Patricia Bugarin Gutiérrez, subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, dijo esta tarde de miércoles que la causa en contra del empresario priista Jorge Hank Rhon tuvo una valoración parcial y subjetiva por parte de juez noveno de distrito de Baja California, Blanca Evelia Parra Meza.
En conferencia de prensa, dijo que el expediente que el Ministrio Público puso a disposición del Poder Judicial “era sólido y acreditaba ilícitos”.
La subprocuradora se dijo preocupada por lo que, dijo, fue una “valoración parcial efectuada por la juez que trae como consecuencia de las armas, 78 de ellas sin licencia, entre las que se encuentran dos vinculadas a igual número de homicidios y 49 de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en ningún momento fuera valorada, dado que incluso dejó de resolver sobre el aseguramiento de dichas armas, las cuales se encontraban a su disposición, y de las cuales había dicho que resolvería sobre éstas al momento de determinar la situación jurídica de los indiciados. En su resolución (en la cual se concedió la libertad a Hank Rhon y sus coacusados) la dejó sin resolver”.
En particular, añadió, le preocupa que la decisión, en específico de la jueza Blanca Evelia Parra, “pueda tener como consecuencia la impunidad de los delitos de acopio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas que se imputan en este caso”.
Pocas horas antes de la conferencia, criticó liberación del ex alcalde de Tijuana. Dijo que la resolución a su favor daña la imagen del Ejército y representa “un revés” para la justicia mexicana.
El fallo de la jueza federal que ordenó liberar a Hank Rhon por falta de elementos para inculparlo crea la impresión de que las armas no le pertenecen, sino que fueron colocadas en su casa por los militares, dijo la titular de la SIEDO. “Ese daño (al Ejército) se hizo a través de afirmaciones que hasta el momento no fueron probadas; se habla, son los mismos términos de la defensa, de siembra de armas, eso es algo que no se demostró en ningún momento”, dijo Bugarín en una entrevista con Imagen Radio.
EL TIJUANAZO
Hank Rhon estuvo diez días preso: del 4 al 14 de junio. Las causas que intentaron fincarse en su contra fracasaron por falta de pruebas. Tanto el Ejército, la PGR como Procuraduría de Baja California no lograron acreditar los delitos imputados al ex alcalde priísta.
El pasado martes 14 de junio, el político priista fue liberado por un juez; reaprehendido por autoridades estatales, tuvo que ser puesto en libertad poco después. El caso se conoce como el “tijuanazo”, una versión abreviada y todavía más controvertida que el “michoacanazo”.
El fracaso de las autoridades mexicanas para retener a Hank Rhon le dio la vuelta al mundo. Medios tradicionales estadounidenses como Forbes, The Wall Street Journal, The New York Times, Herald Tribune, CNN International, Fox News, Los Ángeles Times y otros reseñaron la fallida aprehensión del ex alcalde.
La noticia apareció en los portales internacionales más selectos y de mayor circulación a nivel internacional: desde el China Daily pasando por el Times de Omán, The Guardian, BBC News, The Examiner, y otros, además del diario El País, en España.
The Wall Street Journal dijo que “la aparente causa fallida del gobierno subraya la debilidad del sistema de justicia de México, que es vulnerable a la corrupción y en el que comúnmente los jueces desechan casos por la incompetencia de los fiscales. [El caso Hank] marca la segunda gran derrota judicial para el gobierno de Calderón. En 2009, el Ministerio Público arrestó a 35 funcionarios, incluyendo 10 alcaldes, en el estado natal del presidente, en Michoacán; se les acusó de colusión con el tráfico de drogas. Todos menos uno de los arrestados fueron puestos en libertad”.
“Es un enorme golpe político para Calderón, y uno todavía mayor para todos los mexicanos que tenían una esperanza en que el gobierno federal tenía una estrategia contra la impunidad”, dijo Andrew Selee, cabeza del Mexico Institute basado en el Centro Woodrow Wilson de Washington, según la reseña de The Wall Street Journal.
El País reseñó la odisea del empresario tijuanense y destacó el ridículo por el que pasa el gobierno federal al inculpar al político sin argumentos sólidos.
