Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Gustavo Madero Muñoz, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), se dijo preocupado por “las expresiones de dureza de algunos funcionarios” en el gobierno de Enrique Peña Nieto contra el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, aunque dio la bienvenida al diálogo y a la colaboración entre ambos gobiernos.

Madero dijo que Acción Nacional respalda a Guillermo Padrés Elías y a todos sus funcionarios electos por los ciudadanos en Sonora y todo el país.

“Los funcionarios emanados del PAN son representantes de la voluntad popular en un proceso democrático, en Sonora y en toda la República, por lo que tienen total respaldo por parte de Acción Nacional, y por ello también demandamos respeto a la soberanía de los estados”, declaró Madero Muñoz.

Padrés Elías protagonizó una semana de confrontaciones con la administración de Enrique Peña Nieto a causa del desastre ecológico que desde hace un mes afecta a la población de siete municipios. El panista sentó un precedente al expulsar a tres representantes del gobierno federal que investigaban en la entidad el derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi.

En respuesta, el Presidente Enrique Peña Nieto designó tres días después a una comisión federal “con el propósito de llevar a cabo acciones inmediatas, oportunas y eficaces para evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo del derrame tóxico en el Río Sonora”.

Padrés quien afirmó que al gobierno federal no le gustó “que alzara la voz” terminó por dar “la bienvenida a la Comisión Especial que ha nombrado @EPN para lograr remediar daño por derrame. Todos nos necesitamos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque Madero Muñoz no se había manifestado sobre el tema, este domingo hizo un exhorto ” continuar por ese camino del diálogo y a que el Gobierno Federal recuerde su obligación de escuchar y dialogar con todas las partes”.

“En el PAN preocupan las expresiones de dureza de algunos funcionarios en el Gobierno Federal, pero también damos la bienvenida al diálogo y a la colaboración entre los Gobiernos Federal y de Sonora, para atender a los habitantes de la zona contaminada”, afirmó Madero Muñoz.

El mismo día que el mandatario panista expulsó a los funcionarios federales, agricultores y pobladores dieron a conocer que tiene un rancho con presa propia y varios pozos –ilegales, según la denuncia–, mientras que el resto de las comunidades no tienen agua ni para beber.

Padrés afirmó que su rancho familiar no utiliza el agua de la presa construida sobre el Río Manzanal, en el municipio de Bacanuchi, como referían las acusaciones. Sin embargo, los pobladores insistieron en que en la propiedad del Jefe del Ejecutivo estatal hay una presa ilegal y que además hace uso de seis pozos, mientras que la mayoría de los habitantes de la zona tiene problemas para acceder al vital líquido.

Ante estas acusaciones, El Gobernador sonorense aseguró en una entrevista con Radio Fórmula que la cortina de concreto de 120 metros de largo y 80 de alto que construyó en 2010, únicamente sirve como represo, retiene el agua momentáneamente. Señaló: “Esa agua no se utiliza para nada, en ninguna actividad, más que agarrar el cauce del río, esa agua ahorita se está yendo hacia donde se debe de ir”.

Un días después, el 10 de septiembre, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, afirmó a través de su cuenta de Twitter que el nombramiento y permanencia de delegados federales en Sonora “es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal”, por lo que no procede su expulsión de la entidad, como dictaminó el Gobernador Guillermo Padrés Elías.

Sánchez Hernández exhortó al Gobernador Guillermo Padrés Elías “a redoblar esfuerzos y a colaborar con la Federación en beneficio de los sonorenses”, después de que el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, anunciara, que se investigará la presa privada que el mandatario tiene en su rancho.

En respuesta, Padrés Elías aseguró un días después estar dispuesto a que las autoridades federales investiguen la construcción, presuntamente ilegal, de una presa que abastece de agua a su rancho y aseguró que se trata de una reacción a la expulsión de tres delegados federales del Comité Estatal de Protección Civil.

