UN TEXTO DE SANDRA RODRÍGUEZ

Ciudad Juárez.- A tres años del asesinato del periodista Armando Rodríguez, lo que debería ser la investigación del crimen en realidad es una serie de omisiones en la búsqueda de datos básicos y de mentiras difundidas tanto por el Ministerio Público del Estado como por el Federal.

Así, aun cuando en su momento los dos niveles de gobierno anunciaron la existencia de indicios contra probables responsables, el hecho es que, a la fecha, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República no cuentan con elementos para pedir alguna orden de aprehensión: ni contra el ex policía judicial que mencionó en 2009 la entonces procuradora Patricia González, ni contra Juan Alfredo Soto Arias, “El 7”, presunto integrante de La Línea cuya relación con el caso fue anunciada en 2010 por el Gobierno federal.

En este caso, la averiguación previa no tiene órdenes de aprehensión libradas; está en etapa de integración, y eso es lo que ahora le toca a la Fiscalía especial: determinar la responsabilidad de las diferentes personas”, dijo el pasado miércoles el delegado de la PGR, César Augusto Peniche Espejel.

“No se ha solicitado ninguna orden de aprehensión, porque en la carpeta de investigación que obtuvimos, más lo que hemos avanzado, que no ha sido gran cosa, lo admito, no tengo elementos en este momento para pedir una orden de aprehensión contra nadie”, dijo el mismo miércoles Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte.

Armando Rodríguez, de 40 años y reportero de la fuente policiaca de El Diario por más de una década, fue asesinado a balazos la mañana del jueves 13 de noviembre de 2008. El periodista estaba fuera de su casa, dentro de su vehículo y junto a su hija, entonces de ocho años.

Desde ese día, el MP del Estado abrió la carpeta de investigación 2104-28882/2008 y, seis días después, la delegación estatal de la PGR abrió la averiguación previa PGR/CHIH/JUAREZ/1589/2008-VII.

También el día del crimen, la entonces llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) de la PGR –con sede en la Ciudad de México– anunció en un boletín (el número 914/2008) que “ejercía la facultad de atracción respecto del homicidio en agravio del periodista Armando Rodríguez”.

La atracción por parte del Gobierno federal, sin embargo, jamás se ha concretado y, hasta este año, las diligencias sobre el caso se han estado realizando de manera separada entre la Fiscalía General del Estado y en el MP Federal.

En esta segunda instancia, además, no existe claridad con respecto a cuál agente la está integrando, ya que esta semana el delegado de la PGR informó haber enviado el expediente a la Fiscalía especializada, ahora llamada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y donde se habría asignado un nuevo número al caso.

Este hecho, sin embargo, no fue confirmado a El Diario por dicho órgano especializado, cuyo titular, Gustavo Salas, rehusó dar una entrevista y, cuando a través del vocero de la PGR, José Luis Manjarrez, se le preguntó por el nuevo número asignado al caso, respondió conocer sólo los dos expedientes abiertos en la localidad.

Ante esta falta de avances y de claridad en la investigación, el crimen de Armando Rodríguez fue incluido en el más reciente Informe Especial Sobre Libertad de Expresión en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ejemplo “de la violencia e impunidad” que enfrentan los periodistas de este país y debido a que hay “indicios muy fuertes” de que fue asesinado por su trabajo de reportero.

“El crimen ilustra el grado de impunidad que ha imperado y la falta de investigaciones rigurosas, pues en este caso, según la información que tenemos y que reposa en el informe, la investigación está caracterizada por la ambigüedad y confusión en cuanto a la entidad investigativa que debe asumir las averiguaciones”, informó esta semana a El Diario Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“Nuestro informe da cuenta del hecho de que en un momento tanto la PGR como la Procuraduría estatal estarían investigando el crimen, al parecer de manera descoordinada y con líneas investigativas distintas. Esto perjudica enormemente la investigación, y desafortunadamente no es un problema que observamos exclusivamente en el caso de Armando Rodríguez. Por eso nuestro informe recomienda, entre otras cosas, aclarar y expandir la competencia federal sobre los crímenes contra la libertad de expresión”, agregó la titular de la oficina, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

LAS PIFIAS

Desde el día posterior al homicidio de Armando Rodríguez, El Diario reprodujo una nota que, a consideración de la redacción de este medio, era una de las más controversiales que el reportero escribió en sus últimos días, porque mostraba los probables vínculos con el narcotráfico de algunos familiares del entonces esposo de la procuradora Patricia González, Javier Pineda.

