Dallas, 14 Jun (Notimex).- Un senador federal introdujo hoy una iniciativa de ley que, de ser aprobada, permitirá reparar las violaciones cometidas por autoridades estadunidenses a decenas de reos mexicanos que fueron sentenciados a la pena de muerte.

La propuesta presentada por el senador demócrata Patrick Leahy, daría a cortes federales autoridad para revisar y considerar los casos de los reos extranjeros sentenciados a muerte en Estados Unidos que reclaman violación de sus garantías bajo el tratado internacional de la Convención de Viena de 1963.

La legislación vendría a dar cumplimiento a una causa promovida por México desde hace más de una década, especialmente en los casos de sus nacionales que han sido sentenciados a muerte sin que antes se les diera la oportunidad de ser auxiliados por el consulado de su país.

México sostiene que muchos de los mexicanos que se encuentran en los pabellones de la muerte de cárceles estadunidenses, no habrían sido sentenciados a la pena máxima de haber recibido en forma oportuna la ayuda consular tras su detención y antes de iniciar sus procesos judiciales.

Leahy explicó en un comunicado que su iniciativa, que crearía la “Ley de Cumplimiento a la Notificación Consular”, está orientada a defender a los ciudadanos estadunidenses cuando éstos son detenidos en otras naciones.

“Desde el momento de su detención, su seguridad y bienestar depende de la capacidad de los funcionarios consulares de Estados Unidos para reunirse con ellos, vigilar su tratamiento y ayudarles a obtener la ayuda jurídica adecuada además de enlazarlos con sus familias”, indic{o el senador.

“Este acceso está protegido por las disposiciones de notificación consular de la Convención de Viena, pero ello sólo funciona de manera eficaz si cada país cumple con sus obligaciones en virtud del tratado, incluyendo Estados Unidos”, dijo Leahy.

El demócrata encabeza el Comité Judicial del Senado y el subcomité de Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado.

El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, celebró este martes la iniciativa del senador Leahy.

En una declaración escrita, dijo que “esta importante iniciativa no solo permitirá a Estados Unidos el cumplir cabalmente con la decisión de la Corte Internacional de Justicia”.

También, añadió, “asegurará el cumplimiento de los derechos consulares de los ciudadanos extranjeros en este país, y no menos importante, de los estadunidenses alrededor del mundo”.

Por muchos años, las autoridades estadunidenses, específicamente los departamentos de policía de ciudades, condados y estados, incurrieron en la sistemática violación del derecho consular ante el desconocimiento de esta obligación.

La insistencia de México al respeto de este derecho, garantizado por la Convención de Viena, ha provocado a lo largo de la última década cambios sustanciales en la forma en que cientos de departamentos de policía actúan ahora en las detenciones de ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, la resistencia de algunas autoridades a reparar las violaciones cometidas en los casos de sentenciados a muerte, condujo a México a presentar su queja ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda.

El tribunal internacional respaldó la posición de México y en marzo de 2004 ordenó a Estados Unidos revisar los casos de 51 reos mexicanos sentenciados a la pena de muerte en un fallo que ha pasado a ser conocido como el “Caso Avena Vs. Estados Unidos”.

El gobierno estadunidense, primero bajo el gobierno del ex presidente George W. Bush y ahora el de Barack Obama, han buscado formas de dar cumplimiento al fallo de la CIJ, pero han enfrentado la resistencia de gobiernos estatales como el de Texas, que sostiene no estar obligado a acatar dictámenes de cortes internacionales.

Texas defendió su posición ante la Suprema Corte de Justicia que en el 2008 dictaminó a favor de esa entidad al hacer notar que no existía ninguna ley que impusiera a los estados las obligaciones contraídas por el gobierno federal.

El fallo de la Suprema Corte permitió a Texas aplicar en agosto de 2008 la pena de muerte por inyección letal al mexicano José Ernesto Medellín, en desafío a la CIJ y a las peticiones de varios gobiernos extranjeros y organismos multinacionales de derechos humanos.

Una situación similar pudiera repetirse el próximo mes, pues la iniciativa de Leahy se recibe en el Senado a poco más de tres semanas del 7 de julio cuando Texas tiene programado aplicar el castigo capital al mexicano Humberto Leal García.

En su propuesta de ley, Leahy incluyó una previsión que solucionaría casos como el que enfrenta Leal, al requerir a las cortes el suspender la ejecución de un reo extranjero en cualquier entidad del país, si sus reclamos de violaciones a la notificación consular no hubieran aun sido atendidas.

México y los abogados de Leal, además de un concurrido número de grupos y organizaciones, han solicitado al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender la ejecución para que se cumpla con el fallo de la CIJ.

En anticipación a la presentación de la iniciativa de Leahy, el embajador Sarukhan envió la semana pasada una carta a Perry en la que le pide utilizar su poder ejecutivo para posponer la ejecución “hasta que su culpabilidad y sentencia sean revisadas y reconsideradas” según los términos del fallo de la CIJ.

La carta de Sarukhan encabezó una serie de misivas enviadas a Perry por parte de los abogados defensores y de grupos de alto nivel de ex diplomáticos, militares retirados y procuradores, además de estadunidenses residentes en el extranjero, en las que urgen al gobernador a posponer la ejecución para evitar violar el dictamen de la CIJ.