“No les gustó que alzará la voz, me piden una investigación en mis propiedades, pues yo no tengo ningún problema, yo creo que se debe dar adelante cualquier investigación yo voy a seguir adelante que nos ayuden aquí en Sonora, la verdad estamos pasando por un momento muy difícil”, dijo.

Horas después, representantes de Grupo México y el mismo Guillermo Padrés negaron que a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi se hayan registrado muertes de animales, personas o reportes de enfermos, según un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso.

De acuerdo con la Comisión especial el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, como la empresa, representada por Joaquín Rojo de la Vega, director de proyectos especiales; Irma Potes, subdirectora de desarrollo comunitario; Amaranta Guerrero, directora jurídica, y Horacio Sánchez Unzueta, abogado de Germán Larrea y ex gobernador de San Luis Potosí, todos giran en torno a la siguiente aseveración: ‘‘No se ha registrado ninguna muerte en animales, tampoco en personas, y mucho menos se han detectado enfermos del estómago’’.

Mientras el Gobernador aún lidiaba con las consecuencia del peor desastre de la industria minera en México, otra situación se le salía de las manos: el vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna, era detenido por elementos de la Policía Estatal acusado de secuestro y robo, delitos por los que podría enfrentar penas de 4 a 10 años y de 2 a 10, respectivamente, hecho que fue considerado por la Tribu como una acción en contra de sus opositores.

“Parece que todo está relacionado: la expulsión de los delegados federales de la Conagua [Comisión Nacional del Agua] y ambientales, y ahora la detención del principal vocero de la Tribu Yaqui, esto con el objetivo de reventar todas las vías de negociación en el proceso de diálogo de la tribu con el gobierno federal. Padrés se está yendo contra todos sus opositores”, dijo Alberto Solís Castro, coordinador de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y miembro de la Misión Civil de Observación por la Consulta de la Tribu Yaqui.

Ese mismo jueves, en el momento álgido de las confrontaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) canceló la reunión que sostendría mañana con Padrés Elías, en tanto “no existan las condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo”.

Al término de una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el propio titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, corroboró ese comunicado y dijo que si bien en días pasados se había acordado dicha reunión, “hoy estamos en una circunstancia diferente”.

El viernes, con un tono diferente al que había mantenido toda la semana, Padrés agradeció al Presidente Enrique Peña Nieto su intervención en el conflicto por el desastre ecológico causado por Grupo México. Aseguró que la creación de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos por parte de la empresa para reparar el daño que generó el derrame de 40 mi metros cúbicos de sulfato de cobre el pasado 6 de agosto, “es un gran paso para aliviar la desesperación que sufren los 23 mil sonorenses afectados en forma directa”.

Sin embargo, el Gobernador panista lamentó la cancelación de la reunión que sostendría con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para dirimir las diferencias políticas que han surgido entre la entidad y la Federación a raíz de la catástrofe ecológica.

Aseguró que la postura de la administración es estar dispuesta a restablecer el diálogo en el momento en que las autoridades federales así lo deseen. “Al final de cuentas, lo único que interesa es que se repare el daño causado a la población y creo que en eso hoy se dio un gran paso”, indicó.

Aunado a este cambio en el discurso, el viernes decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales acusaron a Padrés de emprenden una campaña “racista y de odio” en contra de los yaquis luego de la detención de su vocero Mario Luna Romero.

“Esto se da en un momento difícil porque en las última semanas Padrés se ha visto evidenciado por la corrupción y negligencia de su gobierno. Sorprende el cinismo con el que asume que tiene una presa particular con la que podría abastecer por más de un mes a la ciudad de Hermosillo. Se ha emprendido desde el gobierno una campaña racista, de odio, se han referido a ellos como criminales por defender su derecho al agua; la detención de su vocero es una muestra del desdén con el que el gobierno mira el proceso de justicia”, señalaron defensores de derechos humanos en el pronunciamiento presentado en una rueda de prensa.