El Ejército se conduce, invariablemente, por códigos y manuales perfectamente establecidos. Los hay para toda ocasión… hasta para interrogar a los sospechosos de ser narcotraficantes. Le dicen “cuestionario inteligente”. En mayo del año pasado militares detuvieron en Cuernavaca a Jethro Ramsés Sánchez Santana, a quien le aplicaron ese interrogatorio. Horas después el cadáver del detenido apareció en el estado de Puebla, presuntamente con huellas de tortura. Sólo hay un efectivo castrense de alto rango detenido y procesado por este caso, y no es el que decidió que los soldados usen el “cuestionario inteligente”.

Por Arturo Rodríguez García

El Ejército Mexicano dispone de mecanismos específicos para interrogar a los sospechosos de incurrir en delitos relacionados con el narcotráfico. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha negado que los interrogatorios sean práctica generalizada –especialmente cuando implican tortura– el procedimiento se aplica con base en la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, elaborada durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón.

Entre los militares el procedimiento se conoce como el “cuestionario inteligente”. Según el oficio 4102, emitido por el 21 Batallón de Infantería dependiente de la comandancia de la XXIV Zona Militar, con sede en Cuernavaca, su aplicación forma parte de la agenda de operaciones y su cumplimiento es supervisado por el mando castrense:

“Se remite el cuestionario inteligente a fin de que sea aplicado al personal detenido cuando se realice un aseguramiento por parte de esta unidad, en aplicación de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2011 y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

El oficio, fechado el 5 de marzo de 2011, establece que el interrogatorio se debe aplicar “invariablemente” en lo que toca a los datos generales e inmediatamente después se debe pormenorizar, según la valoración de cada caso.

El apartado A del cuestionario, en efecto, se refiere al nombre, lugar de origen, edad y domicilio del detenido, así como la frecuencia con que cambia de residencia. También se le pregunta por su escolaridad, estado civil y si es adicto a las drogas.

Se indaga el nombre de los padres, el número y los nombres de los hermanos, en qué trabajan, dónde realizó el detenido su servicio militar. Finalmente a qué organización criminal pertenece, quién es su jefe y cuánto le pagan.

El apartado B del cuestionario se plantea como una “Entrevista para conductores” y, por la redacción de las preguntas, se advierte que es aplicado a choferes. En este caso las preguntas giran en torno al centro de trabajo, los nombres del patrón y del dueño de la carga, los lugares donde cargó y descargará, además de las horas de sueño, monto que cobrará el conductor por el viaje, los puntos de revisión que ha cruzado y los lugares donde descansó.

Al final el oficio instruye al “equipo” sobre su función:

“Las preguntas se realizarán con rapidez por parte del equipo de verificación inteligente. Se recomienda que el equipo de revisión inteligente memorice las preguntas y acciones descritas en el presente cuestionario para que se desenvuelvan los entrevistadores con rapidez y normalidad.

“Se realizarán las preguntas adicionales que se requieran para cada caso con el fin de obtener información que se pueda generar con las respuestas que proporcione el presunto delincuente”.

En ninguna parte del documento se establece un procedimiento de consignación al Ministerio Público federal o del fuero común.

REVELACIONES DE UN CORONEL

Este documento está incluido en el expediente 331/2011, que se sigue en el Juzgado Quinto de Justicia Militar, radicado en el Campo Militar número 1, por la muerte de Jethro Ramsés Sánchez Santana, detenido el 1 de mayo de 2011 en Cuernavaca por la Policía Municipal que lo entregó en cuestión de minutos a la Federal y ésta a su vez al 21 Batallón de Infantería. Su cadáver fue encontrado semanas después en un paraje de Atlixco, Puebla.

El oficio en el que se ordena la aplicación del “cuestionario inteligente” lleva la firma del coronel de infantería José Guadalupe Arias Agredano, quien estaba al mando del batallón implicado y actualmente está en la prisión del Campo Militar número 1 por el caso Jethro.