“El 10 de marzo de 2005, Andrés Sánchez Pineda, sobrino del Juez Séptimo Penal, Javier Pineda Arzola, y de la procuradora Patricia González, fue detenido en El Paso, Texas, en posesión de 162 kilos de mariguana”, decía el texto firmado en coautoría por Rodríguez y publicado como nota principal de El Diario el 29 de octubre de 2008.

“Este no es el primer caso criminal que involucra a un miembro de la familia del juez Pineda. El 26 de mayo del año en curso se dio a conocer la detención de su hermano, Armando Pineda Arzola, por portar 33 envoltorios con cocaína y uno con mariguana”, agregó la nota, publicada 15 días antes del crimen de Armando.

Ante la presión, Patricia González reportó en 2009 a la dirección de El Diario contar con información que apuntaba hacia un ex policía judicial –del entonces llamado grupo Zeus, encargado de investigar homicidios del crimen organizado– identificado por la funcionaria como Gabriel Dávila Antillón.

La entonces Procuraduría estatal, sin embargo, jamás agregó dicha información a la carpeta abierta por el homicidio y, en noviembre de 2009, cuestionada con motivo del primer aniversario del crimen, González dijo que no había orden de aprehensión porque faltaban algunos testimonios. “No (hay orden), porque apenas obtuvimos el testimonio que teníamos sin documentar”, dijo a El Diario el 9 de noviembre de 2008.

El viernes 13 de noviembre siguiente, el entonces gobernador José Reyes Baeza aseguró también que “estamos muy avanzados en lo que tiene que ver con la autoría material y yo estoy seguro que pronto vamos a tener órdenes de aprehensión”.

Entrevistado esta semana, sin embargo, el fiscal González Nicolás confirmó que, a dos años de tales afirmaciones, en la carpeta de investigación no existen datos relacionados ni con Dávila Antillón ni con Soto Arias, ni indicios que apunten a su probable responsabilidad.

“Puedo responder categóricamente que en la carpeta de investigación no tengo ningún nexo contra estas personas, una de ellas detenida por el caso Villas de Salvárcar (Soto Arias). En la investigación del fuero común no tenemos siquiera algo que nos apunte contundentemente hacia allá, ni indicios para pensar que eso sea una línea de investigación”, dijo González Nicolás.

De acuerdo con los primeros datos generados en la carpeta de investigación, Armando Rodríguez habría sido atacado por un hombre con pantalón beige que descendió de una camioneta verde y que le disparó en 10 ocasiones con una pistola 9 milímetros.

Pero a la fecha, informó Jorge González Nicolás, en la carpeta no existe identificación plena del vehículo ni información de las cámaras de seguridad cercanas a la escena del crimen ni datos sobre la amenaza que recibió el periodista en febrero de 2008.

De acuerdo con el funcionario, las únicas diligencias realizadas por la actual administración son las declaraciones de algunos vecinos y la ampliación de pruebas periciales; pero todo, agregó, sin resultados.

“Cuando quienes conocieron de la investigación en un principio y en dos años no avanzaron sustancialmente como para avanzar en una línea sólida, es muy difícil en un tercer año obtener elementos”, dijo González Nicolás.

“Si las investigaciones hubieran avanzado en los primeros meses, y se hubieran marcado líneas sólidas de investigación, esas líneas las hubiéramos seguido y a lo mejor podríamos ir avanzando (…) Realmente, a dos años de distancia, no había nada sólido más allá de algunas declaraciones mediáticas”, agregó el funcionario.

