Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los 43, mencionó que el caso da cuenta de una red de complicidades mucho más amplia, “habla de un control que rebasa a las autoridades municipales, estamos hablando de una autoridad federal capaz de controlar territorialmente todos esos espacios”.

Zacarías Cervantes, Israel Flores y Alejandro Guerrero 

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo/ElSur).- Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y su abogado Vidulfo Rosales Sierra pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado mexicano, que se abra una nueva línea de investigación a la versión de que un grupo de normalistas pudo haber sido llevado a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y entregado al grupo criminal Los Tequileros.

El abogado informó que la petición la hicieron el 6 de julio durante la audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH en Lima, Perú.

El abogado explicó que desde el inicio de la desaparición de los 43 estudiantes surgieron varias teorías con información anónima, pero que nunca mencionaron concretamente que habrían sido llevados a La Gavia, como recientemente informaron pobladores de San Miguel Totolapan a algunos medios de comunicación.

Informó que la versión de que los estudiantes fueron llevados a la Tierra Caliente nunca se tomó como una línea de investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), porque no tenía fuerza la aseveración debido a que era anónima.

“Sin embargo con lo que ya se ha comentado de que hay personas de San Miguel Totolapan que sostienen esa versión, adquiere más objetividad y ya tiene que ser motivo de una investigación”, dijo Vidulfo Rosales.

Informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tampoco abundó al respecto, y que ahora es una línea de investigación nueva “que a nosotros nos inquieta y nos preocupa y creemos que debe ser objeto de una investigación exhaustiva”.

Añadió que durante la audiencia que tuvieron en Lima Perú con el Estado mexicano y la CIDH, estaba justamente circulando esa versión en México y que el comisionado del Mecanismo Especial de Seguimiento, Paulo Vannuchi mencionó el caso y que incluso leyó una nota periodística que hablaba de La Gavia y que lo puso en la mesa de la discusión.

Añadió que el Estado mexicano no respondió “en absoluto” a ese cuestionamiento.

Agregó que en la audiencia privada del jueves 6 de julio hicieron énfasis a la CIDH y al Estado mexicano que esa debe ser una línea de investigación.

“Concretamente hicimos la solicitud de que se pueda investigar el tema de La Gavia, como una línea sólida y máxime hoy que se dice que hay un reo en el penal que proveyó esa información, resulta más objetiva, inquietante y preocupante, razón por la cual hay que dilucidarla”, consideró.

Para Rosales Sierra hay elementos suficientes como para erigir la hipótesis en una verdadera línea de investigación que abarque las entrevistas con la persona detenida, investigación de campo y la búsqueda con tecnología la existencia de fosas en esa zona.

Indicó que con esta versión cada vez salen más datos e hipótesis que contrastan y echan por tierra la conclusión a la que llegó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Mencionó que el caso da cuenta de una red de complicidades mucho más amplia, “habla de un control que rebasa a las autoridades municipales, estamos hablando de una autoridad federal capaz de controlar territorialmente todos esos espacios”.

ALTOS SUELDO A INVOLUCRADOS EN DESAPARICIÓN DE LOS 43

Además del nepotismo y altos sueldos de ediles y funcionarios de primer nivel del Gobierno priista de Iguala, en la nómina de esta Administración aparecen los nombres de ex policías encarcelados por su participación en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos en septiembre de 2014 y de otro que fue desaparecido en 2014 y su nombre forma parte de la lista de víctimas del registro del Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.

La información, de la que se tiene respaldo, fue consultada en la nómina municipal a través del portal de transparencia y acceso a la información pública, de la actualización más reciente de la nómina que corresponde al periodo octubre-diciembre de 2016.

En la consulta realizada se observa que en el listado de más de cuatro mil empleados, en el número 1281 con clave de empleado 268 en la Secretaría de Seguridad Pública aún aparece el suboficial Francisco Valladares Salgado quien fue detenido por fuerzas federales el 7 de mayo de 2015 en Cuernavaca, Morelos.

El también ex policía, quien fue encarcelado en un penal federal, fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber sido quien recibía dinero de miembros de la delincuencia para el pago de la nómina de la policía municipal que servía al grupo Guerreros Unidos y de haber participado en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en la nómina del gobierno priista de Iguala con un sueldo mensual de 19 mil 197 pesos.

Otro caso observado en este listado es el del policía municipal Minael Salgado Sánchez que aparece con número 1336 y clave de empleado 270.

De acuerdo con información que se tiene, el policía Minael Salgado aparece en el listado de víctimas de desaparición forzada del Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien fue desaparecido el 10 de marzo de 2014, después de haber salido de su turno del trabajo en la comandancia de la policía municipal.

CUESTA MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS AL MES AL CABILDO DE IGUALA 

De acuerdo con la información consultada, los 15 integrantes del cabildo, el alcalde Herón Delgado Castañeda, sus dos síndicos y 12 regidores, cuestan al municipio un millón 69 mil 719 pesos salario mensual sin considerar las compensaciones o gastos de gestoría que reciben cada mes y que no aparecen en esta información.

Destaca el salario del segundo síndico procurador, Julio César Catalán Rendón, quien de acuerdo al organigrama es el tercer cargo de importancia. Sin embargo su salario mensual es de 99 mil 97 pesos; el del alcalde Herón Delgado, es de 85 mil 256 y de la primera sindica Leticia Márquez Ocampo de 90 mil seis pesos mensuales. El de los 12 regidores es de 66 mil 280 pesos de acuerdo con esta información pública.

Los sueldos de los ediles y funcionarios de la actual administración que inició con el ahora Senador, Esteban Albarrán Mendoza y que fue heredada a su suplente Herón Delgado Castañeda, fueron elevados considerablemente y a su vez quitaron compensaciones a empleados con un bajo sueldo, según información recabada con empleados.

De acuerdo con ex funcionarios de la Administración perredista de José Luis Abarca Velázquez, un regidor ganaba poco más de 40 mil pesos al mes y los síndicos cobraban 60 mil al mes, unos 30 mil pesos menos que los actuales.

Destaca también los altos salarios de funcionarios de primer nivel: el secretario de Finanzas, Jesús Romero Valle –gente de confianza de Esteban Albarrán-, que en el gobierno también priista de Raúl Tovar Tavera demandó al ayuntamiento y ganó un laudo, cobra 66 mil 868 pesos al mes. Gana más que un Regidor, al igual que quien ocupaba el cargo de secretario de Obras Públicas con un sueldo similar.

Entre los secretarios también destaca el nombre del hermano del alcalde Herón Delgado Castañeda, Mario Delgado Castañeda, a quien ha sostenido en el cargo como secretario de Salud con un salario mensual de más de 30 mil pesos.

Fuentes consultadas al interior del gobierno municipal indican que el sobrino del alcalde priista, de nombre Herón Delgado Salgado, aunque no aparece en la nómina, es quien opera el suministro de combustible del parque vehicular y es el encargado de operar los convenios con proveedores.

Este lunes a través de la Dirección de Comunicación Social del municipio se difundió una fotografía en la que aparece el sobrino del alcalde, Herón Delgado Salgado en una reunión con comisarios electos y donde este es mencionado como representante personal de su tío, el alcalde priista.

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