Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) propuso una serie de reformas a las leyes electorales, con plena dedicatoria al Revolucionario Institucional (PRI), para que “nunca más se repita la compra de voluntades y del voto como se hizo en el llamado caso Monex”.

La Senadora panista Gabriela Cuevas Barrón planteó ante la Comisión Permanente reformas en materia de topes de campaña, prorrateo y fiscalización de los partidos políticos, que de aprobarse, aplicarían en la elección presidencial del 2018.

Su objetivo, dijo, es devolver la confianza ciudadana en los procesos electorales, al establecer que el rebase de topes de gastos de campaña se considere causa de nulidad de elecciones y que se tipifique como delito en el Código Penal Federal.

De esta forma, se podría proceder penalmente contra los candidatos presidenciales que rebasen topes de campaña y que no puedan comprobar el origen de los recursos, para que, incluso sean castigados con cárcel.

“En el artículo 412 (del Código Penal Federal) se propone la pena de prisión de seis a 12 años a los dirigentes de los partidos políticos y al candidato que excedan los topes de campaña. Se estima que esta pena es proporcional, por las repercusiones de índole social, económica y moral que daña a los mexicanos”, precisó Gabriela Cuevas.

El caso Monex o “Monexgate” fue emblemático en la elección presidencial del 2012, porque representó la triangulación entre empresas mercantiles que proporcionaron dinero a la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, dotando al partido de monederos electrónicos que utilizaron para un fin “desconocido”.

Los equipos de campaña de los candidatos de oposición, primero de la panista Josefina Vázquez Mota, después –y con mayor intensidad- del abanderado de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador, denunciaron que las tarjetas Monex fueron entregadas indiscriminadamente entre los electores, con el propósito de “comprar” voluntades, a favor de Peña Nieto.

En su momento, el PRI argumentó que dichos monederos fueron utilizados para pagarle a su gente durante el día de la jornada electoral, para hacer sondeos y otros pagos de mecanismos electorales que utilizan todos los partidos políticos.

Pese a todas las sospechas del uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña de la coalición “Compromiso por México”, estas fueron insuficientes para declarar la nulidad de la elección. Días después, Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República y meses más tarde el PRI fue exonerado de cualquier sanción por el caso Monex.

“Actualmente si alguien rebasa los gastos de campaña se queda con su cargo y nada más paga una multa, y esto pues resulta muy cómodo para varios y distintos partidos y candidatos”, indicó la legisladora.

Para evitar que esta situación se repita, la Senadora Gabriela Cuevas propuso reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de declarar la nulidad de las elecciones presidenciales en las que se detecte rebase de topes de campaña, y que se inhabilite a los partidos políticos, coaliciones y candidatos infractores para participar en las elecciones extraordinarias que se llegaren a convocar como consecuencia de dicha nulidad.

“El propósito de estas medidas es establecer los incentivos negativos suficientes que nos permitan, ahora sí, inhibir las conductas que atentan contra el principio de equidad en las contiendas electorales”, planteó.

Otra de las propuestas de la Senadora panista, busca evitar que partidos y candidatos se beneficien del abuso del recurso de prorrateo como lo hizo el PRI en el 2012, cuando logró reducir los costos de su campaña presidencial, al repartir los gastos entre todos su candidatos a algún cargo de elección popular, y así evitó las sanciones que establece la ley electoral.

Por ejemplo, el IFE calculó que el acto de cierre de campaña de Peña Nieto en el Estadio Azteca costó alrededor de cuatro millones 658 mil pesos. Sin embargo, en su reporte de gastos el PRI dividió el costo entre los 99 candidatos que también se promocionaron ese día. Por lo que quedó asentado, el acto masivo costó a la campaña de Peña solo 46 mil 845 pesos.

Para evitar situaciones similares, Gabriela Cuevas planteó prohibir que los partidos políticos tengan la facultad de asignar o distribuir discrecionalmente sus gastos de campaña, beneficiándose de la actual regla de prorrateo.

“Con esta regla de prorrateo, de los 50 millones del Caso Monex, sólo se sumaron 3 millones 963 mil pesos a la campaña presidencial, sin embargo, si se hubieran sumado íntegramente, les habría significado rebasar el tope de gastos de campaña en un 12 por ciento. Este caso evidenció que los partidos políticos no pueden contar con discrecionalidad al momento de distribuir o de prorratear sus gastos de campaña porque esto puede afectar la equidad en las contiendas electorales” sostuvo la legisladora capitalina.

Además, para mejorar el modelo de fiscalización -que actualmente califica primero la elección y después investiga el origen y destino de los recursos-, Gabriela Cuevas propuso que los partidos políticos presenten dos informes preliminares de la campaña presidencial: el primero con datos al 15 de abril y el segundo con datos al 15 de junio del año de la elección. Así como un informe final, dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral.

Otro de los “errores” de la elección del 2012 que PAN pretende que nunca más se repita, es evitar la discrecionalidad de los consejeros electorales, por lo que con esta iniciativa, se obligaría a los consejeros electorales a exponer públicamente las razones por las que emiten sus votos.

Sobre este tema, Gabriela Cuevas recordó que en las pasadas elecciones, el entonces consejero Sergio García Ramírez se abstuvo de emitir posicionamiento alguno sobre el Caso Monex. Sin embargo, al darse cuenta que había un empate durante la votación del proyecto, decidió reincorporarse a la mesa para emitir el voto definitivo que exoneró al PRI.

“Esto lo hizo sin que mediara siquiera una explicación de los motivos que lo llevaron a inclinar la balanza en ese sentido, a pesar de que la ciudadanía pues lo mínimo que merece es escuchar los argumentos y el razonamiento de los consejeros electorales”, subrayó.

Estos cambios a los códigos Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Penal Federal, así como a las leyes Orgánica del Poder Judicial y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pretenden, a decir de la legisladora, devolver la confianza ciudadana en la democracia y poner “piso parejo” a todos los partidos políticos y candidatos que aspiren a la silla presidencial.

“Debemos entender que lo que está en juego no es solamente un derroche de recursos públicos, lo que está en juego es la calidad misma de la democracia y el funcionamiento de nuestras instituciones”, puntualizó la Senadora capitalina.