Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Eran las 16:30 horas del jueves 11 de julio cuando un grupo de jóvenes manifestantes llegó al edificio donde despacha el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Con ellos también llegaron cerca de 800 policías para hacer frente a la protesta.

La represión a la manifestación, que buscaba la libertad de un joven capitalino y el esclarecimiento del asesinato de otro, también alcanzó a cuatro afromexicanos que mantenían una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno capitalino en protesta por el crimen del nieto de Malcolm X.

Desde el jueves 4 de julio, los activistas instalaron un plantón frente a la sede el GDF e iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia en el caso de Malcolm Latif-Shabazz, ocurrido el pasado 9 de mayo en Garibaldi, pero el jueves pasado fueron desalojados.

El nieto del famoso activista habría muerto por los golpes ocasionados tras una trifulca en el bar bar The Palace Club cuando discutió por una cuenta de mil 200 dólares de consumo.

A más de dos mes de que ocurriera el homicidio, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), informó a los medios que el 18 de mayo entregaron un escrito a Miguel Ángel Mancera para solicitarle una audiencia y avances en el caso.

“Mancera como representante de un Gobierno de izquierda debería atendernos y no tener acciones discriminatorias, porque lo único que estamos exigiendo es justicia”, dijo Metelus en esa ocasión.

La huelga fue la segunda ocasión que se manifestaron. La primera ocurrió el 9 de junio cuando colocaron una ofrenda en el Ángel de la Independencia junto a dos fotografías de Latif-Shabazz en las que se exigían justicia por su asesinato.

El activista dijo al inicio de la huelga de hambre que quería dialogar con Mancera sobre la discriminación de la que son objeto los afromexicanos en la Ciudad de México.

Sin embargo, la reunión no sucedió y en lugar de diálogo, los activistas encontraron la represión del jueves.

OTRO HOMICIDIO SIN ESCLARECER

A pesar de lo que sucedió, Wilner Matelus dijo que no abandonarán el caso del nieto de Malcolm X, debido a que parece estar plagado de irregularidades.

“No hay avance por el caso. Solo hay dos personas que están en reclusorio y tres personas que están libres. No quieren mostrar el video de dónde murió el hermano Latif-Shabazz. El dueño del bar está libre y nosotros creemos que hace falta investigación”, dijo.

El pasado 12 mayo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó al Reclusorio Oriente a dos presuntos responsables de la muerte del nieto del activista estadounidense.

Ambos consignados eran empleados del bar The Palace Club, quienes juntos con otros trabajadores golpearon al joven, quien falleció en el hospital Balbuena.

Miguel Suárez, uno de sus acompañantes, dijo a la agencia Associated Press (AP) que Shabazz discutió con el dueño del lugar por una cuenta de mil 200 dólares, lo que inició la trifulca.

Suárez aseguró que después de la pelea encontró al nieto de Malcolm X afuera del lugar, gravemente herido, por lo que lo llevó al nosocomio donde finamente falleció.

El lesionado ingresó en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, procedente del Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Colonia Guerrero, de acuerdo con el reporte médico del hospital.

DENUNCIA EN LA CDHDF

Los cuatro afromexicanos desalojados presentaron el viernes pasado una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en contra de las autoridades capitalinas por la represión que vivieron la tarde del jueves donde, incluso, hubo golpes.

Wilner Matelus, presidente del CCDNAM, llegó al medio día a las instalaciones de la Comisión en compañía de otros tres miembros del movimiento, para informar a los defensores de los derechos humanos que fueron expulsados de su campamento con violencia por unos 40 elementos de Seguridad Pública, cuando protestaban pacíficamente.

“Esos muchachos – los integrantes de la manifestación- llegaron frente al campamento y había también unos 800 policías (…) unos 40 elementos se acercaron y empezaron a quitarnos a todos, incluyendo a nosotros”, narró.

Matelus explicó a los oficiales de Seguridad Pública que ellos mantenían una huelga de hambre desde hacía una semana, con el permiso de las autoridades capitalinas y que no formaban parte del resto de los manifestantes.

“Pero no nos hicieron caso, sacaron nuestras cosas y a mí me golpearon en la espalda, a los otros compañeros no los lesionaron, pero a mí sí me pegaron. No nos podemos quedar en silencio y pido una explicación a las autoridades. Queremos que nos digan quién dio autorización a los policías para llegar al sitio y quitarnos”, dijo el activista.

Matelus acusó directamente al Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García, de presionarlo vía telefónica para retirar la huelga de hambre, días antes de la represión del jueves.

“Me llamaba por teléfono y me decía que quitara el coche que teníamos estacionado enfrente, que ya quitáramos la huelga”, relató.

El activista dijo que la queja que llevaron a CDHDF la hará extensiva a instancias internacionales, así como al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados.

“Si las autoridades del DF no quieren dialogar con nosotros, vamos a ir a todas las instancias posibles. No tenemos confianza en la justicia de este país, que terrible que personas que vamos a pedir justicia, recibamos esto”, afirmó.