El video que muestra a elementos militares y de la Policía Federal torturando a una mujer es la confirmación de que en México todos las fuerzas armadas utilizan esta técnica para obtener confesiones o para otros fines específicos, consideran representantes de organizaciones civiles. La tortura, además, forma parte del entrenamiento policial y militar, afirman.

Por Sandra Rodríguez Nieto y Juan Luis García

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– La difusión de un video con un acto de tortura cometido por personas con uniformes de la Policía Federal y del Ejército Mexicano no sorprendió a defensores de derechos humanos que consideran este tipo de prácticas como método generalizado de interrogatorio y castigo a detenidos por parte de todas las fuerzas armadas del país.

“La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes siguen siendo los métodos tradicionales de castigo e ‘investigación’ policial y judicial en México”, expuso a la agencia AP José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. “En la medida que los responsables directos de esta práctica y quienes la encubren no rindan cuentas por sus delitos, no habrá posibilidad de combatirla y mucho menos erradicarla”, añadió.

De acuerdo con una estimación de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, hasta un 70 por ciento de las personas que son detenidas son sujetas a diferentes agresiones físicas y sicológicas; crímenes que se agudizan contra mujeres y jóvenes y que, también, quedan impunes casi en su totalidad.

“Esta práctica es generalizada”, afirma Ramos.

“Puedo decir que, en Tamaulipas, cuando los instructores militares capacitan a las nuevas policías estatales, esto es parte de su entrenamiento. Hay 30 policías estatales que han sido dados de baja y que fueron enviados a capacitación, y nos contaban que les dan este tipo de entrenamiento, que el personal militar que los entrenaba en condición física y manejo de armas, también incluía estas prácticas como parte de su entrenamiento, y claro que esto no estaba en los manuales, pero los militares lo tienen muy arraigado”, agregó.

En un video difundido hoy se observa a una mujer vistiendo un uniforme de la Policía Militar y a un probable agente de la Policía Federal cuando interrogan a una víctima del sexo femenino, maniatada y con una bolsa en la cabeza. La misma, llorando, pide clemencia a los uniformados mientras que éstos le retiran la bolsa sólo para cuestionarla sobre otra persona y amenazarla con armas.

De acuerdo con información difundida en Radio Fórmula, la agresión habría ocurrido en Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó en el mismo espacio que un cabo y un capitán del Ejército fueron detenidos el pasado 5 de enero por abuso de autoridad. La víctima, quien deberá rendir su declaración, no ha sido identificada.

“No me sorprende”, dice el presbítero Oscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Somos conscientes de lo que sucede cuando detienen a presuntos criminales: generalmente hay tortura de por medio, para castigarlos o para que declaren; siempre hay violaciones al debido proceso”, agregó.

Sobre la Policía Militar, Ramos explica que, en el caso de Tamaulipas, este tipo de personal castrense empezó hace tres años a sustituir a otros desplegados desde el sexenio de Felipe Calderón –como la infantería y la caballería– y que, debido a que cuentan con formación de investigación, son aún más propensos a interrogar violentamente a los detenidos.

“¿Qué sucede? Las víctimas no denuncian, por la tortura sicológica que reciben. (En el video) se aprecia que hay una simulación de ejecución, que hacen como que disparan una arma; la parte de la bolsa, que es lo más común que hay en la tortura, y lo referente al agua, que le cubren el rostro a una persona con su propia ropa, y la sujetan y le empiezan a echar agua por nariz y la boca, provocando asfixia. Esos dos métodos de tortura hacen que una persona piense que se va a morir, que está indefensa, que no habrá autoridad que crea lo que sucedió y, por tanto, queda impune”, explicó.

En cifras, Ramos menciona que, tan sólo en 2015, de alrededor de 60 casos atendidos en el Centro, sólo en dos las víctimas decidieron continuar con la formalización de las quejas.

Y continuar en los procedimientos, dice, requiere esperar años, debido a que la tortura se puede probar en México jurídicamente sólo a través del Protocolo de Estambul, para cuya aplicación, a la fecha, hay más de dos mil peticiones pendientes.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es una de las instancias a las que se le puede solicitar esta prueba, está rebasada, porque tiene más de dos mil solicitudes de jueces de todo el país, de abogados particulares y de representación de víctimas, y lamentablemente tiene muy poco personal especializado, peritos, para dar abasto”, dijo.

El presbítero Enríquez agrega que el “endurecimiento” del Gobierno federal mexicano –que en diversas ocasiones ha rechazado públicamente los informes internacionales que advierten la generalización de la tortura en el país– ha alcanzado incluso a los defensores que denuncian estos hechos. Lo cual, advierte, es un indicador que “va a empeorar la situación”.

TORTURA HISTÓRICA

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), afirmó que México lleva 18 años ejerciendo estas prácticas.

“En 1998 vino por primera vez el Relator de Tortura de Naciones Unidas [Organización de las Naciones Unidas] y ya planteaba que teníamos un problema serio. Y el año pasado, el mismo Relator Juan Méndez volvió a decir que la tortura se practicaba de manera generalizada en el país. Creo que el retraso de la visita del Relator para este año es una mala señal, porque la política gubernamental de Derechos Humanos se ha venido cerrando y tiene menos disposición para escuchar. Lo vimos el año pasado –la descalificación de Méndez, el cuestionamiento de su trabajo, de su informe–, lo que genera es que no podamos resolver un viejo problema en el país”, planteó Cortez.

También destacó que el problema del sistema de justicia es que las declaraciones que se obtienen bajo tortura tendrían que ser invalidas por completo, y no se pueden usar de ninguna manera en un juicio.

“Eso no lo hemos logrado tampoco. Esas son razones por las que se sigue torturando. Entonces, digamos que no hemos generado los incentivos prácticos concretos para que no se recurra a la tortura”, expuso.