A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rinda su informe correspondiente al segundo periodo de su mandato como coadyuvante en el caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratifica su primer informe rendido en septiembre de 2015 en donde involucra a elementos de la Policía Federal.

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer un reporte sobre el caso Iguala que coincide con los planteamientos del Grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) realizados en septiembre de 2015.

Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final sobre su primer periodo de mandato en México como coadyuvante del caso, la Comisión que dirige encontró 15 coincidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

“El 23 de julio dimos nuestros avances e hicimos varias propuestas al Ministerio Público e identificamos 15 coincidencias con el grupo de expertos. Yo he realizado varios pronunciamientos donde he respaldado el trabajo del GIEI. Hemos tenido interacción con el grupo, el titular de la oficina para caso de Iguala ha tenido reuniones con ellos y hemos intercambiando información”, dijo.

González Pérez precisó que siempre se ha pronunciado por la participación de distintos órganos de derechos humanos en el caso de la desaparición de los estudiante, entre ellos la de la CIDH con su grupo de expertos.

“Nosotros hemos sido respetuosos de los acuerdos que han tomado el Gobierno de la República y la Comisión Interamericana y seremos respetuosos”, respondió al cuestionársele sobre la pertinencia de que se amplíe el mandato del GIEI que culmina este mes.

Ayer el informe que rindió la CIDH establece, como lo hizo en septiembre de 2015 el GIEI, que existen elementos para pensar que agentes de la Policía Municipal de Huitzuco, y dos de la Policía Federal, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes.

González Pérez dijo que la investigación del caso Iguala “es un expediente abierto y debe ser asumido como prioridad nacional”. El Ombusman nacional agregó que no se puede permitir la impunidad en lo ocurrido con los normalistas.

Al dar a conocer los detalles del caso, José Trinidad Larrieta Carrasco, encargado de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, dijo que los dos elementos federales presenciaron el momento en que los normalistas eran subidos a la fuerza en una patrulla de la Policía Municipal de Iguala y en tres de la Policía de Huitzuco sin que hayan intervenido.

Así, la CNDH presentó una nueva línea de investigación que debe ser retomada por la PGR en el caso Iguala que involucra a policías municipales de Huitzuco, Iguala y policías federales en la desaparición de entre 15 y 20 normalistas.

Larrieta dijo que la línea basada en un testigo directo de los hechos establece que en el “Puente del Chipote” frente al Palacio de Justicia de Iguala, el autobús Estrella de Oro 1531 fue detenido, luego de ser perseguido a balazos y sus llantas ponchadas.

Ahí los policías municipales de Iguala golpearon con piedras y palos los vidrios de la unidad, lanzaron al interior granadas con gas lacrimógeno y obligaron a los estudiantes a bajar del vehículo.

Una vez abajo, en la cinta asfáltica de la carretera federal Iguala-Chilpancigo, fueron golpeados, colocados boca abajo sobre el suelo y subidos a patrullas de Iguala y tres de Huitzuco.

De acuerdo con la CNDH todo ocurrió con la participación y conocimiento de dos policías federales. Según el testigo de la CNDH, los normalistas habrían sido entregados a una persona llamado “El Patrón”.

El testigo dijo, según las indagaciones de la Comisión, que un Policía municipal de Iguala habló con un agente de la Policía Federal:

–¿Qué pasa con los chavos? –preguntó el policía federal.

–Allá atrás chingaron a un compañero, nos los vamos a llevar a Huitzuco, que ‘El Patrón’ decida qué hacer con ellos –contestó el agente municipal.

–Ah ok, ok, reviró el Policía Federal.

Los jóvenes fueron subidos esa noche en patrullas y tomaron el camino que lleva a Huitzuco. Ese fue la última vez que se vio, detalla el informe de la CNDH.

La Comisión utilizó la lista de los normalistas que iban en la unidad Estrella de Oro 1531 que presentó en septiembre el GIEI, en donde incluye al joven Alexander Mora, cuyos restos (un molar y un pequeño hueso) ya fueron identificados.

El órgano de derechos humanos adelantó incluso que solicitó formalmente al grupo los documentos que tiene sobre el caso para apoyarse en su investigación.

“El 15 de marzo la CNDH solicitó formalmente al GIEI el soporte documental de sus investigaciones y conclusiones para que sea incorporado formalmente al expediente de este organismo nacional y valorado integralmente junto con las pruebas existentes. La CNDH estará pendiente de la atención que el GIEI brinde a esta petición”, dice el documento.

EL QUINTO AUTOBÚS QUE EVIDENCIÓ EL GIEI

Desde septiembre del año pasado, la versión de que agentes de la Policía Federal estuvieron en la llamada “noche de Iguala” fue exhibida por expertos internacionales.

El informe presentado en septiembre de 2015 abrió nuevas interrogantes en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, como la existencia de un quinto autobús y de un mensaje de texto enviado la madrugada del 27 de septiembre.

El documento del GIEI habla de un quinto autobús que desapareció de la escena y que nunca investigó la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de su verdad histórica. También revela la existencia de un mensaje de texto que el normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió a su madre la madrugada del 27 septiembre.