En una entrevista epistolar realizada por el Diario de Morelos al coronel Arias –publicada el pasado 14 de mayo– el oficial rechaza haberse enterado de lo ocurrido con Jethro R. Sánchez y, de su puño y letra, informa cómo opera el Ejército en la guerra contra el narco.

Dice que el teniente coronel Pedro Santiago Chávez se encargaba de las consignaciones por sus buenas relaciones con los agentes del Ministerio Público de Cuernavaca, en tanto, un teniente de apellido Legorreta “entrevistaba” a quienes querían hcaer alguna denuncia.

Agrega: “Las analizaban y me daban a conocer sus razonamientos y si era asunto de exploración pedía yo permiso a la 24 Zona Militar para su seguimiento”.

Por otra parte el nombre de Pedro Santiago y con mayor insistencia el de Legorreta, surgieron con frecuencia en las diligencias del caso Jethro. El teniente Legorreta era el comandante del Grupo de Información, es decir del “equipo de revisión inteligente” citado en la directiva firmada por Arias y, por lo tanto, responsable de interrogar a los detenidos.

VARIACIONES SOBRE EL CASO JETHRO

Las pruebas documentales que se han integrado al juicio por la presunta tortura y asesinato de Jethro que se sigue contra el coronel Arias, el teniente de infantería José Guadalupe Orizaga y Guerra –era jefe de operaciones de la Fuerza de Reacción del batallón– y su subalterno, el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, demuestran que además de descoordinación entre policías y militares hay prácticas como los interrogatorios a partir de los cuales se organizan operativos “en caliente”.

Arias enfrenta cargos por encubrimiento de primera clase en los delitos de lesiones, homicidio e inhumación clandestina; por éstos últimos se procesa a Orizaga y Aguilar.

Orizaga afirmó que la orden de deshacerse del cuerpo de Jethro fue dada por el coronel Arias, pero niega haber aplicado la tortura que lo habría matado. La versión es consistente con la de Legorreta y Aguilar en sus respectivas declaraciones ante el juzgado militar.

Con dos autopsias contradictorias (una establece muerte por asfixia, la otra por contusión craneana), una serie de pruebas perdidas y testigos que desaparecen, el caso es una maraña.

El 1 de mayo de 2011, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuatro policías municipales fueron llamados a un restaurante de la Feria de Cuernavaca donde un grupo de entre 10 y 15 personas se enfrentaba a golpes.

Dos de los testigos afirman que durante el zafarrancho, Jethro –a quien identifican por su ropa– fue atacado con saña: un hombre lo golpeó con una silla en la cabeza; el joven cayó al piso donde lo siguieron golpeando. Cuando pudo incorporarse, quiso seguir peleando.

Jethro y sus amigos estaban tomando cerveza y en su conversación, éste dijo tener un familiar en la Policía Federal que podía ayudarlos en caso de tener problemas. Por ahí salió a relucir la palabra “cuete”, en aparente referencia a una pistola, según su propio compañero identificado como Ernesto.

Según la versión de uno de los policías, al llegar al sitio encontraron a Jethro golpeado pero ordenando que “le entregaran” a los meseros; se ostentaba como subordinado del capo Julio de Jesús Radilla, El Negro. De no complacerlo, decía Jethro, “los mandaría matar” junto con el secretario de Seguridad Pública.

Las declaraciones de los dos testigos civiles del pleito abrieron dos vertientes en el caso, pues se asentó que a Jethro lo golpearon en la cabeza con una silla, un aspecto que se concatena con una de las autopsias. Hasta ahora la versión más difundida es que el joven de 26 años murió por axifia debido a que pudo ser enterrado vivo y que se sustenta en la otra práctica forense.

Los municipales habrían entregado a Jethro a un grupo de la Policía Federal, a cargo de Juan Carlos Ortega Carmona que, ante la supuesta versión de que el detenido trabajaba para Radilla, valoró entregarlo al Ejército en virtud de que no tenía capacidad de fuego para repeler una eventual agresión.

El Ejército se llevó también a Horacio Cervantes, otro amigo de Jethro. Este último declaró no haber sido torturado y haber sido puesto en libertad en un paraje de Coatetelco –a unos 150 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Jethro– donde fue auxiliado por policías municipales; pero se negó a denunciar lo ocurrido hasta el 11 de mayo, 10 días después de los hechos.

