Las demandas estratégicas contra la participación pública inclinan, de manera muy efectiva, el balance en favor de aquellas compañías que van en contra de los grupos de defensa, aun cuando eso implique transgredir los derechos humanos y dañar el medio ambiente para obtener beneficios. Foto: Greenpeace.

Por Paloma Neumann*

Las maneras en que los poderes fácticos silencian a la crítica son diversas: puede ser un gobierno limitando o cortando el acceso al internet doméstico, o deteniendo un programa de radio que investiga y documenta un caso de corrupción. Puede ser tan flagrante como asesinar o encarcelar a un periodista, o tan sutil como vigilar a organizaciones civiles y enviar a sus miembros mensajes celulares de forma encubierta.

En nuestro país pareciera que es cada vez más fácil deshacerse de un periodista, activista o ciudadano incómodo. Vemos con creciente preocupación y frecuencia casos de periodistas y activistas intimidados, desaparecidos y asesinados. Pero en otros países o sociedades en los que gobiernos y empresas actúan bajo la ley, cuando se quiere acallar a un grupo o persona incómoda que trabaja en la defensa de los derechos humanos o del ambiente, se recurre a la Corte donde se le demanda para conducirlos a un estado de parálisis.

Claro está: la contratación de matones es más fácil que destinar enormes recursos financieros y legales para silenciar a un crítico. Pero, debido a la solidez de la aplicación de la ley en otros países, esta última es exactamente la idea de las demandas estratégicas contra la participación pública (Strategic Lawsuits Against Public Participations o SLAPP por sus siglas en inglés); las cuales tienen el objetivo de hundir al demandado en la parálisis, a pesar de que esto signifique al demandante “atarse” al crítico incómodo (por la complejidad, los recursos y el tiempo que demanda esta estrategia) con tal de que el acusado ya no pueda cumplir su deber cívico como guardián.

Las demandas estratégicas contra la participación pública inclinan, de manera muy efectiva, el balance en favor de aquellas compañías que van en contra de los grupos de defensa, aun cuando eso implique transgredir los derechos humanos y dañar el medio ambiente para obtener beneficios. El impacto de este tipo de demandas va más allá de la Corte, se está convirtiendo en un esquema popular para que cualquiera, siempre y cuando tenga el tiempo y los recursos, pueda estrangular la libertad de expresión.

En este momento, Resolute Forests Products (Entérate más en: http://act.gp/2qhnPYn)  una compañía forestal canadiense productora de pulpa y papel, está utilizando este tipo de demanda en contra de Greenpeace. La gigantesca empresa maderera (defendida por el equipo legal que representa a Donald Trump) está demandando a la organización ambientalista  por protestar contra la destrucción de los bosques ancestrales de Canadá, usando una ley llamada “RICO” (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) diseñada para combatir a la mafia en los Estados Unidos. Resolute está tratando de etiquetar la defensa de causas legítimas, la protesta y la sensibilización pública como “criminales”.

Las demandas de Resolute se sustentan en acusaciones ridículas y sin fundamento, pero ese no es el punto, porque este no es un caso que Resolute necesariamente esté tratando de ganar. La victoria en una demanda estratégica contra la participación pública llega mucho antes que el veredicto final: el éxito está en su propia ejecución. ¿Ha inmovilizado a su crítico con su costoso y agotador embrollo legal? ¿Sí? Entonces lo ha conseguido.

Esto no se trata sólo de Greenpeace. Hablamos de que cualquier grupo de protesta, defensa o vigilancia ciudadana en cualquier lugar o país puede ser demandado por una corporación. Se trata de los indígenas de Standing Rock, de la defensa de la tribu yaqui por su territorio y su agua, hablamos del derecho de las comunidades por defender el acceso a un ambiente sano contra las corporaciones mineras, de los ciudadanos y activistas que defienden su salud y su tierra, de los periodistas valientes que se atreven a alzar la voz contra los abusos del poder, del derecho a la libertad de expresión por el bien público.

Las empresas que aprovechan trucos que otros han desarrollado en la Corte para atacar la libertad de expresión en otros juzgados: se desarrollan en un lugar, cuyo impacto se siente en otro lado. El caso de Resolute es claro: la empresa está usando los tribunales de los Estados Unidos para detener el trabajo realizado en Canadá, y así frenar el derecho a la libertad de expresión de una organización civil internacional.

Permitir que evolucionen las demandas estratégicas contra la participación pública crea un cáncer creciente y maligno que se construye en defensa del interés público para evitar que las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas hagan su trabajo. Imaginemos que  las empresas e industrias no sólo operaran sin control, contaminando nuestros ríos, cortando de tajo nuestros bosques, acabando con la libertad de expresión, sino que además la ley estuviera de su lado, facilitando herramientas para intimidar a cualquiera que los denuncie.

Es importante frenar juntos esta intentona de acallar a la sociedad civil antes que las demandas contra la participación pública se conviertan en un método de intimidación corporativa normalizado. Cuando exponemos este tipo de litigios estamos tomando una postura frente a todos nuestros derechos, en todas partes. Juntos podemos enviar un mensaje fuerte e inequívoco: evitar la discusión, ahogar a los críticos en procedimientos legales falsos no es sólo cobardía, sino que no funcionará.

*Paloma Neumann es campañista de Megaciudades de Greenpeace México

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