El informe dice que el teléfono celular de Cruz Mendoza registra una llamada a las 22:16 horas del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala de la Independencia con coordenadas 18o19 ́44” N, 99o30 ́27” W lugar donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531. Precisa que el normalista recibió un mensaje a las 22:23:20 horas.

Posteriormente, dice el documento, a las 01:16 horas del día 27 de septiembre, su madre recibió este mensaje: “Mamá me puede poner una carga me urge”. De este mensaje no se tiene conocimiento de la coordenada, refiere el documento presentado por el GIEI de la CIDH.

“Después del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas llamadas y mensajes entraron al celular de Jorge Aníbal. EL GIEI no ha podido determinar si hay razones técnicas que expliquen estos hechos, pero ha solicitado la investigación de estos mensajes, debido a que según las declaraciones de inculpados los teléfonos habrían sido destruidos inmediatamente”, refirió el Grupo de Expertos.

Otra de las interrogantes abiertas en el caso de los 43 normalistas tras el informe del GIEI es la existencia de un quinto autobús que desapareció de la escena, que nunca investigó la PGR, ni consignó en su expediente y que para los expertos independientes pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o con dinero.

“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”, dice el informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

Los expertos revelaron que hay un autobús, que se puede apreciar en un video proporcionado en julio de este año por la central camionera de Iguala, en el que se aprecia que el vehículo que toman los normalistas sale por la parte de atrás de la terminal, se conduce hacia el Periférico Sur, pero prácticamente desapareció del expediente de la PGR.

El autobús desaparecido, un Estrella Roja, consta en la primera consignación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG), pero es inexistente en el expediente posterior que arma la PGR, a pesar de que los normalistas insisten en que tomaron cinco camiones y no cuatro, como consignó en un primer momento la dependencia federal.

“Mientras los normalistas y la primera consignación realizada por la PGJG hablaban de cinco autobuses, (dos Estrella de Oro, dos Costa Line y un Estrella Roja), la investigación de la PGR señalaba que se trataba de cuatro autobuses (sin hacer mención al autobús Estrella Roja), a pesar de que dicha información estaba referida, incluso, en los testimonios de sobrevivientes tomados el mismo día de los hechos e incluidos en el expediente. Sin embargo, en el expediente se hacía referencia a un autobús, que habrían tomado los normalistas, que habría salido de la central e inmediatamente habría sido destruido por los estudiantes e inutilizado, aunque nunca fue identificado ni investigado como escena de crimen”, revelaron los expertos en el documento.

De acuerdo con el GIEI cuando el grupo le informó a la PGR que existía otro autobús, con base en el video analizado de la central de camiones, se tomó la declaración al chofer, sin la presencia de los especialistas. Declaración que no coincide con la narración ofrecida por normalistas sobrevivientes.

La versión de los normalistas indica que el chofer del autobús pidió a los estudiantes detenerse para que una mujer le entregara documentación y ropa que requería. Luego de esperar, el autobús llegó a la salida de Iguala-Chilpancingo en donde ya había sido detenido el autobús Estrella de Oro 1531, cerca del Palacio de Justicia (escena que debió estar contenida en los videos que el grupo reveló como desaparecidos en su informe pasado).

En ese punto, el quinto autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal (PF) y los jóvenes fueron obligados a bajar y a huir a un cerro.

“Existen varias evidencias en el C-4 –el sistema de cámaras de vigilancia- de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia Pajaritos y la colonia 24 de febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones de los normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en declaración nuevamente rendida en julio de 2015”, dice el informe.

El informe revela que los estudiantes que iban en ese autobús bajaron del cerro y caminaron por la carretera, pero fueron perseguidos a balazos. Varios de ellos escaparon y se resguardaron en una casa. La persecución a estos jóvenes se extendió durante horas.

Sin embargo a pesar de que existe un testigo y una declaración manuscrita en el expediente de estos hechos, lo que sucedió con ese autobús y los jóvenes que huyeron hacia el cerro, nunca se investigó.

De acuerdo con las pesquisas de los expertos, la PGR presentó un autobús Estrella Roja 3278, contestando que era el camión que aparece en el video, saliendo por la parte de atrás de la central camionera, mismo que de acuerdo con las autoridades fue abandonado inmediatamente después por los estudiantes, razón por la que nunca se investigó como escena del crimen.

Pero según un peritaje realizado por personal del GIEI, el grupo de expertos sostiene que hay diferencias importantes entre ambos autobuses (el presentando por la PGR y el del video) y que existe la posibilidad de que no se trate del mismo.

CÁMARAS QUE REGISTRARON TODO Y SE PERDIERON

Otra de las coincidencias importantes entre la CNDH y el GIEI es lo referente a las cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala, frente al “Puente del Chipote”.

