Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Jornaleros de diversas regiones de Guerrero compartieron su testimonio como trabajadores de la industria agroalimentaria. En sus relatos, el denominador común que se encuentra apunta a la violación a sus derechos humanos.

Tres hombres y una mujer –algunos miembros de una misma familia–, dijeron haber salido de su pueblo en busca de trabajo, porque de quedarse no hubiesen sobrevivido ante la falta de oportunidades, pero en esa travesía se encontraron con injusticia, abandono por parte de las autoridades y el abuso de los empleadores.

Desde hace años el gobierno mexicano no ha sancionado a ninguna empresa del sector agroalimentario. A pesar de las violaciones a los derechos humanos que se viven en al menos 19 estados de la República, las autoridades han asegurado que “no tienen elementos para actuar” y “no tienen competencia”, denunciaron organizaciones sociales y jornaleros de diversas regiones del país.

Representantes sindicales e investigadores aseguraron que la situación que viven trabajadores de la industria agroalimentaria del Valle de San Quintín, Baja California, es el espejo de lo que sucede en otros estados de la República mexicana, producto de los vacíos del Estado que permiten, entre otras cosas: la explotación laboral, abuso sexual, trabajo infantil, privación de la libertad, trata de personas, ausencia de seguridad social, privación del derecho a la educación y la negación a la justicia.

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José [su nombre fue cambiado] es un joven que salió desde pequeño de la Costa chica de Guerrero. A los nueve años comenzó a trabajar en los campos de Jalisco. Él sabe todo acerca del corte y recolección de chiles, como el jalapeño y serrano, así como el levantamiento de jitomate y tomatillo. Y también conoce lo que es vivir sin agua limpia, sin seguro social, sin electricidad y bajo el constante abuso físico.

Con más de veinte años encima José es un hombre fuerte harto del maltrato laboral. Durante una conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) narró que a los empleadores no les importa la salud y el bienestar de un jornalero. “Ellos hacen el trato con el comprador, que a veces pide cinco o seis camiones de chile y entonces al patrón no le interesa si tienes sed, hambre o estás cansado, a ellos sólo les importa sacar la cosecha del día”.

El joven acusó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se acercó a la comunidad donde vivía decenas de empleados y les prometió ayuda económica de 800 pesos por familia, incluso –dijo– la dependencia otorgó una tarjeta de débito a cambio de que llenaran un formato y la copias de su credencial de elector y del acta de nacimiento.

“Llegó gente por parte de Sedesol y dijeron que para dar un programa de 800 pesos. Comenzaron a tomar datos de toda la familia completa y nos dijeron que en 15 o 20 días el depósito iba a estar hecho, luego les volvimos a hablar y dicen que no, que espérense, que se retrasó y luego nos dijeron que fuéramos a ver al banco y metimos la tarjeta y no tenía nada. Este programa tiene tres años pero no hemos recibido nada de Sedesol”, detalló José.

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La madre de Alberto [su nombre fue cambiado] murió en una empresa agrícola de Sinaloa. Él salió de la sierra desde hace 30 años en busca de oportunidades. Conoció el campo de Michoacán, Morelos, Zacatecas y hace poco llegó al noroeste del país.

“Ya no llueve, nuestro campo necesita lluvia y ya no llueve, por eso le estamos buscando por otra parte”, declaró.

Alberto buscó ayuda médica en el Seguro Popular porque estuvo enfermo pero le negaron el servicio y le dijeron que sólo lo atenderían en su lugar de origen y no en el lugar donde él y su familia radicaban. Tuvo que pedir prestado para que fuera operado. A la par su madre enfermó, semanas después murió.

“El día 2 de marzo me operaron. No me di cuenta que mi mamá estaba enferma. El día 2 de abril se murió mi mamá de repente. Y hoy estamos aquí, compartiendo nuestra historia de jornaleros, como migrantes que buscan trabajo”, refirió.

La mujer era la suegra de Juventino [su nombre fue cambiado], él contó que tras la muerte de la señora nuevamente tuvieron que pedir prestado 32 mil pesos. Un gobierno municipal de la zona sur de Sinaloa les prometió reembolsar los gastos funerarios y de traslado del cuerpo, pero luego que ellos pagaron, las autoridades locales comenzaron a ponerles trabas para no regresarles el dinero.

“Por eso salimos, por mi mamá [fueron a enterrarla a Guerrer]. Les pedimos que nos ayuden a dar este mensaje de lo que está ocurriendo con los jornaleros. Donde trabajamos a veces no hay de comer, no hay agua para tomar, luz…”, pidió Alberto.

Juventino, originario de Tlapa de Comonfort, Guerrero, quien ha sido jornalero la mayor parte de su vida, explicó que tuvo que migrar para tratar de salir adelante. Explicó que muchas veces se enfrentó a injusticias y robo.

El hombre contó que normalmente en las zonas de trabajo se les cobra la renta desde el inicio, además de los depósito, los cuales, al final de la temporada no son regresados pues “nada más por algo pequeño, como una grieta o algo ya lo ponen de excusa para quedarse con los mil 500 pesos”. Además relató que los trabajadores que no cuentan con dinero para alojamiento se les manda a dormir bajo los árboles o a campamentos improvisados.

“Estoy triste por mi suegra, pero tuvimos que migrar porque no hay trabajo. Somos migrantes porque no hay trabajo. Tenemos que migrar a Sinaloa donde nos maltratan. Allá están pagando tres pesos el bote, ahí trabaja uno todo el día, y en otros lugares también maltratan”, aseguró.

Antonia [su nombre fue cambiado], integrante de la misma familia, dijo –en un español apenas entendible– que a ella la golpearon en la cabeza; dijo que fue víctima de discriminación por parte de uno de los empleadores quien le aventó el bote donde se entrega el tomate.

Sergio Rincón

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