En octubre de 2010, luego de ser secuestrado al término del gobierno de Reyes Baeza, el hermano de la ex procuradora, Mario González, apareció en un video filmado de manera clandestina, rodeado de hombres armados y encapuchados y respondiendo preguntas ante una persona que lo interrogaba sobre quién había cometido diversos crímenes de alto impacto, como el del periodista Armando Rodríguez.

Sentado en medio del grupo armado, Mario González responde ante la cámara que el crimen del periodista lo ordenó su hermana Patricia González. La versión, sin embargo, no ha sido investigada por el MP del Estado.

Como el caso de Armando, la investigación del homicidio del fotógrafo Luis Carlos Santiago –también empleado de El Diario y asesinado a balazos el 16 de septiembre de 2010– se encuentra sin avances, ya que el MP no ha podido determinar ni aun el modelo del vehículo en el que iban el o los agresores.

Cuestionado en septiembre de 2011, González Nicolás dijo que el caso de Santiago era uno de los muchos que contaban con cero avances debido a la carga de trabajo en la dependencia, donde sólo 14 agentes –ahora ya hay 22– tienen la responsabilidad de aclarar los más de 9 mil homicidios registrados aquí desde 2008.

MÁS ANUNCIOS EN FALSO

Como hizo la anterior administración estatal, el Gobierno federal también ha emitido versiones falsas con respecto a los avances en la investigación del crimen del periodista chihuahuense.

Además del engaño con el que la Fiscalía especial anunció que habría atracción en 2008, en septiembre de 2010, luego del homicidio de Luis Carlos Santiago, fue cuando el Gobierno federal anunció en un comunicado que habían detenido a un sospechoso del crimen, lo cual, como confirmó el delegado de la PGR esta semana, tampoco resultó cierto.

“Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un presunto participante de este asesinato conocido como ‘El 7’, quien iba manejando el vehículo en el que viajaban los agresores del periodista”, indicó la PGR en el boletín número 1108, emitido el 23 de septiembre de 2010.

El mismo día, esta versión de una detención fue también expuesta por el presidente Felipe Calderón a integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) en una reunión en Los Pinos, luego de lo cual El Diario publicó que la persona identificada como “El 7” era un reo que, meses antes, había presentado una queja por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Días después, también en septiembre de 2010 y luego de ser interrogado por directivos de El Diario en una reunión de la SIP en Mérida, Calderón instruyó al fiscal federal Gustavo Salas a visitar Juárez y a informar sobre el caso, ya que este había dicho que atendería sólo en la Ciudad de México.

A la fecha, Salas no ha atendido la solicitud de entrevista hecha vía telefónica desde Juárez ni a la corresponsal de El Diario en el DF. En el correo enviado a través de Comunicación Social, Salas no respondió siquiera a la pregunta de por qué no quiere hablar con este medio.

PIERDE EL ESTADO

Como uno de los reporteros más experimentados de la fuente policiaca, el trabajo de Armando Rodríguez es una de las principales referencias sobre los cientos de crímenes cometidos aquí desde la década de los 90, tanto de hombres como de mujeres.

Por eso, dijo Catalina Botero a El Diario, el crimen no sólo afecta a su familia –en la que tres niños quedaron en la orfandad–, sino a la sociedad y al Estado mexicano en su conjunto.

“Pierde también el Estado, porque periodistas valientes como Armando son los mejores aliados en la lucha contra la corrupción y contra la infiltración del crimen organizado en las propias instituciones. Y naturalmente pierde el periodismo, porque el efecto intimidatorio de estos crímenes es enorme y los criminales lo saben bien”, dijo Botero.

“En México hay reporteros que todos los días enfrentan graves riesgos para hacer su trabajo y mantener al país informado. La prensa en Ciudad Juárez, El Diario y Armando en particular, son una muestra de ello”, agregó la relatora.