Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- Un grupo de derechos humanos que trabajan para el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) realizó un informe en el que indica que el macabro descubrimiento de más cadáveres y restos humanos en las montañas de Guerrero, así como las ejecuciones extrajudiciales, como la de Tlatlaya, plantean “preguntas alarmantes sobre el carácter generalizado de la violencia de los cárteles de la región y el nivel de la complicidad del Gobierno”.

El diario estadounidense Los Angeles Times publicó hoy un reportaje titulado “Preguntas alarmantes sobre la violencia en México”, firmado por Deborah Bonello, en el cual cita el informe que fue distribuido de forma interna en Northcom, en el mes de octubre, después de una investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El informe expresa su preocupación de que ninguno de los cuerpos encontrados en numerosas fosas comunes de la zona de Iguala, Guerrero, pertenecía a los estudiantes desaparecidos, lo que plantea interrogantes acerca de cómo muchas otras personas podrían haber muerto y haber sido enterradas clandestinamente.

Además, el documento destaca que los cuerpos hallados han sido desenterrados por los grupos de búsqueda organizados por las propias familias de los desaparecidos.

“Hemos encontrado cuerpos con las manos atadas a la espalda, con los ojos vendados, muchos murieron por un disparo en la cabeza”, dijo Mario Vergara, de 40 años de edad, quien lidera un grupo de 300 familias que dicen haber encontrado, desde el pasado noviembre, cerca de 95 cuerpos enterrados en las colinas polvorientas alrededor Iguala.

“Hemos encontrado los cuerpos con la boca abierta, como si hubieran sido enterrados vivos”, dijo en una entrevista telefónica para el diario estadounidense. “Estamos haciendo el trabajo que el gobierno no está haciendo.”, le dijo Vergara a Los Ángeles Times.

Vergara y otros abrieron una página en la red social Facebook denominada “Te Buscaré Hasta Encontrarte”, en la cual publican sus descubrimientos, siendo parte de una red nacional de personas en busca de sus familiares desaparecidos.

Hay más de 20 mil personas que figuran actualmente como “desaparecidos” en México, indica el medio. Guerrero ha sido durante mucho tiempo uno de los estados más violentos de México, y es también un importante centro de producción para el comercio de opio, negocio ilícito que está en auge.

El negocio de las drogas ha corrompido las instituciones locales, por lo que la complicidad entre la Policía y los cárteles de las drogas es un lugar común, indica Los Ángeles Times.

El año pasado, dice el diario estadounidense, la desaparición de los 43 estudiantes provocó una protesta nacional e internacional y ha sido la mayor crisis política que enfrenta el Presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió el cargo en diciembre de 2012.

El informe interno del Northcom se hizo público a través del Archivo de Seguridad Nacional, un grupo de investigación con sede en Washington, que pugna por la desclasificación de documentos oficiales.

Con base a ese mismo informe, la revista estadounidense Examiner publicó un análisis firmado por el abogado forense Jim Kouri, en el que dice que los policías mexicanos asesinan y abusan de civiles, sin embargo, la administración de Barack Obama los continúa ayudando con recursos económicos que se han venido incrementando durante los últimos años.

El análisis indica que en México se creó una Policía Federal, especializada y supuestamente “incorruptible”, pero que esto disto mucho de los altos funcionarios del Gobierno mexicano, quienes son “altamente” sospechosos de estar involucrados en los asesinatos de numerosos civiles, cuyos cuerpos son arrojados a un gran número de fosas comunes.

El informe estadounidense indica que la mayoría de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos contra civiles, son empleados de las policías locales y de las agencias de de seguridad federales, incluidos miembros de la Policía Federal, misma que “se cree”, dice el análisis de Examiner, opera con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Si bien Estados Unidos ha contribuido siempre ayuda financiera al Gobierno de México para ayudar a combatir las bandas del crimen organizado -mejor conocidos como carteles de la droga-, durante el final de la administración Bush y toda la administración Obama, la cantidad de dinero hacia México ha aumentado, mientras que la seguridad fronteriza entre los dos países se viene deteriorando.