Según los militares Jethro y Horacio fueron llevados a las instalaciones del batallón donde se les aplicó el “cuestionario inteligente”. Aunque declaró no haber sido torturado, el testimonio de Horacio es clave para asentar si se le aplicó tortura a Jethro. Pero tras su primera declaración Horacio dejó de acudir a dos citatorios y en el domicilio que dio aseguran que ya no vive ahí y no tienen forma de localizarlo.

Quien interrogó a los detenidos en cumplimiento de la orden escrita del coronel Arias fue Legorreta, según declaraciones de los militares. Sin embargo, está en libertad y no enfrenta cargos.

El Manual de Procedimiento Operativo de Transportes Militares establece que al salir un vehículo siempre hay registro. Los vehículos debieron salir primero a la Feria de Cuernavaca, regresar y luego salir a deshacerse del cuerpo en Atlixco y dejar a Horacio en Coatetelco, a 150 kilómetros de distancia.

Pero las bitácoras de entrada y salida, que arrojarían luz sobre quién dio la autorización, desaparecieron, lo mismo que el parte que el coronel Arias debió rendir.

Otro aspecto notable de la declaración de los militares que han sido llamados por la justicia militar es que revelan el uso de la información derivada de los interrogatorios para armar operativos “en caliente”. Pese a que niegan que hubo tortura coinciden en que fueron a dos casas de seguridad del Negro Radilla señaladas por Jethro.

Lo anterior se evidencia como un procedimiento estándar admitido por los militares para allanar inmuebles sin orden judicial ni previsiones legales.

Además de testigos y pruebas extraviadas, cerca de 40 personas, entre policías municipales y federales y soldados, participaron en el operativo de detención e interrogatorio de Jethro, pero no todos han sido identificados y por lo tanto, han sido pocos los citados a declarar.

El general Leopoldo Díaz Pérez, quien era comandante de la zona militar, no ha sido llamado a cuentas ni siquiera para esclarecer el procedimiento de interrogación y la aplicación de operativos derivados de la información obtenida por el “equipo inteligente”.

LOS ABUSOS

Desde 2007, cuando Felipe Calderón declaró la guerra al narco, se han denunciado procedimientos de interrogación que se valen de la tortura para obtener información. Durante horas y en ocasiones días, los detenidos son llevados a instalaciones militares, con frecuencia inmovilizados y encapuchados, por lo que no siempre saben dónde están.

Durante 2010 y 2011 cientos de policías municipales y agentes de tránsito en Nuevo León acusaron tortura en el campo militar de Monterrey. Estigmatizados hasta por sus propios mandos, los policías eran acusados de delincuencia organizada y confesaban. Los expedientes ministeriales llegaron a desmentir la declaración, por ejemplo, cuando ubicaban a los policías en videos e imágenes que no correspondían a ellos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado trámite a cerca de 7 mil quejas por abusos de militares contra civiles en lo que va de la presente administración.

Hasta mayo pasado la CNDH había interpuesto ante la Procuraduría General de la República 26 denuncias contra integrantes del Ejército por torturar detenidos en sus operaciones de alto impacto.

Las detenciones arbitrarias, interrogatorios, allanamientos y otras violaciones de derechos humanos han sido denunciadas a lo largo del sexenio pero no fue sino hasta el pasado 23 de abril cuando Calderón presentó medidas de contención a las fuerzas armadas: el Protocolo para el Uso de la Fuerza, la Preservación de Evidencias y la Presentación de Detenidos ante Autoridades.

En declaraciones a la prensa, el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo afirmó que las denuncias que interpuso la CNDH son por hechos aislados y el Ejército está comprometido con los derechos humanos “al cien por ciento”.

Sin embargo las pruebas del caso Jethro demuestran que las prácticas violatorias de derechos humanos están institucionalizadas en el Ejército y forman parte de sus manuales de procedimiento operativo. Aún más: en las investigaciones no se sigue la cadena de mando, por lo que los altos mandos quedan impunes.

–Apro