El acuerdo con las autoridades del Gobierno, denuncia Fundar, era entregar información sobre el derecho a la consulta y hacer un recorrido por cada una de las más de 40 comunidades mayas, entre ellas Hopelchén y Tenabo, para entregar la información. Sin embargo, afirma, lo que entregaron fue un documento que promociona transgénicos: la “Carpeta Básica de Información para Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Soya Tolerante al Herbicida”.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada denunció en un segundo reporte que las principales fallas durante el proceso han sido la falta de respeto a un procedimiento adecuado y la violación a los principios de buena fe y de consulta culturalmente adecuada.

Aunado a ello, externó su preocupación porque varias de las violaciones en este segundo acercamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a las comunidades mayas, no fueron escuchadas.

Edmundo del Pozo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, recordó a Sin Embargo que existió “una primera violación del derecho a la consulta que ha señalado la Misión de Observación como parte de esta etapa de acuerdos previos y que está relacionada con estas reuniones que hizo la CDI y la Cibiogem, dependencias responsables de la consulta entre el 16 y el 19 de mayo”.

“El acuerdo era entregar información sobre el derecho a la consulta, el compromiso era hacer un recorrido por cada una de las más de 40 comunidades, entre ellas, Hopelchén y Tenabo, para hacer entrega de esta información. Sin embargo, lo que entregaron fue una ‘Carpeta Básica de Información para Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Soya Tolerante al Herbicida’, eso entregaron, cuando se suponía que tenían que hablar sobre el derecho básico a la consulta, pero así es como la titularon. Además, la traducen supuestamente en lengua maya y al español, aunque los mayas no leen el maya como tal”, agregó.

Acusó que sólo existe una pequeña parte del documento donde abordan el tema del derecho a la consulta. No obstante, el grueso contiene información sobre la soya tolerante al herbicida. “No la ponen ni siquiera como ‘soya transgénica'”, lamentó.

Además, destacó, durante esta etapa no debía tocarse el tema de la soya transgénica, por lo cual las autoridades incurren en una clara “violación a la buena fe, que es parte de los principios que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que indica que debe haber un diálogo sincero y franco. Al mismo tiempo es un intento por adelantar las etapas, cuestiones que tienen que verse en la etapa informativa ya se están viendo desde la etapa de acuerdos previos, lo cual vulnera el principio del procedimiento adecuado en que debe darse una consulta”.

En la visita a las comunidades estuvieron presentes el licenciado Marco Antonio Ramírez y la ingeniera Brenda Ordaz (Cibiogem), y Pedro Armentía (delegado de la CDI en Campeche). Del Pozo señaló que las dependencias están tratando de convencer a las comunidades indígenas de supuestos beneficios que tiene la soya transgénica.

“Desde como la anuncian tratan de aminorar los efectos y el estigma que de por sí trae el tema de los transgénicos. Redundan en temas de los beneficios que pueda traer esta siembra y aminoran los impactos que esta puede generar en las propias comunidades”, dijo.

Otra de las denuncias radica en que se está condicionando a las comunidades a hablar el español: “La consulta justamente busca eliminar la discriminación histórica y la exclusión en la que han estado los pueblos. Parte importante de reducir esa asimetría es usar la lengua de las propias comunidades y no pretender llegar con el idioma justamente del Estado, desde ahí parte una consulta de buena fe y eso no se está haciendo así”, añadió.

La Misión, conformada por más de una veintena de organizaciones civiles, constató que no todas las comunidades visitadas cuentan aún con representantes elegidos por sus asambleas para participar en la consulta y que tampoco hubo una participación amplia e incluyente en las sesiones. Más aún, en varias localidades donde ya se cuenta con representantes especialmente electos por la asamblea de la comunidad, la convocatoria se hizo a través de las autoridades ejidales, y no de dichos representantes.

Por ello, Del Pozo exigió “que se respeten las designaciones de las autoridades representativas de las comunidades y que se promueva una participación amplia porque al inicio las autoridades estuvieron citando a los comisarios ejidales, pero la consulta no es para ellos, sino para las comunidades a través de sus autoridades representativas”.

Las comunidades mayas citan con tiempo suficiente a las asambleas comunitarias para tocar puntos que son de importancia general, como lo es esta consulta, no obstante, las autoridades responsables, –por razones que no fueron explicadas– convocaron a los pueblos solo con un día o apenas algunas horas de anticipación.

Sin embargo, en muchos casos las autoridades llegaron con varias horas de retraso a las reuniones convocadas y las visitas estuvieron programadas para durar 30 minutos, tiempo insuficiente para explicar con claridad y pertinencia cultural el proceso de consulta, de los cuales, buena parte fueron dedicados a hablar de la soya genéticamente modificada. Por ello, algunos pobladores perdieron sus jornadas laborales.

La Misión expresó, además, su preocupación por la repetición de varias de estas violaciones, y cuestionó si las autoridades realmente conocen los estándares que se deberían cumplir y si cuentan con la metodología y la experiencia para implementarlos.

Debido a los puntos anteriormente citados, la Misión consideró que la serie de reuniones distan enormemente de cumplir con los estándares internacionales ordenados en la Resolución de la SCJN.

La Misión de Observación tuvo presencia en las reuniones celebradas en las comunidades de Chunyaxnic, Xculoc y Bolonchén, del municipio de Hopelchén, el 17 de mayo; y de Ixkuncheil, Tinum y Tenabo, del municipio de Tenabo, el 19 de mayo.