Por Alejandro de la Peña*

Las personas extranjeras en tránsito o residentes en el país se encuentran en una situación de especial riesgo debido a la alta vulnerabilidad en que se encuentran en el terreno jurídico, económico y social, lo cual ha aumentado considerablemente con el endurecimiento de las políticas migratorias y el discurso de odio impulsado por sectores relevantes de nuestra sociedad –cuyo punto álgido llegó con Donald Trump en su llegada al poder en Estados Unidos de América.

Desde nuestra experiencia, resulta fructífero abordar la problemática de las consecuencias individuales y sociales de la violencia desde un enfoque de Salud Mental, entendiendo por esta última “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por lo tanto, la salud mental no se reduce a la atención psicológica, sino que es la construcción de un bienestar completo de las personas, que significa la garantía y acceso a un Derecho Humano reivindicado en la Constitución de la OMS y el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho que no debe distinguir de nacionalidad, origen social o étnico independientemente de la nación donde la persona se encuentre.

En nuestra labor desde Sin Fronteras IAP, observamos que las personas migrantes y sujetas de protección internacional asentada en la Ciudad de México presentan casi inevitablemente estragos derivados de las presiones inherentes a su experiencia migratoria y potenciados por la violencia que viven en sus lugares de origen, tránsito y llegada: es frecuente que presenten situaciones negativas en su salud física y mental–recurrentes enfermedades comunes como problemas respiratorios, estomacales o cefaleas, además de cuadros emocionales recurrentes de ansiedad desbordada, trastornos del sueño o depresión, entre otros- que desembocan en la merma de sus capacidades para enfrentar su inserción laboral, económica, residencial, jurídica y en su dinámica familiar.

En resumen, las afecciones emocionales tienen un impacto en las múltiples dimensiones de los seres humanos, se acrecientan en las personas en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, es necesario un enfoque integral para abordarles.

Ante ello, en el contexto de la Ciudad de México (CDMX) –y en general del país- se observa una atrofia de los servicios de salud, en los que los servicios de salud mental son reducidos, consecuencia especialmente de la insuficiencia de estructura de institucional publica suficiente para dar atención preventiva y paliativa en estos temas. Específicamente, en temas de atención a la salud mental los principales servicios son paliativos –destacan las estructuras de salud comunitaria como los Centros Comunitarios de Salud Mental de la Secretaria de Salud o instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría- y hay pocos esfuerzos preventivos –en esta labor destaca el Hospital de Emociones dependiente del Instituto de la Juventud del Gobierno de la CDMX.

Enfocados a las personas en movilidad los esfuerzos son aislados y tienen una visión de acotada de la migración: instituciones como Centros de Integración Juvenil o el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” consideran en sus proyectos a esta población, sin embargo, muchas veces se enfocan a población migrante mexicana retornada, haciendo invisible a la población extranjera en tránsito o asentada en el país. Este olvido es frecuente en los servicios de salud – a veces por desconocimiento y otras por dolo-, derivando en prácticas que- por acción u omisión- podemos considerar discriminatorias e incluso xenófobas. Una garantía plena del derecho a la Salud Mental de las Personas sin importar su nacionalidad implica ir en dirección contraria.

Para intentar solventar algunas de las necesidades en atención a la salud mental de la población en movilidad en situación de movilidad en la CDMX, algunas organizaciones de la sociedad civil hemos desarrollado métodos de intervención que contemplan este enfoque, que si bien pueden ser limitados en su alcance poblacional, dan luces de hacia dónde dirigirnos. En Sin Fronteras IAP contamos con un Modelo de Atención Integral que ubica a la salud mental como eje central y reconoce que nuestras acciones jurídicas, psicosociales o políticas, independientemente de su área de especialización, impactan en el bienestar de la persona.

Desde el Modelo de Atención Integral es necesario reconocer la particularidad cultural de cada persona, centrando la labor en el conocimiento mutuo, la calidez y cuidado de las pequeñas acciones: nuestro esfuerzo por rehabilitar las habilidades de las personas para acceder a sus derechos y la creación de condicione sociopolíticas para ello se guía por una asunción ética conformada por una intervención integral –es decir, que considera la interdependencia las áreas de bienestar de la persona-, la acción sin daño –que implica garantizar que no existan nuevas consecuencias con la intervención, antes que beneficios-, la no re victimización –o el esfuerzo por que los procesos institucionales de atención no violenten nuevamente los derechos de las persona-, la interculturalidad –que es la construcción de relaciones desde las diferencias- y el autocuidado de los equipos de trabajo –que reconoce que las personas que intervenimos también nos vemos afectadas y para ayudar a alguien necesitamos cuidar también nuestro bienestar.

Si deseamos que esquemas similares se logren en las intuiciones públicas mexicanas es necesario superar su mera enunciación en leyes o declaraciones, se trata más bien de una labor que concrete condiciones reales de acceso: el esfuerzo se debe encaminar acorde a lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas señala como mínimos para garantizar el acceso a al derecho a la Salud, a saber, disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad.

En Sin Fronteras IAP tenemos la convicción de que para evitar las consecuencias negativas de la violencia y la movilidad es necesario la apropiación del enfoque de salud mental reconozca la interseccionalidad de las desigualdades y la integralidad del bienestar. En nuestro reciente informe “Salud Mental y Movilidad Humana”, exponemos nuestro modelo de atención y los retos existentes para las instituciones públicas en la atención de esta temática, en donde la construcción de servicios públicos suficientes, acordes a la ética médica e interculturalidad, de calidad y que garanticen el acceso sin importar la nacionalidad, situación social, sexo o cualquier otra condición de las personas, es indispensable para paliar los efectos de la violencia en la salud mental, que cotidianamente viven las personas en movilidad en nuestro país.

• * Maestro en Estudios Sociales y Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con especialización en Atención a Víctimas de Violencia Política por el Grupo de Acción Comunitaria con auspicio de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace 9 años, he colaborado en diferentes momentos con Sin Fronteras.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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