Alicia Rabadán levanta la cabeza, con la frente en alto exhala y muestra la valentía que ha conseguido después de haber experimentado la peor de las pérdidas. Las canas cubren su cabeza y sus ojos están enmarcados por dulces líneas de expresión que contrastan con la profunda tristeza de su mirada. Hoy o mañana, Alicia podría ser tu madre o la mía.

Fue en la noche buena del 2009 cuando Alicia abrazó a su hijo por última vez. Por esos días Jorge Antonio Parral Rabadán trabajaba como administrador de una plaza de cobro de Caminos y Puentes Federales en Santa Rosalía de Camargo. Tenía 38 años, era licenciado en ciencias de la comunicación, estaba estudiando una maestría y disfrutaba practicar kung fu.

Su sueño fue irrumpido, mientras descansaba en las habitaciones de su oficina, hombres armados entraron por la fuerza y se lo llevaron. Fue un comando de un grupo del crimen organizado que además de secuestrar a Jorge Antonio se llevó a uno de sus compañeros. A pesar de la ruda violencia que se ha vuelto cotidiana en varias zonas de Tamaulipas, y aunque Jorge había ya recurrido a las autoridades pidiendo apoyo para la protección de él y de sus empleados sin recibir respuesta, ninguno de sus familiares imaginó que justamente cuatro meses después de la navidad que compartieron, Jorge Parral sería secuestrado.

Pasaron diez meses para que la familia Parral encontrara, con sus propios recursos y como resultado de investigaciones particulares, el cuerpo de Jorge Antonio Parral abandonado en una fosa común municipal en el estado de

Nuevo León. Después de varias indagaciones supieron que su caso estaba relacionado con un supuesto enfrentamiento sucedido dos días después del secuestro. De dicho enfrentamiento se reportaron cuatro personas detenidas, cuatro liberadas y tres muertos acusados de sicarios, sin investigación previa. Jorge resultó ser uno de los tres que perdieron la vida.

Las averiguaciones no dejan lugar a dudas. Recibió tiro de gracia además de otros balazos, el arma con el que fue agredido era propiedad de la Sedena, de acuerdo con los datos recabados en la investigación oficial.

Han pasado seis años desde que Jorge fue secuestrado y asesinado. La investigación formalmente se sigue por el delito de “homicidio” porque no existe un delito específico que tipifique la muerte de civiles a manos de funcionarios públicos “ejecución extrajudicial”. Aunque las autoridades han identificado como responsables por la ejecución y desaparición de Jorge Antonio a miembros del Ejército, nadie ha sido presentado ante la justicia. La evidencia de su desaparición fue manipulada: Ocultaron su cuerpo en una fosa común, a pesar de que su camioneta estaba en el lugar en el que fue ejecutado y que sus identificaciones como funcionario de Capufe estaban en el interior. Falsearon también los rasgos físicos documentados en el expediente para obstaculizar que fuera identificado.

Desde que inició la guerra contra el crimen organizado, Tamaulipas ha sido flanco de enfrentamientos que no distinguen entre criminales y civiles, que sustituyen las detenciones por ejecuciones sin juicio y que ocultan los cuerpos de quienes son abatidos.

Esta podría ser una historia aislada, pero hay registro de decenas de ellas. En espera de que no surja alguna historia similar después de la reciente lluvia de balas que tuvo lugar en Nayarit el jueves de la semana pasada. El uso de la fuerza ejercida de esa forma podría tener como consecuencia no sólo la violación de derechos humanos de presuntos delincuentes, sino la muerte de inocentes como Jorge Parral.

En consecuencia, es indispensable que se evite normalizar estos operativos a través de la aprobación de una “Ley de seguridad interior”. Además de ser inconstitucional, las propuestas de ley que hay en este sentido, buscan legalizar la intervención de militares en tareas que les corresponden a las autoridades civiles.

Sin duda es necesario regular la intervención de las fuerzas armadas y considerar los riesgos que corren en los enfrentamientos con el crimen organizado. Sin embargo, esta regulación debe ir enfocada a conseguir un retiro paulatino de las fuerzas armadas paralelo al fortalecimiento de las policías civiles, a través de un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cualquier reforma al marco normativo en materia de seguridad debe garantizar que no haya más historias contadas por madres como Alicia.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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