Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– A decir de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, su gobierno ha tenido avances considerables en Derechos Humanos porque ha logrado fortalecer el marco legal en la materia con la aprobación de la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo.

Peña Nieto se refirió ayer a las quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, tal cual como lo ha hecho con los homicidios dolosos: aseguró que han descendido, pero no presentó números. “Con la nueva política de seguridad del gobierno federal se han reducido a la mitad las quejas por supuestas violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal”, dijo.

Ayer entregó el Premio de Derechos Humanos 2013, instaurado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al grupo de ayuda a migrantes en el camino “Las Patronas”, formado por iniciativa de Norma Romero. Ella tiene 43 años y esta tarea la inició hace 15, con la invitación a comer a quienes iban en travesía hacia Estados Unidos, ya fueran mexicanos o centroamericanos. La casa se encuentra en Veracruz.

Su historia se inició cuando abrió la puerta de su casa en la madrugada y encontró a una joven hondureña. Le pedía ayuda de rodillas. Su novio había sido acuchillado en el tren. Norma Romero los auxilió a los dos.

El acto público del Presidente ocurrió en la residencia oficial de Los Pinos. Desde ahí, Peña Nieto resaltó la casualidad de que el galardón para el buen ejercicio de los Derechos Humanos se entregara a Las Patronas, justo ayer, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, Norma Romero Vázquez afirmó, al recibir el premio, que México “se encuentra  fracturado, atravesado por la violencia, por la impunidad, por la apatía, por la discriminación, por la falta de oportunidades reales y una lista de cosas más que no podría terminar”.

“Más que avanzar hemos ido en retroceso porque la idea del progreso sustentada en aprovecharse de los que menos tienen no puede ser más que una violación a los derechos humanos”, sostuvo.

Frente al Presidente Enrique Peña Nieto, Romero Vázquez denunció que los migrantes, “no son considerados como personas, sino como mercancías que pueden ser negociadas, cambiadas y eliminadas sin consideración alguna y esa misma situación atraviesan nuestras mujeres, niños y niñas y toda la juventud”.

Por ello llamó a modificar los criterios y la situación de los migrantes por considerar que, mejorar su calidad de vida, es una aspiración humana válida que cualquiera puede tener.

La líder del grupo “Las Patronas”, indicó que quienes luchan por los derechos humanos no buscan resolver vidas, sino que se brinden oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Queremos que algún día no hagan falta las patronas, pues así veremos un avance, que no se requiera viajar y exponer la vida para alcanzar mejores condiciones”, dijo.

DERECHOS HUMANOS: LA POLÍTICA INVISIBLE DE EPN

Después del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el que predominó una estrategia bélica para combatir el llamado Crimen Organizado, Enrique Peña Nieto heredó una crisis en la protección de los derechos humanos en el territorio nacional. Es una crisis humanitaria que el abogado Netzaí Sandoval, quien presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya en contra de Felipe Calderón, describe más por las formas que por el número de bajas. La muerte tomó formas de tétrico espectáculo en el que la saña es el tópico.

No sólo la muerte ha tenido permiso. También la desaparición forzada. Y si bien el gobierno federal publicó en 2012 la Ley del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Presidente Enrique Peña Nieto no ha elaborado el reglamento, por lo que aún no es aplicable.

La carencia de reglamentos a las leyes del marco jurídico de los Derechos Humanos se convirtió en constante. Otros dos ejemplos de ellos son la Ley de Protección para Periodistas y Defensores y la Ley General de Víctimas. Pese a ello, ayer, al entregar el Premio de Derechos Humanos, el jefe del Ejecutivo sostuvo que en su mandato se ha avanzado en el marco legal.

El 1 de diciembre de 2012, cuando se puso la banda presidencial, Peña Nieto se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos” que reconoce la Constitución de México”. Aunque en el transcurso del primer año de gestión, no se conoció cuál era la política del mandatario en la materia, el Pacto por México dio luces sobre ello porque ahí se expresaba el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una política de Estado. Fracturado el convenio político, esa intención plasmada ahí se ha esfumado.

El primer año de gobierno de Peña Nieto transcurrió sin los cimientos de esta política. Y el 24 de octubre, México estaba por ser evaluado ante la Organización de las Naciones Unidas con el Examen Periódico Universal (EPU), que cada país miembro afronta cada cuatro años ante el escutrinio de otras naciones.

Con la crisis humanitaria y el maltrato a migrantes centroamericanos y mexicanos en la ruta hacia Estados Unidos, México en ese momento contaba con más pendientes que logros.

24 horas antes, Enrique Peña Nieto hizo la tarea y envió tres iniciativas sobre la materia al Senado. Propuso reformas al artículo 215 al Código Penal federal, relativo al abuso de autoridad, así como a los artículos 215a, 215b y 215c del mismo ordenamiento en materia de desaparición forzada. Ello impedirá que el delito no prescriba y que quienes lo cometan no apelen a beneficios como la amnistía o el indulto.

También envió la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, el cual otorga facultades al titular del Ejecutivo para suspender el ejercicio de derechos y garantías, y la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Carta Magna, que lo faculta para expulsar a ciudadanos extranjeros.

Apenas enviadas esas iniciativas, el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez, se presentó en Ginebra ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos de la organización para que México fuera evaluado. Ahí, aceptó: “Si bien nos congratulamos de nuestra evolución en materia de derechos humanos, subsisten rezagos importantes y retos por superar. En materia de derechos humanos cualquier esfuerzo siempre es susceptible de mejorarse y debe intensificarse”. Anunció también que en marzo de 2014, el gobierno daría a conocer el trámite de las recomendaciones de los otros países; entre las cuales, está la protección de defensores de derechos humanos, así como de los periodistas.

En noviembre, José Miguel Vivanco, director de la organización gubernamental Human Rights Watch le dirigió una carta al Presidente en la que hizo notar la ausencia de política. “A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a Usted para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años”, se lee en la misiva.