Activistas condenaron la docilidad de algunas organizaciones civiles hacia el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La complacencia pasa facturas en términos generales este sector que alberga una amalgama de causas. En enero, la activista Miranda de Wallace entregó un reconocimiento a la Fiscalía de Nayarit, cuyo entonces titular Edgar Veytia se encuentra hoy detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Este no es el único caso de intercambio de guiños entre autoridades y activistas, pero ha sido suficiente para que diversos grupos no lo dejasen pasar por desapercibido. ¿A qué apuestan los reconocimientos públicos de autoridades por parte de la sociedad civil?

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El oficialismo también se esconde detrás de máscaras en la sociedad civil, coinciden una serie de activistas consultados por SinEmbargo. Apenas hace tres meses, Édgar Veytia Cambero, ex Fiscal de Nayarit, recibió un reconocimiento de la organización Alto al Secuestro por la caída de ese delito en la entidad, pero hoy el ex funcionario está preso en Estados Unidos y acusado por tráfico de estupefacientes y ligas con el crimen organizado, entre otros crímenes.

Aunque operan dentro de la diversidad de posturas, organizaciones civiles críticas al Gobierno federal no dudan en desmarcarse de las complacientes. Es el caso de Wallace, quien ha seguido una línea que el Padre Alejandro Solalinde no ha dudado en tachar de oficialista.

“No me extraña que la señora Wallace haya hecho eso, porque ella finalmente ha sido oficialista, ha estado del lado del Gobierno federal, favoreciendo al PRI, al PAN. […] Ella le dio algo que no tiene a un señor que no lo merece ”, dijo Solalinde.

La revista Proceso documentó que Wallace negó la entrega del reconocimiento durante el programa “Despierta” del conductor Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, la circulación de fotografías en redes la hicieron asegurar que el reconocimiento había sido a la institución y no al funcionario.

De acuerdo con una respuesta vía el mecanismo de transparencia de la Procuraduría General de la República (PGR), en Nayarit opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y bajo el conocimiento de Édgar Veytia ese grupo criminal ensanchó su poder.

“Es lamentable el reconocimiento a un Fiscal que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se dedicaba a traficar diversos tipos de drogas. No sólo desacredita a la ONG que le entregó el reconocimiento, sino que abona para que este Gobierno se dedique a perseguir a organizaciones civiles, sociales, que se dedican a cuestionarlo”, dijo Ricardo Espinoza, profesor de la Universidad Nacional Autónoma (UAM).

Si bien, una serie de organizaciones civiles han reconocido que Miranda de Wallace no sabía que Veytia sería detenido al momento de premiarlo, sí rechazaron el acto de entregar reconocimientos a funcionarios.

Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), apuntó que la forma de conducirse de Wallace no corresponde a la de la mayor parte de las organizaciones civiles que hay en México.

“Los reconocimientos que yo conozco se dan a otras organizaciones de la sociedad civil o proyectos. No conozco casos en donde la sociedad civil se arrogue el derecho a reconocer funcionarios”, detalló.

Esta no es la primera vez que Miranda de Wallace siembra la discordia dentro de las organizaciones de la sociedad civil.

El 12 de febrero la marcha contra Trump denominada VibraMéxico tuvo lugar del Auditoría al Ángel de la Independencia, gracias a la convocatoria de decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Wallace puso en jaque los motivos de la marcha al convocar una movilización en la misma fecha y finalización del recorrido en el mismo lugar que la de VibraMéxico; con la salvedad de que su marcha no criticaría al Presidente Peña Nieto.

“Ella tiene actitudes fallidas, como la tuvo en la marcha de Vibra México que fue un fracaso. Yo pienso que la persona debería de dedicarse a cosas buenas. Cosas que tuvieran un aval moral y no lo que está haciendo.”, dijo Solalinde.

HISTORIAL DE PRESEAS

La activista Rosi Orozco, presidente de la Comisión Todos Unidos contra la Trata, resaltó en octubre del 2015 la manera en la que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas combate el delito de la trata.

“La manera en cómo se está combatiendo aquí en el Estado de México, es la manera correcta, es determinante; es decir, cero tolerancia, es ponerse de lado de ellas, y muchas gracias Gobernador”, dijo Orozco, durante la presentación de su libro, al mandatario estatal en aquella oportunidad.

