Mil 22 homicidios en septiembre. La violencia crece. Pero el nuevo Gobierno no tiene ni para lo elemental: más de mil 800 vehículos están dañados, el 50 por ciento de las cámaras del Centro de Operación y mando, o C4 no funcionan. Hay una deuda de 20 millones con proveedores de gasolina; 63 millones de pesos en contratos sin la documentación adecuada. Y hay un déficit de cien millones para enfrentar los gastos necesarios del Ministerio Público del Estado en 2017…
Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Con mil 22 homicidios dolosos contabilizados por el Gobierno federal hasta el pasado mes de septiembre, el estado de Chihuahua aparece este año como la quinta entidad federativa más violenta de México.
En el reporte mensual difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se observa que uno de los repuntes se registró después de junio, mes en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la gubernatura del estado y la mayor parte de sus municipios, incluyendo Juárez.
De acuerdo con los datos oficiales, la cifra de 109 víctimas de homicidio doloso registradas en junio aumentó a 128 el mes siguiente; a 136 en agosto y a 143 en septiembre. El aumento elevó así el promedio mensual de muertes, de 99 hasta junio, a 135 en lo que va del segundo semestre.
La problemática se ha hecho palpable en localidades como Ciudad Juárez, donde en esta segunda mitad del año han vuelto a registrarse, como entre 2008 y 2012 –años de la mayor escalada de violencia– homicidios con armas de alto calibre en lugares públicos o masacres, como la perpetrada contra cinco personas el pasado 19 de octubre.
En este contexto, el nuevo Gobierno del Estado debe enfrentar otra problemática: Un adeudo de más de 400 millones de pesos y un déficit de otros cien para el año próximo en la Fiscalía General del Estado, dependencia encargada de aclarar estos crímenes.
También, el daño en más de mil 800 vehículos –o un 71 por ciento del parque vehicular–, así como la inutilidad del 50 por ciento de las cámaras del Centro de Operación y mando, o C4.
“No contar con los recursos para la operación, en efecto, causa un gran detrimento de seguridad”, dijo el lunes pasado el nuevo Fiscal del Estado, César Augusto Peniche Espejel.
“No obstante, con lo que tenemos es con lo que hemos estado trabajando; hemos hecho un rediseño de las actividades, se están enviando los recursos casi todos a la operatividad”, agregó el funcionario ante pregunta expresa y en conferencia de prensa.
La presentación de Peniche Espejel en la ciudad de Chihuahua forma parte de la serie de diagnósticos sobre el estado en el que se encontraron las diferentes áreas de la administración pública luego del cambio de Gobierno, ahora encabezado por el ex Senador panista Javier Corral.
Y, como en otras dependencias ya revisadas, el reporte de la Fiscalía incluyó adeudos millonarios, entre ellos uno por 20 millones sólo a proveedores de gasolina; 63 millones de pesos en contratos sin la documentación adecuada, así como un déficit de cien millones para enfrentar los gastos necesarios del Ministerio Público del Estado en 2017.
“La Ley Administrativa establece un plazo para llevar a cabo la formulación de observaciones a las actas de entrega-recepción; sin embargo, el hecho de que no se hayan hecho los señalamientos, no libera de ninguna responsabilidad a los servidores públicos salientes”, dijo Peniche ante los medios de aquella entidad.
Otros datos difundidos por el titular de la Fiscalía fueron contratos por obras y servicios con sobrecostos de hasta un 50 por ciento, subejercicio de 400 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y riesgo de pérdida del recurso “por falta de planeación”.
También, falta de operación de la red de telecomunicaciones adquirida como parte de la Iniciativa Mérida y de mantenimiento a las áreas de informática, “lo que trae como consecuencia el riesgo de que se pueda perder gran parte de la información que está alojada en esos servidores y bases de datos”, dijo Peniche.
Hay también, reportó, instalaciones clave sin mantenimiento, como el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, donde hay unos 200 cuerpos sin identificar, así como un faltante de mil 473 bienes por valor superior a los 22 millones de pesos; entre ellos, confirmó Peniche, alrededor de 70 armas.
“Estas conductas se analizarán y, de acuerdo al hecho, pueden irse por la vía administrativa o penal; sin embargo, en ambos casos, todo dependerá del número de evidencias con que se cuente”, dijo Peniche.
Nombrado por el ex procurador Arturo Chávez Chávez en 2010, Peniche Espejel fue hasta 2015 delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, con base en Ciudad Juárez.
Desde esa posición, y en al menos dos de los años de mayor violencia de la entidad, coincidió con el entonces fiscal general del ex gobernador priísta César Duarte, Jorge González Nicolás, hoy Secretario de Seguridad Pública de Juárez y a quien Peniche suple en el cargo.
