La Auditoría Superior de la Federación reportó que los gobiernos de los estados en la República Mexicana reportaron irregularidades por 65 mil millones de pesos en el presupuesto público de 2015. Entre éstos, el del entonces Gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, lideró la lista de recursos “observados” por probables daños y perjuicios con más de 7 mil millones de pesos en su penúltimo año de su polémica administración.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).­– La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de más de 65 mil millones de pesos enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.

De acuerdo con el informe general de la revisión a la cuenta pública de 2015 publicado ayer, estos recursos son similares a casi el 10 por ciento del gasto total de la Federación en educación.

El mismo documento muestra que el Estado de Veracruz, gobernado hasta 2016 por el priista Javier Duarte de Ochoa, sigue encabezando la lista de entidades con recursos “observados” por probables daños o perjuicios al patrimonio público.

Al respecto, el informe entregado ayer muestra que Duarte de Ochoa recibió en su penúltimo año de Gobierno 7 mil 075.9 millones de pesos de recursos públicos que sufrieron un “impacto económico”, más otros 630.7 que no fueron ejercidos.

Estas dos cantidades son adicionales a 26 mil 42.6 millones de pesos que Duarte de Ochoa recibió entre 2011 y 2014 y que también recibieron observaciones por irregularidades.

En total, dice el informe entregado ayer, el priísta hoy prófugo de la justicia acumula 34 mil 57.1 millones de pesos con observaciones entre 2011 y 2015; 21 mil de ellos, vinculados con denuncias penales interpuestas por la ASF.

“A pesar de la experiencia que para los Gobiernos locales se debería derivar de un proceso de fiscalización sistemático —realizado por la ASF desde hace muchos ejercicios, y que les permite conocer las irregularidades y áreas de riesgo más importantes en la gestión del gasto federalizado— persiste una significativa incidencia de las mismas en el manejo de estos recursos”, dice el documento, entregado ayer a la Cámara de Diputados.

“Esta es una situación heterogénea en la que se puede observar que algunas entidades federativas han mejorado su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, registran retrocesos”, agrega el capítulo denominado “Gasto federalizado”.

Este tipo de dinero, formado por los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, representó el 34.9 por ciento del gasto neto total federal y concentró la mayor parte de las revisiones de la ASF.

De acuerdo con el documento, estos recursos se envían a través de programas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Aportaciones Múltiples o el programa Prospera, entre otros.

De los 65 mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por las entidades federativas en 2015, la mayor parte (15 mil millones) fueron recursos enviados a través del Seguro Popular, “lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa”, dice la ASF.

Esta cantidad observada en 2015 es menor que los 77 mil 380.6 detectados en el año previo por la misma institución revisora.  Sin embargo, dice la ASF, reflejan todavía una gestión poco transparente y eficiente de recursos públicos que son equivalentes al 9.4 por ciento del total del gasto educativo federal.

“A efecto de ofrecer una perspectiva de la relevancia de la magnitud del monto observado en la Cuenta Pública 2015, cabe señalar, por ejemplo, que dicho importe es equivalente al monto de los recursos asignados por el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) en 2015 a 12 entidades federativas para financiar la nómina del sistema de educación básica”, plantea el informe.

“De la misma manera, dicho monto significa 1.3 veces la asignación del FISM-DF, que beneficia a todos los municipios del país; equivaldría también a cuatro veces el presupuesto federal asignado a los fondos y programas de seguridad pública operados por los estados y municipios”, agrega.

De los recursos “observados” en 2015, 31 mil 744 fueron malos manejos por parte de los Gobiernos estatales, como falta de documentación comprobatoria de siete mil 893.7 millones; o la transferencia a cuentas bancarias diferentes a las asignadas, como ocurrió con seis mil 106 millones; o cuatro mil 936 millones ejercidos sin cumplimiento de objetivos, entre otras irregularidades.

Otros 33 mil 449.1 millones de pesos fueron “subejercicios”, que la ASF considera como sujetos de “riesgo” de que no se apliquen para los fines previstos.

La segunda entidad con mayor cantidad de recursos públicos observados por “impacto económico” es Michoacán, cuyo Gobierno dejó en esa condición cuatro mil 474 millones de pesos en 2015, más otros 546 subejercidos.

Esta entidad arrastra también 20 mil 923.3 millones de pesos con observaciones desde 2011, y es también el segundo lugar en recursos –más de cinco mil millones de pesos–, sujetos a denuncias de hechos y penales.

Les sigue el Estado de Tabasco, con mil 608.9 millones de pesos vinculados con denuncias de hechos o penales, de un total de cinco mil 814.3 millones con irregularidades desde 2011.

También el Estado de México, que arrastra 11 mil 737.9 millones de pesos pendientes de explicar desde 2011, acumuló ocho mil 98 en la cuenta pública de 2015; la mayor parte, o cinco mil 699 millones, vinculados con subejercicios.

“El monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 podría interpretarse como la brecha en la generación de beneficios reales o potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada”, advierte el documento en su apartado sobre gasto federalizado.

El informe fue presentado ayer por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, quien informó que, de las mil 643 auditorías realizadas, mil 184 fueron sobre la forma en la que se ejerce este tipo de recursos enviados a las entidades y municipios.

“Estamos conscientes de que la existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, advirtió el auditor en su mensaje.

“Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”, agregó.