No obstante, el Edomex reportó, del 2013 a junio del 2015, al menos 13 sentencias condenatorias por el delito de trata.

En ese momento, el Estado de México era el quinto más afectado del país por este delito, sólo detrás del Distrito Federal, Puebla, Chiapas y Tlaxcala.

“Honestamente la señora Orozco no ha hecho nada por ayudar. Y , por el contrario, los señalamientos a su persona de que revictimiza víctimas nadie los ha objetado”, dijo David Mancera Figueroa, de la organización Solidaridad por las Familias, que aboga por mujeres víctimas de violencia en el Estado de México.

Las condiciones para las mujeres del Edomex y de todo el país no han mejorado.

En el 2016 se reportaron 65 carpetas de investigación por feminicidio, una cifra superior a la de cualquiera de los años a partir del 2011. En cinco años la fiscalía estatal sumó 306 carpetas por este delito.

“La señora Wallace podría entregarle un reconocimiento a la señora Orozco, y viceversa. Quedarían contentas las dos porque de eso viven”, sentenció Mancera, quien enfatizó que la labor de las oenegés se realiza sin ánimo de reconocimiento y por sentido humano.

Otra activista que ha exaltado la labor de autoridades es María Elena Morera, de la organización Causa en Común, que ha dado seguimiento a los avances de profesionalización policial en el país.

En el 2013, Morera inauguró el foro “Sumemos Causas: Ciudadanos + Policías“. La organización que en diversas ocasiones ha logrado aglutinar a las autoridades resaltó en esa ocasión la labor del Gobernador Rubén Moreira.

“En nuestra organización se reconoce el esfuerzo que hace el gobierno del estado para dignificar la carrera policial por medio de una reingeniería policial”, detalló, de acuerdo con declaraciones recogidas por Radio Fórmula.

La organización destacó que el Gobernador, quien tomó posesión en diciembre del 2011, había en dos años pasado de tener un avance del 30 por ciento en las evaluaciones de control y confianza a uno de 74.79 por ciento.

Sin embargo, la situación de los policías no cambió en Coahuila.

“Si le preguntas a cualquier ciudadano de Coahuila cuál es su percepción cuando ve una patrulla en las noches es de miedo, jamás es de sentirse seguro, la gente en Coahuila no confía en sus policías. Tan es así es que surgió Fuerza Coahuila, una de las policías más polémicas”, detalló Raymundo, otrora vocero del extinto Movimiento de los Indignados Coahuila.

Hoy Morera, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, conforma el Colectivo Seguridad Sin Guerra, cuyo fin es extender a la ciudadanía la discusión que se lleva en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa presentada el 27 de octubre pasado por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, pretende que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco regulatorio para realizar tareas policiales.

Incluir a las organizaciones civiles en las discusiones camerales no es igual a rechazar la propuesta, lamentó Tomás Guevara, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Eso tiene que ver con ciertos privilegios que gozan algunas ONGs. Hay presupuesto [gubernamental] para este tipo de decisiones y, por desgracia, sucede cuando no hay un compromiso ante el problema”, detalló Guevara sobre las organizaciones que han mermado su oposición a la iniciativa de Ley que legisladores prevén aprobar este mes.

¿JUSTOS PAGAN POR PECADORES?

Cuestionado sobre el perjuicio que una organización hace al conglomerado al ser complaciente con las autoridades. Raymundo dijo que sí, porque la ciudadanía no siempre logra distinguir  entre unas y las otras.

Por otro lado, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero rechazó la idea.

“Hay una realidad, muchas de las oenegés de la sociedad civil no nos sentimos representadas por la figura de Miranda de Wallace, o Rosi Orozco. Marcamos nuestra distancia totalmente. Nosotros no trabajamos como ellas, justamente porque tenemos una fuerte crítica a los gobiernos, instituciones y a las personas que las integran”, expuso.

Desde el punto de vista de esta organización del Edomex las autoridades y políticos son parte del problema que atraviesa la entidad, y el país.

–¿Qué riesgos conlleva tener una postura crítica hacia las autoridades?

–Esa labor nos conlleva agresiones, inicios de investigaciones falsas y a varios de nuestros una prisión indebida, como es el caso de Idelfonso Zamora, liberado hace poco. O Humberto Pérez un defensor de la vivienda digna preso en un penal de Ecatepec. Y por qué no decirlo: la privación ilegal de la vida.