Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Claudia Medina fue detenida por elementos de la Marina en su domicilio en Veracruz el 6 de agosto de 2012, para después ser torturada y obligada a firmar una declaración donde se inculpó de formar parte del crimen organizado.

“Fui llevada a una zona naval, me empezaron a decir un sinfín de cosas: ‘usted tiene que decir que se dedicaba a la delincuencia organizada’, me negué y fui sometida a tortura física, psicológica y sexual, una vez que ellos lograron lo que querían fui trasladada a la coordinación de la Procuraduría General de la República [PGR] en Veracruz, ahí me pasaron con un médico legista que certificó que yo no presentaba lesiones, cuando yo llevaba varios hematomas”, dijo la mujer.

Claudia pasó más de 20 días en una prisión y fue liberada de 300 cargos que se le imputaban. En aquella cárcel vio a otras mujeres que como ella, estaban ahí acusadas de crimen organizado, todas torturadas y abusadas.

“Antes yo veía a un policía y pensaba que ellos estaban para cuidarnos, ahora para mí, todos los elementos policiacos son los delincuentes, son ellos los  que se escudan atrás de esos uniformes”, planteó.

Como Claudia, de acuerdo con un estudio que realizó la organización Amnistía Internacional, 65 por ciento de los mexicanos tienen temor a ser torturados. Sin embargo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se niega a reconocer el problema.

“Hemos visto una negación sistemática por parte del Estado mexicano para aceptar que la tortura es un problema. Por eso queremos que primero, se reconozca que existe un problema de tortura en México y que efectivamente vemos un problema de tortura en detenciones y en protesta sociales”, dijo Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI).

De acuerdo con el directivo, México dio una señal negativa en el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se le hicieron varias recomendaciones relacionadas al tema de la tortura, que el país no aceptó.

“México aceptó lo mínimo de recomendaciones que podía aceptar en el Examen Periódico dejando temas como el arraigo […] México es uno de los cinco países prioritarios por el incremento de la tortura que hemos visto en los  últimos años, los números de personas que han sido torturados por fuerzas federales, estatales, han aumentado y la tortura se utiliza de manera generalizada para obtener confesiones como un medio de investigación judicial”, explicó el director ejecutivo de AI México.

Perseo Quiroz detalló que el tema sigue vigente en el país, sin embargo es un problema minimizado por el gobierno federal.

“No queremos que el gobierno siga ignorando el tema de la tortura y afirmando en foros internacionales que no es un problema cuando sí lo es. El gobierno debe demostrar que tiene voluntad política para hacer frente a este problema”, expuso.

La tortura está tan vigente y arraigada entre los mexicanos, que la encuesta de AI también reveló que 30 por ciento de la muestra, está de acuerdo con esa práctica.

“Un 30 por ciento de la población es mucho, por eso México forma parte de los cinco países prioritarios entre Nigeria, Marruecos y Filipinas, donde llevamos a cabo una campaña en contra de la tortura que durará dos años”, dijo.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh Juárez, indicó que México vive una tragedia humanitaria y que las víctimas y las organizaciones que se dedican a registrar los datos y casos sobre tortura, no han obtenido una respuesta.

“Lo que tenemos en realidad es un montaje, respuestas falsas, nos quieren dar respuestas donde pareciera que se detiene a quienes son responsables, el Estado mexicano se ha tomado la libertad de cometer un sinfín de abusos”, afirmó.

AI RETA A PEÑA NIETO

Amnistía Internacional presentó ayer una lista de nueve puntos dirigidos al Presidente Enrique Peña Nieto, para mejorar la situación de los derechos humanos en México.

Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional (AI), envió una carta desde Londres a Enrique Peña Nieto donde reconoció el papel de México para promover los derechos humanos en foros regionales e internacionales, pero en la que criticó la carencia de medidas efectivas para poner fin a la impunidad que está detrás de los ataques habituales contra defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres en el país.

AI lanzó nueve puntos concretos como un reto, debido a que en una reunión que sostuvo Shetty hace tres meses con el presidente mexicano, éste le solicitó una ruta a seguir.

“En el cumplimiento de estos puntos se conocerá si el Presidente Peña Nieto quiere mejorar o no la situación de los derechos humanos”, dijo Perseo Quiroz en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Los puntos que AI solicitó están respaldados por 170 mil firmas y fueron entregados antier a Los Pinos.

La primera medida que se solicita es emitir una declaración presidencial para que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información sobre desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas u otros malos tratos será enjuiciado con apego a las normas internacionales de derechos humanos.

En segundo lugar, AI pide garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar para que cualquier personal militar que cometa tortura sea juzgado.

La solicitud incluye revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de tortura y otros malos tratos, apegados a los protocolos internacionales.

AI le pide a Peña Nieto que se adquiera un compromiso político y económico claro con la aplicación de las recomendaciones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil.

Otra de las peticiones es abolir el arraigo y crear una base de datos nacional accesible donde se registren las detenciones.

AI también enfatiza en los desaparecidos y pide que la base de datos de 26 mil personas no localizadas se haga pública, así como el establecimiento de mecanismos nacionales de búsqueda rápida.

El gobierno federal debe garantizar una investigación exhaustiva de todas las desapariciones, agotando todas las pistas  y reformar la legislación nacional sobre desapariciones forzadas con apego a normas internacionales.

Por último la organización le pide al Ejecutivo revisar el cumplimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y garantizar que tantos los gobiernos municipales y estatales cumplen con las medidas de protección.

La organización solicita demostrar que se producen avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos cometidos contra migrantes en situación irregular en tránsito, con independencia de si los autores son funcionarios públicos o bandas delictivas.

“Hace tres meses el Presidente Peña Nieto nos pidió acciones concretas en una reunión, hoy le damos nueve puntos que tiene que responder no sólo a Amnistía Internacional, sino a toda la sociedad”, dijo Quiroz.

La organización inició con una campaña en contra de la tortura, donde participan diversas asociaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos en el país.