En sus recomendaciones a la PGR, la CNDH propone: “Ampliar la declaración ministerial del elemento militar que acudió al ‘Puente el Chipote’ y presenció parte de los hechos suscitados e hizo cuatro tomas fotográficas en la escena criminal; continuar con las investigaciones hasta lograr, de ser posible, la recuperación técnica o material del video del Palacio de Justicia de Iguala que contiene imágenes del ‘Puente del Chipote’ correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014”.

Pero esos videos de acuerdo con las declaraciones de militares del 27 Batallón destacamentado en Iguala, Guerrero, encargados del Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando de Iguala (C4) y de la persona que tuvo acceso a las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala dan cuenta de que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 hubo grabaciones importantes que se perdieron por fallas en el equipo y copias de seguridad que protegieron en DVD’s que, al final, simplemente se vieron en negro.

Los testimonios, contenidos en la versión pública de la segunda parte del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), también dan cuenta de que esa noche sólo funcionaban cuatro de las 25 cámaras de seguridad que había en ese momento instaladas en Iguala y que esa noche estuvo un elemento del municipio y un militar del 27 Batallón en el C4 al pendiente del monitoreo de las cámaras en buen estado.

La pérdida de evidencia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue reclamada por el GIEI el 17 de agosto de 2015.

“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el grupo en ese ocasión.

En el Tomo 135 del expediente del caso está la declaración de una persona que laboraba en ese momento en el Palacio de Justicia de Iguala. Aunque su nombre y su puesto están tachados, deja ver la responsabilidad que tenía a cargo de dos cámaras de seguridad que grabaron el punto específico al que hizo referencia el GIEI.

El testigo afirma que vio las grabaciones de la cámara número 15, en donde se observaban las luces de las patrullas encendidas y que decidió pedir que la información fuera respaldada por considerar que podría ser útil en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

La declaración ministerial contenida entre las fojas 280-282, tomada en el Palacio de Justicia de Iguala el 26 de agosto de 2015 (una semana después de que fue dada a conocer la pérdida de evidencia por el GIEI) a una persona que laboraba en el sitio, da cuenta de que las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron revisadas en el lapso de 15 días después de los hechos del 26 de septiembre, antes de que la información fuera borrada.

“Por lo que al intentar respaldar los videos en discos DVD del día 26 de septiembre de 2014 de las cámaras 12 y 15 por considerar información tal vez importante, me percaté que el DVR [dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en formato digital] de seguridad respaldó dicha información en un disco tipo DVD, los cuales al intentar reproducirlos en una laptop me di cuenta que aparecía solo la pantalla en color negro, como si el archivo estuviera dañado, situación que yo atribuyo a que el disco duro del DVR tiene daños y presenta fallos por lo que los consideré inservibles y los deseché. Cabe mencionar que si bien recuerdo intenté hacer el respaldo aproximadamente cuatro o cinco veces con distintas horas, para que sí se pudieran respaldar sin importar el peso del archivo en relación a las horas, pero de la misma forma ninguno de los respaldos fue viable. Lo anterior lo hice con la intención de rescatar la información por si llegara a ser necesaria”, declara.

El testigo explica que al enterarse en los noticieros de lo sucedido la noche del 26 de septiembre y de que personal de intendencia del edificio le indicara que había vidrios rotos, decidió revisar el contenido de las grabaciones de esa noche.

Así fue como llegó a la cámara 15 a las 22:30 del 26 de septiembre, hora de la grabación, para observar dos “camionetas de patrullas”. En la grabación de la misma cámara pero del 27 a las cero horas, los vehículos seguían en el mismo lugar: “Es decir sobre la carretera federal México-Acapulco, sin poder precisar en qué punto exacto ni en qué sentido, puesto que por la oscuridad solo veía los destellos de las luces rojas y azules, situación que me inquietó y decidí intentar respaldar la información sin poder hacerlo”.

El agente del Ministerio Público sólo hizo tres preguntas al testigo. Entre ellas si el respaldo de las grabaciones del Palacio de Justicia podía hacerlo de forma discrecional, pero en ningún momento se le cuestionó si al revisar los videos vio más escenas sobre lo ocurrido esa noche frente al edificio.

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

La Comisión dio a conocer también diversas recomendaciones a la PGR, entre ellas, que se recaben declaraciones y ampliaciones de declaración de algunos elementos de las policías estatal, ministerial de Guerro y Federal, así como de los elementos militares destacamentados en las ciudades de Iguala y Cocula, “a efecto de que rindan testimonio relacionado con las acciones que pudieron haber desarrollado en sus respectivas dependencias en la sucesión de los hechos investigados”.

Incluso propuso que se solicite a la Sedena datos sobre quiénes de los 43 normalistas pertenecen o han pertenecido al Ejército.

Pidió también continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes; así como, para dar certeza a las familias, agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes, como la que afirma que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la Sierra del Estado de Guerrero, la que indica que en Apango “ya apareció uno con vida”, y incluso otra que afirma que “están autosecuestrados”.

Por otra parte, también pidió que se resuelva “lo que en derecho proceda respecto a las circunstancias en que se dio el deceso científicamente probado de quien en vida respondió al nombre de Alexander Mora Venancio, originalmente desaparecido con 42 de sus compañeros normalistas”.