Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Las compañías mexicanas de agua no han podido igualar el ritmo de crecimiento de sus tarifas con el de sus costos, lo que aumenta su dependencia financiera con el Gobierno Federal al contraer cada vez más deudas fiscales, advierte un estudio de la agencia de calificación de riesgos Moody’s .
Entre los principales deudores al cierre del 2013 se encuentran el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los organismos públicos descentralizados para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapan de Zaragoza, en el Estado de México.
En México, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales de 1992, las políticas federales que rigen el sector del agua y saneamiento son establecidos por la Comisión Nacional de Aguas (Conagua), dependencia autónoma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Debido a que las tarifas de agua potable se fijan de manera diferente a nivel municipal, existe una amplia fluctuación en los precios, lo que provoca que haya desde proveedores de este servicio que recuperan completamente los costos hasta aquellos que no cubren si quiera los costos de operación.
De acuerdo con el estudio de Moody’s “Compañías Mexicanas de Agua: tarifas bajas y costos crecientes alargan la dependencia en el Gobierno Federal”, la relación entre costos e ingresos de las compañías se ha deteriorado continuamente, mermando las ganancias e impidiendo la posibilidad de fondear proyectos de infraestructura.
“Los incrementos tarifarios en los últimos siete años han sido estructuralmente menores a los costos crecientes”, señala la investigación.
La mayoría de las empresas de agua en el país incrementan tarifas de manera marginal o en línea con la inflación, y suelen ser sujetas a la autorización por parte de las autoridades estatales o municipales, incluso si los insumos [conjunto de bienes] de producción aumentan más rápido.
Esta situación propicia que exista una creciente dependencia de las compañías hacia el Gobierno federal, que se ha convertido en la fuente principal de sus recursos, además de gestionar directamente sus proyectos de inversión.
LAS TRANSFERENCIAS
Entre 2007 y 2014, las transferencias del Gobierno Federal, a través de la Conagua, aumentaron a 26.78 por ciento. El mayor beneficiario fue la región centro, que incluye a la Ciudad de México y el Estado de México, revela el estudio.
Anteriormente, la inversión en el sector acuífero se distribuía equitativamente entre los tres niveles de gobierno, situación que ha cambiado en los últimos años. Entre 2007 y 2013, la proporción de la inversión correspondiente a los estados y municipios cayó a menos de 33 por ciento, siendo con el Gobierno Federal el que ha tomado un papel cada vez más relevante y una participación mínima del sector privado.
La proporción de inversión acuífera a cargo de los municipios –el nivel de gobierno legalmente responsable por proveer de servicios de agua en la mayoría del país– se ha mantenido relativamente constante en 15 por ciento.
En los últimos años, las compañías de agua con flujos operativos limitados han acumulado deudas fiscales en la Conagua. Bajo la legislación mexicana están obligadas a pagar derechos por uso y extracción del agua a esta dependencia.
En teoría, incumplir con estos pagos puede resultar en cuotas adicionales. En la práctica, la Conagua extiende un crédito fiscal “al derecho no pagado” cuando estas compañías inclumplen con el pago del derecho correspondiente, permitiéndole a las “morosas” operar con normalidad.
De acuerdo con Moody’s, al cierre de 2013, 503 compañías de agua, de un total de dos mil 356, tenían adeudos fiscales con la dependencia federal. Estos adeudos sumaban aproximadamente 12 mil millones.
“La acumulación de adeudos es resultado de los márgenes negativos de las compañías y es un reflejo de su falta de capacidad para cubrir costos operativos”, refiere el estudio.
Considerando las transferencias, inversión en infraestructura desarrollada y los adeudos fiscales otorgados por la Conagua, el apoyo del Gobierno Federal a las compañías de agua representa alrededor de 60 mil millones de pesos.
El Estado de México muestra el mayor deterioro en cuanto a la proporción costos- ingresos en el sector, a la vez que los convenios que ha suscrito con la Conagua han experimentado el cuarto incremento más grande en todo el país.
“Algunas de las compañías de agua con los mayores adeudos fiscales son propiedad de gobiernos regionales y locales”, indica el reporte.
En un supuesto intento por aminorar la dependencia que tienen las compañías mexicanas de agua hacia el Gobierno Federal, el pasado 5 de marzo diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) presentaron la Ley General de Aguas Nacionales, conocida también como “La Ley Korenfeld”, en honor al otrora titular de la Conagua, David Korenfeld Federman.
Esta iniciativa, que actualmente se encuentra “atorada” en la Cámara Baja, ha sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones, académicos, científicos y cientos de ciudadanos, quienes acusan que la nueva legislación pretende arrebatar el derecho humano a millones de mexicanos para favorecer al sector privado.
La nueva ley, a decir de los expertos, va a permitir una especie de privatización, en la que las empresas dispondrán del recurso para fijar tarifas excesivas para recuperar su inversión.
En otras palabras, lo que se pretende hacer con esta legislación es “aligerar” el trabajo del Gobierno Federal en el manejo del recurso hídrico.
De acuerdo con la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales, la Conagua seguiría otorgando las concesiones para explotar el agua, por lo que los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionarios para manejar el agua de sus tierras y los sistemas comunitarios de agua serían concesionados a empresas o manejadas por los municipios.
Cifras de la Conagua revelan que 106 de los 653 mantos acuíferos mexicanos fueron sobreexplotados en 2013, comparados con 100 registrados en 2009.
Activistas han acusado que con la nueva legislación también se reduciría el acceso al agua al “mínimo vital” de 50 litros diarios por persona para uso personal y doméstico, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan al menos 100 litros de agua al día para cada persona.
El acceso a este volumen sería solo para asentamientos legalmente constituidos y no para todo ser humano como debiera ser.
La Conagua estima que el agua disponible en México disminuirá a tres mil 430 metros cúbicos por habitante por año en el 2030.
