El Comité Nestora Libre ha contabilizado al menos 500 presos políticos en México. Y el propio caso de la líder de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, emprendió la semana pasada el que será su último capítulo, aseguraron sus defensores legales. Después de 30 meses de prisión, sus abogados esperan que en los próximos días queden definidos los procesos a los que la comandante de Guerrero deberá someterse por segunda ocasión.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).— El 9 de febrero, Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López Mendoza, fue recibida en el Senado de la República por distintos legisladores, en especial, del Partido Acción Nacional (PAN). Hubo un consenso generalizado sobre la grave situación de castigar con cárcel las expresiones ciudadanas y salvo un Senador, Mario Delgado Carrillo, nadie mencionó las violaciones a derechos humanos en territorio mexicano.

Grupos civiles han hecho esfuerzos para que la crisis de represión política en México tome notoriedad. Y el de Nestora Salgado García sería un caso representativo, ya que el propio Gobierno de Guerrero la calificó como una presa política por su rol como Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

El involucramiento de Nestora con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) no se dio sino hasta en el último lustro, con el arrecio del narcotráfico en la zona.

Antes, a los 20 años huyó de la violencia doméstica, junto a sus tres hijas, rumbo a Estados Unidos. Allá realizó trabajos domésticos y no regresó a Olinalá sino hasta varios años después, cuando logró la ciudadanía de ese país y empezó a viajar una o dos veces al año a México.

Acostumbraba llevar víveres y ropa a los miembros de su comunidad. El grupo criminal Los Ardillos, junto a Guerreros Unidos, tienen presencia en el municipio del cual es oriunda y en el 2012 su inmersión con los problemas de la comunidad la llevó al cargo de Comandante de la policía comunitaria.

Sin embargo, pese a que los grupos de autodefensa en Guerrero están reconocidos en la propia Ley 701 de Guerrero como auxiliares de las fuerzas de seguridad pública estatal, y, además, el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero les dio recursos para la compra de armas y equipo, las operaciones de la policía comunitaria no terminan por ser avaladas en todos los ámbitos.

LOS CARGOS CONTRA NESTORA

La líder de la policía de la Montaña de Guerrero fue detenida el 21 de agosto del 2013 por elementos del Ejército. Se le adjudicaron cargos por su supuesta implicación en 50 secuestros. Y posteriormente fue recluida en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Todas estas medidas fueron impugnadas por sus abogados defensores.

La CRAC-PC tendría dentro de sus funciones detener personas. En varias ocasiones, los procesos ameritaban simples castigos de trabajo voluntario. Sin embargo, algunos detenidos acusaron haber sido maltratados y que sus detenciones fueron, más bien, secuestros.

“La aprehendieron por supuestos cinco secuestros, pero los siguientes días la suma llegó a 50 que se repartieron en tres procesos. En todos ya se determinó su libertad [la semana pasada]”, detalló el abogado Sandino Rivero Espinosa.

¿QUÉ PASARÁ CON NESTORA?

La semana pasada, tres jueces ordenaron su libertad, pero la Fiscalía volvió a notificar otros tres cargos que se le imputan. Por lo que Nestora, trasladada en mayo del año pasado al penal femenil de Tepepan, no pudo ser dejada libre.

Rivero Espinosa explicó que tenían conocimiento de estos tres cargos que se encuentran fincados en los juzgados de Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla. Órdenes de aprehensión del 2013, que no se habían ejecutado por los anteriores Gobiernos del estado.

Esta semana será crucial para determinar el curso de su proceso, aseveró.

“Se tomarán las declaraciones preparatorias de esas tres ordenes de aprehensión. una vez que esto pase, se tienen que regresar los expedientes a los jueces de origen en Guerrero y no pasará de esta semana para resolver su situación legal. Estamos seguros que hay elementos suficientes para que se decrete su libertad”, dijo.

Una vez que los expedientes lleguen a los juzgados en Guerrero, explicó, tres acusaciones serán sometidas a un plazo de 72 horas por los juzgados para resolver si concederán su libertad, o dictarán auto de formal prisión, lo que derivaría en el inicio del procedimiento de desahogo de pruebas de cualquier juicio.

El Comité Nestora Libre ha abogado por el deterioro de la salud de Nestora durante su estancia en los penales. De 44 años de edad, Nestora padece problemas en el hígado y riñones. Asimismo, las huelgas de hambre emprendidas por más de 30 días con el fin de visualizar su caso han afectado una condición de gastritis.

“Su salud es buena. Sin embargo, ella sufrió un accidente automovilístico hace más de 10 años. Y viene arrastrando esas secuelas”, dijo Sandino.

¿POR QUÉ A NESTORA?

A pesar de que la Coordinadora tiene cientos de integrantes, a Nestora la Fiscalía la acusó de ser responsable por un gran número de secuestros.

“En particular detuvieron a Nestora y a otros nueve líderes que hay en Guerrero porque son la gente más emblemática que era más conocida, y era una forma de dar un mensaje a toda la coordinadora”, dijo Sandino.

Otras organizaciones se han opuesto a la liberación de la líder comunitaria. Entre ellas, Alto al Secuestro y México SOS, que dirigen Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.

El 13 de enero del 2015, Martí acusó que el Gobierno de Guerrero se había vuelto “narcoguerrillero”, por la convivencia entre autoridades y otros grupos. En conferencia de prensa presentó a cinco personas que aseguraron haber sido secuestradas por la Coordinadora.

“Desconozco cuál sea el móvil de estas personas. Pero al no haber un proceso donde haya sentencia, la presunción de inocencia siempre prevalece. Pero, fíjese, esto va más allá de un problema de particulares [en referencia a Martí y a Wallace], se trata de un proyecto de comunidades indígenas que pretenden su autodeterminación”, dijo Sandino.

El caso de Salgado es otro que ha traspasado las fronteras. El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al Gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.

En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.

Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la CIDH y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Seattle, detalló que hubo intención deliberada del Estado por desarticular a la Coordinadora.

“Yo creo que sí había una clara intención del Gobierno de desarticular la organización de justicia y seguridad que supone la organización indígena. A través de justamente el encarcelamiento de sus líderes. Llévamos más de 30 meses en espera sin que los juzgados hayan tenido en cuenta algo bastante obvio, y es que justamente se trata de una organización amparada en la Ley, Constitución, y tratados internacionales de derechos indígenas”, dijo.

A principios de febrero, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que la detención de Nestora Salgado fue “ilegal y arbitraria” en tres distintas categorías.

Éstas incluyen por la forma en que se realizó, por las autoridades que lo realizaron y su traslado ordenado por el poder Ejecutivo. Por lo que se solicitó al Gobierno su inmediata liberación y compensación.

“Hay una reacción del Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, siete relatores de distintas temáticas, mujeres, indígenas, etcétera, que se pronunciaron por acciones urgentes por la situación de emergencia en la que se encontraba ella. Hasta lograr una notificación al Estado este año”, dijo Gonza a SinEmbargo.