Examiner asegura que la ola de crímenes en México ha continuado a pesar de que los altos funcionarios federales sólo citan las noticias positivas. Por ejemplo, indica el medio estadounidense, el 98.3 por ciento de los delitos cometidos en México durante 2013 nunca fueron adjudicados y los autores quedaron impunes, esto según las propias estadísticas del Gobierno mexicano.

Además, indica el análisis, el descubrimiento de cientos de fosas comunes en México durante el gobierno de Obama se han traducido en sólo 15 investigaciones realizadas por los fiscales mexicanos entre el periodo de 2011 y abril del 2015.

De acuerdo con la revista especializada en seguridad Homeland Security Newswire -citada por Examiner-, en un período de un año (de 2014 a 2015) funcionarios del gobierno mexicano “han estado implicados en casos relacionados con la muerte de cientos de civiles, cuyos cuerpos fueron encontrados más tarde en fosas comunes”.

La mayor parte de estas autoridades trabajan para la policía local y las agencias de seguridad federales, que podrían haber recibido financiación de los programas de gobierno estadounidense, creados para combatir el comercio ilegal de drogas en México”.

El informe de Northcom alega que el presidente Barack Obama y su equipo de seguridad nacional -mismo que incluye a Susan Bengasi y su “confidente” Valerie Jarrett- saben que la financiación estadounidense a México está conectada directa o indirectamente con los abusos de las fuerzas de seguridad mexicanas, sin embargo, indica el medio el análisis de Kouri, el dinero de los contribuyentes estadounidenses continúa fluyendo hacia México.

Tanto el Homeland Security Newswire, como el Archivo de Seguridad Nacional, discuten también el caso inquietante en el que fueron secuestrados 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, indica Examiner.

Aunque la Policía Federal mexicana intentó culpar de los secuestros al Alcalde (José Luis Abarca), a los policías locales y a sus cómplices de un cartel de la droga (Guerreros Unidos), la evidencia parece apuntar que funcionarios estatales también están involucrados, dice el análisis del medio estadounidense.

Durante la operación de búsqueda de la Policía, descubrieron 28 cuerpos en fosas comunes cercanas al lugar de los hechos. Ninguno de los cuerpos corresponde a los estudiantes de Ayotzinapa, lo que lleva a la creencia de que sólo en esa región hay decenas de personas que están enterradas en tumbas anónimas, indica Kouri.

El informe de Northcom también hace referencia a los hechos ocurridos en junio del año pasado en Tlatlaya, Estado de México, en donde el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos suspendió la ayuda militar (que ellos llaman “asistencia para la cooperación en seguridad”) para todo una zona militar y los 10 mil soldados que en ella laboran, en espera de los resultados de las investigaciones.

El Ejército mexicano afirmó inicialmente que su 102 Batallón de Infantería participó en un tiroteo con presuntos narcotraficantes, en el cual murieron veintidós personas.

Más tarde, fotografías tomadas por periodistas que acudieron a la escena, sugieren que algunos de los muertos habían sido ejecutados sumariamente. Más adelante, la investigación resultó en el arresto de un oficial y siete soldados, en lo que Human Rights Watch describió como “una horrible masacre”.

Tres de los detenidos -un sargento y dos soldados- ya han sido acusados. El informe Northcom se refiere a estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, y agregó que “a medida que más hechos salgan a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estaba involucrado en actos ilícitos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, al tiempo que condena los secuestros de estudiantes y otros delitos vinculados a la Policía de México, continúa proporcionando millones de dólares a México en la lucha contra la delincuencia y ayuda para la seguridad.

El análisis de Kouri cita a The Intercept, medio que envío un correo electrónico al Departamento de Estados de EU, preguntando por una lista de los departamentos de Policía mexicanos que hayan recibido asistencia financiera.

Sin embargo, en su respuesta, el Departamento de Estado dijo que esa lista aún no estaba disponible. “Es incomprensible que no dispongan ya de esa lista”, escribió Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas con sede en la Ciudad de México.

“El panorama general es que esta ayuda llega de forma directa a los violadores de derechos humanos. Los dólares de los contribuyentes estadounidenses están apoyando una guerra contra las drogas que envalentona a fuerzas gubernamentales abusivas que se están ejecutando y que desaparecen los ciudadanos mexicanos. Ninguna cantidad va a cambiar eso”, dijo Carlsen.