Cuando Enrique Peña Nieto era candidato electo asistió al programa de Televisa, “Tercer Grado”. Ahí habló cómodamente sobre cómo sería su gobierno. Sin cuestionamientos mayores el candidato electo repetía hasta el cansancio que él representaba al nuevo PRI. Su eslogan de campaña había logrado incorporar en el imaginario colectivo que el dinosaurio había muerto y que el nuevo bicho estaba hecho de otros usos y costumbres.

Cuando se le preguntó evidencia de ese nuevo PRI, el candidato electo señaló que en las filas del Partido había nuevos políticos con nuevos formas de hacer política. Con determinación Peña señaló: “está Beto Borge de Quintana Roo y Javier Duarte de Veracruz”. Según Peña ambos representaban el nuevo PRI que llegaba con él a sus respectivos gobiernos. Seamos realistas, la propaganda surtió cierto efecto en la sociedad. La alternancia no era al pasado, se pensaba.

La pregunta obligada: ¿Sigue usted pensando, señor Presidente, que Borge y Duarte son la nueva generación diferente del PRI? Nadie se atrevería a sostener tal dicho. De hecho el Presidente está enojado con ambos lacayos priistas. Y cómo no estarlo. Ambos mandatarios han arrastrado al PRI a tiempos lejanos de rapiña desde el quehacer público. La corrupción y mal gobierno en Veracruz y Quintana Roo han llegado a niveles insospechados. La irresponsabilidad gubernamental llegó hasta hacer perder al PRI dos estados que jamás habían soltado. Se necesitó mucha rabia social y descontento para echarlos de la gubernatura.

El robo era evidente. La riqueza de ambos mandatarios ha crecido tanto que no hay manera de sostener argumento alguno para ello. Trabajos periodísticos de gran calado han arrojado la evidencia necesaria para ver cómo a través de actos amparados por la ley, el robo era lacerante para las finanzas públicas. El periodismo hizo su parte, ha puesto el foco público en malos actos de gobierno. Si tuviésemos una impartición de justicia pronta y expedita ambos mandatarios estarían en el banquillo de los acusados.

A lo largo de años, mientras la sociedad civil denunciaba puntualmente las atrocidades locales, el Gobierno federal seguía con la ilusión de “los nuevos valores”. Cuando voltearon a ver qué pasaba en Veracruz y Quintana Roo ya era muy tarde. El atraco se había consumado.

Ni lentos ni perezoso ambos mandatarios, moviendo a los congresos locales a su voluntad y conveniencia (un minuto de silencio por el pobre Montesquieu debe estar retorciéndose en la tumba) han diseñado sistemas que los protejan de futuras investigaciones por sus actos (presuntos para algunos, evidentes para otros) de corrupción. El ingenio de ambos mandatarios buscó adelantarse a formar un sistema de anticorrupción local que ellos nombrarían sus operadores y con esto descansarían con tranquilidad contando su riqueza. Todo con la bandera de combatir la corrupción. El cinismo de ambos priistas toca nuevas fronteras.

El Presidente – en esta ocasión- le ha atinado. Su enojo con la nueva generación se hizo latente antier cuando hizo público que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) que pondría acciones de inconstitucionalidad contra los gobiernos y congresos locales de Veracruz y Quintana Roo. También contra Chihuahua, pero omito hablar del estado norteño porque merece un texto aparte.

En el caso de Veracruz se impugna:
• Creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo fiscal sería nombrado por dos terceras partes del Congreso (lo cual de facto aseguraría el control del fiscal por parte del gobernador)
• Facultad del Congreso para designar al Contralor General del Estado y expedir legislación anticorrupción (congreso que controlan los gobernadores salientes)
• Creación de la Sala Superior Especializada en Anticorrupción, cuyos magistrados serían propuestos por el gobernador.

En el caso de Quintana Roo se impugna:
• La facultad del gobernador para nombrar a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
• Creación del Tribunal de Justicia Administrativa con facultad para imponer sanciones a servidores públicos locales.
• Ratificación del titular de la Dirección General de Visitaduría como contralor interno de la Fiscalía General del Estado por un periodo de seis años por parte del fiscal local.

En el caso de Chihuahua la PGR informó que con la acción de inconstitucionalidad “se impugna la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y eventual nombramiento de su Titular”.

La reforma constitucional de mayo 2015 previó que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales para ajustar sus sistemas locales al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Es inadmisible que gobernadores salientes busquen mantenerse en la impunidad creando sistemas locales anticorrupción “a modo”.

No cabe desbordarse de alegría por las acciones de inconstitucionalidad. Al contrario, es lo mínimo (y tarde) que podría haber hecho el Presidente. Reconocer el acto es importante. Las acciones no cambiarán la deuda pública de los estados ni borrará la interminable lista de temas urgentes. Eso es cierto. Las acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son solamente actos precisos para detener el intento de ambos gobernadores por vivir en una cómoda impunidad. Al parecer el hartazgo llegó hasta Los Pinos.

La acción presidencial no es suficiente para llevar ante la justicia a Borge y Duarte, y a muchos otros que viven de la corrupción de este país. El mensaje de combate contra la corrupción por parte de Peña está tarde. Su credibilidad ante esta materia es pobre –si no nula-. Si después de las acciones ante la SCJN vienen otras claras e inequívocas para fundar un Sistema Nacional Anticorrupción entonces podemos discutir si es un acto aislado o una nueva política. En este caso, el Presidente le atinó.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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