El viernes pasado, el pleno del INAI eligió al Comisionado Francisco Acuña como su representante. Él encabezará el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y se encargará de llevar al Instituto a un proceso de consolidación tras las reforma constitucional y la aprobación de la Ley General de Transparencia.

Francisco Acuña enfrenta un reto mayúsculo, no solamente porque el acceso a la información y la transparencia se han convertido en una exigencia ciudadana cada vez mayor ante los altos niveles de corrupción, si no frente a una realidad permeada por la desigualdad y las condiciones asimétricas en las que se garantizan los derechos humanos en el país.

Desde su creación, el entonces IFAI ha centrado sus esfuerzos en la resolución de controversias relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales y ha dejado en el rezago la promoción de ambos derechos entre las poblaciones más vulnerables. Incluso ha habido momentos en que los propios comisionados han señalado que la información es un derecho para las élites. De esta manera, la brecha digital existente ha significado una doble exclusión para los grupos más vulnerables en el país y la concepción de un sistema de acceso a la información basado en tecnologías de información lo hace muy evidente.

El sistema debe reconocerse como uno que acerca la información a la ciudadanía y no viceversa. En este sentido, Acuña debe promover una visión en la que en el centro del derecho a la información se encuentre el ciudadano y no los sujetos obligados; en el que el Instituto se convierta en un verdadero garante de derechos humanos y no en un administrador de la gestión pública. El enfoque del sistema significaría provocar la universalidad de un derecho que hoy parece ser de unos cuantos.

Por otro lado, a Acuña le toca defender los archivos y los graves intentos de cooptar la memoria y recortar la historia de este país. Hasta ahora la posición del INAI ha sido lo suficientemente timorata como para que el Senado siga sin cumplir con la obligación de legislar y con la intención de mantener las lagunas existentes aún a pesar de un alto reclamo de la sociedad, la academia y la comunidad de historiadores de la región. Sin una buena ley de archivos no es imposible hablar de un verdadero combate a la corrupción y la impunidad.

Además de estos dos retos -que para nada son menores- el Instituto se enfrenta a una crisis de legitimidad. Como la mayoría de las instituciones del Estado, para un gran sector de la sociedad, el INAI no se escapa de la cooptación política y de los intereses del poder y esta lejos de considerarse una entidad autónoma e imparcial. De esta manera, el Instituto se enfrenta ante la posibilidad de romper esquemas, aprovechar la colegiación y maximizar la protección de los derechos que debe garantizar. Para esto, es importante, no solamente adoptar criterios congruentes y progresivos sino reivindicar el camino. Por ejemplo, el Instituto que -en sus inicios como organismo nacional- negó la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de la vigilancia masiva a la ciudadanía, ahora debe reconocer que se equivocó y sancionar a las autoridades que están abusando de su poder para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos. En el mismo sentido y como lección aprendida, debe tomar una posición contundente en pro de la máxima publicidad respecto al blindaje que buscan las fuerzas armadas a través de la ley de seguridad interior respecto al escrutinio público que brinda el acceso a la información.

Luego entonces a Francisco Acuña le toca decidir hacia dónde quiere llevar el barco, a la luz o a la sombra. No es una tarea fácil, existen muchos intereses y expectativas de por medio. En este periodo se definirá el rumbo que tomará la transparencia en el país, veremos si estos 14 años han sido de cosecha o si, de plano, llega la sequía.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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