Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– La Arquidiócesis de México aseguró que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “es el primer esfuerzo para resolver las deudas del pasado donde los responsables fueron omisos de una visión de largo plazo, desviando inversiones y dilapidando recursos”.
“México llegó tarde al desarrollo de infraestructura vanguardista. Resultado de las crisis, malos manejos económicos, privatizaciones, negligencia política e inseguridad, los ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos parecen paralizados en un país urgido de dinamismo […]. Si, como es de esperarse, la puesta en marcha de las reformas traerá más inversiones, entonces es necesario modernizar la infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional y superar la centralización”, manifestó la Iglesia a través de la editorial “Superaeropuerto, la obra épica” que publicó este domingo en el semanario Desde la Fe.
Dijo que como consecuencia de las 11 reformas estructurales, el gobierno de Enrique Peña Nieto apuesta por la generación de riqueza que traería beneficios para el país. Sin embargo, criticó que en gobiernos anteriores “las obras faraónicas de impronta sexenal” han tenido detrás acusaciones de “corrupción e inutilidad”.
Denunció la construcción de “monumentos dedicados al Bicentenario levantados con recursos mayores a los estimados, terminales aeroportuarias a punto del colapso, bibliotecas que son auténticos elefantes blancos; autopistas mal diseñadas, presumidas y vendidas como de clase internacional, o líneas del metro, nombradas con el mote de “La Dorada”, cuyo desastre estructural pudo asesinar a miles de usuarios”.
La Arquidiócesis opinó que si el nuevo Aeropuerto Internacional “quiere ser una palanca del desarrollo, su construcción deberá ceñirse a los más estrictos criterios de transparencia para no ser beneficio exclusivo de los grupos acostumbrados a llenar sus arcas y bolsas con estos megaproyectos. La ciudadanía estará atenta a lo que viene, a la asignación imparcial y costos de las licitaciones, y velará por el respeto de los derechos fundamentales de quienes podrían ser afectados”.
“El superaeropuerto debería empezar con la garantía de la presente administración para que cada peso se cuente bien, impoluto y a salvo de la corrupción rampante del país, una promesa aún pendiente para ponerle fin en todos los niveles gubernamentales; de no ser así, la viabilidad de la obra épica estará afectada seriamente por la duda y desconfianza ciudadanas”, finaliza el posicionamiento de la Iglesia.
Tras darse a conocer en el Segundo Informe de Gobierno la construcción del nuevo AICM sobre un área de más de cuatro mil hectáreas, con una inversión estimada de 120 mil millones de pesos, organizaciones No Gubernamentales que pugnan por el medio ambiente, la competitividad y la transparencia convocaron a la sociedad civil para formar un Observatorio Ciudadano que vigile el uso y rendición de cuentas de los recursos públicos que se invertirán.
En la primera etapa de construcción, que llevaría cinco años, se tendrían tres pistas de aterrizaje con capacidad para recibir un avión Airbus A380, considerado el más grande del mundo. En la segunda, que iniciaría luego del lapso mencionado, se contemplan las últimas tres pistas para sumar un total de seis. La zona idónea para la obra, se dijo, es el vaso de Texcoco, en el Estado de México.
Ante estas noticias, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS EMBARQ México) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), convocaron a la sociedad civil y a las autoridades para participar en un diálogo y evaluar la propuesta del gobierno federal para la construcción de lo que llaman “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”.
Los organismos ciudadanos consideran que, dada la magnitud de ese proyecto que posiblemente lo convertirá en la obra de infraestructura más importante de la actual administración, hay implicaciones de “riesgos en términos de medio ambiente, factibilidad técnica y dinámicas de desarrollo urbano”.
La construcción de un nuevo aeropuerto tiene el potencial de generar una serie de beneficios, que van desde mejores servicios para los usuarios hasta impulsar una mayor competitividad y desarrollo económico para todo el país, reconocieron los integrantes de estas asociaciones.
Sin embargo, destacaron, “los impactos económicos, sociales y ambientales deben someterse a una deliberación pública seria, que permita evaluar el proyecto y señalar los riesgos que deberán ser atendidos por las autoridades”.
