricos”, dijo.

La historiadora destacó que la iniciativa tampoco contempla el rezago de décadas que existe en el archivo de documentos.

“Se han acumulado los documento en cajas sin clasificación, que se quedarían en el limbo de acuerdo a la iniciativa. Haría difícil la Ley que nuevos documentos llegaran a los archivos históricos para construir la historia del presente, porque con esta indefinición que se genera en relación a los datos personales, se está encaminando a que cualquier documento que contenga un nombre propio, donde venga un político, se saque y se destruya”, consideró.