La Cofece aseguró que tiene pruebas de que competidores en licitaciones públicas se coordinaron para manipular precios lo que provocó que por cinco años instituciones de salud adquieron productos con más del 52 por ciento de sobre precio.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR), una querella penal contra personas físicas que resulten responsables de elevar en 52 por ciento los precios de productos farmacéuticos que fueron vendidos a instituciones públicas por medio de licitaciones entre los años 2009 y 2015 y por los que se pagaron en total al menos mil 200 millones de pesos.
Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de COFECE, indicó en rueda de prensa, que hoy solicitaron ante la PGR la acción penal contra varias personas físicas.
Según se explicó hoy, diversas instituciones de salud adquirieron por medio de licitaciones, entre 2009 al 2015, productos farmacéuticos por los cuales pagaron un sobre precio de hasta más de 52 por ciento en los insumos adquiridos lo que significó “un daño de por lo menos 381 millones de pesos”.
La Cofece aseguró que tienen pruebas evidencias de que existió una coordinación entre las empresas que participaron en los concurso de licitación a fin elevar los precios. “Afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector público, a los que se asignaron recursos fiscales por más de 1,200 millones de pesos”, indica la Cofepe.
“Se encontró evidencia de colusión entre participantes de licitaciones públicas convocadas por el sector salud en productos que adquirieron diversa entidades,y que determinó la posible existencia de prácticas monopólicas” especificó
Mena Labarthe, expresó lo anterior incurre en delitos contra la economía pública, en especifico contra el consumo y riqueza nacionales.
La dependencia abundó que ésta es la primera vez que la COFECE, a través de su Autoridad Investigadora, interpone una querella penal ante la PGR.
La colusión en el sector salud es grave pues los insumos adquiridos por este sector inciden directamente sobre los servicios que presta el Estado a la población, los cuales son financiados con recursos públicos, según abunda.
“Al Ministerio Público Federal de la PGR corresponderá proseguir con las pesquisas iniciadas por la Autoridad Investigadora y cuyos resultados se establecen en el Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por dicha unidad de la COFECE, para posteriormente ejercitar acción penal en contra de quienes cometieron el delito o participaron en su comisión” detalla .
Por su parte, la Cofede sigue con el administrativo en contra de las empresas y personas físicas emplazadas. “Conforme al debido proceso, se desahogarán todas las pruebas y alegatos que para su defensa presenten quienes presuntamente participaron en este cártel económico. Una vez agotado dicho procedimiento, el Pleno de la COFECE deliberará sobre su responsabilidad y, en su caso, impondrá las sanciones administrativas correspondientes, las cuales pueden alcanzar hasta 10% de los ingresos acumulables de cada agente económico inculpado y la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos hasta por cinco años”, detalla.
