En su informe “Un trato de indolencia”, que AI presenta hoy en la Ciudad de México, la ONG destaca que se trata de un problema que “se mantiene”, a pesar de que en los últimos meses las cifras hayan bajado marginalmente en algunos estados.
México, 14 ene (EFE).- Los desaparecidos en México, que ascienden al menos a 27 mil según datos oficiales, ya están “en la agenda del Gobierno”, aunque todavía no hay “cambios reales”, especialmente en los casos a los que los medios no prestan atención, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
En su informe “Un trato de indolencia”, que AI presenta hoy en la Ciudad de México, la organización destacó que “la incompetencia y la inercia manifiestas favorecen la epidemia de desapariciones”. Dijo que se trata de un problema que “se mantiene”, a pesar de que en los últimos meses las cifras hayan bajado marginalmente en algunos estados.
Amnistía analiza el panorama actual a través de dos casos: el de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa (en el sureño estado de Guerrero) y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc (Chihuahua, norte).
“Ayotzinapa atrajo la atención de la comunidad internacional” y logró que “muchos colectivos de víctimas lograran fortalecer su discurso”, con lo que el Gobierno empezó a poner más atención en la “gravedad del problema”, afirmó a Efe Carlos Zazueta, autor del informe.
Ha sido “el trabajo de los mismos familiares el que ha conseguido poner el tema en la agenda”, explicó el investigador, al destacar que AI ha constatado que no se está “implementando una política general para el problema, sino sólo en casos llamativos”.
“No hay cambios reales, sino señales de que va a haber algún cambio, por lo que tenemos que estar muy pendientes”, resaltó.
De acuerdo con el informe, el 46.5 por ciento de los casos de desaparecidos registrados han ocurrido bajo la actual presidencia de Enrique Peña Nieto, iniciada en diciembre de 2012, y sólo en 2015 hubo 3.425.
Esos datos, obtenidos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pueden quedarse cortos, advirtió Zazueta.
Explicó que eso se debe a la llamada “cifra negra”, es decir el número de delitos no denunciados o que no derivan en una investigación, que en 2014 fueron el 92.8 por ciento.
Amnistía destaca como algo positivo la Ley General sobre Personas Desaparecidas, remitida al Congreso en diciembre del año pasado.
No obstante, señala que en esta nueva norma hay algunas carencias que es necesario subsanar, ajustando ciertos aspectos al derecho internacional o concretando puntos que son “demasiado generales” y que pueden llevar a que cada estado proporcione una atención distinta a las víctimas.
En el caso de Chihuahua, elegido para ver “si el estado estaba implementando medidas” de apoyo en localidades “fuera del ojo público”, AI encontró una carencia de políticas públicas en la materia.
Los investigadores han constatado “poco interés en muchísimos funcionarios por el dolor de las víctimas”.
Los servidores públicos, además, piden frecuentemente a los familiares que esperen 72 horas para denunciar, lo que supone perder “un tiempo clave” para la investigación, que cuando finalmente comienza puede atascarse en las gestiones administrativas.
En el municipio de Cuauhtémoc, de 114 mil habitantes, se contabilizan 351 personas desaparecidas y, para el informe, Amnistía se centró en 22 casos ocurridos entre 2009 y 2014.
Respecto a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el municipio de Iguala, el informe se hace eco de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese caso no se resguardaron ni se fotografiaron adecuadamente escenas del crimen, no se hicieron moldes de las huellas de neumáticos o de calzado halladas y no se analizaron prendas de vestir encontradas, entre otras irregularidades, se indica en el documento de AI.
Zazueta habla además de “una mezcla peligrosa de miedo de las autoridades y corrupción con el crimen organizado” que inhibe las investigaciones sobre desapariciones.
“En Ciudad Cuauhtémoc recogimos varios testimonios de familiares de personas desaparecidas que nos decían que los agentes del Ministerio Público les decían ‘No puedo investigar este caso o este lugar, porque es muy peligroso y tenemos miedo'”, relató.
Eso muestra, además, “una descomposición política más profunda”, acotó el experto. EFE
