Ciudad de México, 15 de agosto.– La empresa TRADECO, favorecida durante las administraciones panistas con contratos de obra pública por 15 mil 143 millones de pesos, realiza en las afueras de Morelia, Michoacán un libramiento que pone en riesgo la vida de 14 mil personas, especies animales y vegetales en peligro de extinción y quita casi 200 hectáreas de zona verde al único pulmón natural de la ciudad, denunció la organización Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María.

La obra llamada “Libramiento sur, segunda etapa, ramal Camelinas” pasa por el área verde llama Loma de Santa María y a través de una carretera y dos túneles busca conectar las partes altas con el resto de la ciudad, pero según activistas en el trazo se puede apreciar que a donde conecta es un centro comercial Altozano. También pone también en riesgo la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital, el Río Chiquito; se realiza sobre dos fallas geológicas, una de ellas conocida como La Paloma y en un área susceptible de deslaves. A pesar de tener una extensión de sólo 4 kilómetros, tiene un costo de mil 200 millones de pesos, es decir, 300 millones por kilómetro.

La obra se ha visto detenida por factores técnicos, económicos y ambientales; sin embargo, no se ha realizado ninguna modificación al proyecto original.

Tanto la Cámara de Diputados como de Senadores han realizado exhortos para que se suspenda la obra. Pero sigue en pie a pesar de que, desde 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene etiquetados recursos para la construcción, según consta en un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 21 de enero de este año.

En junio pasado, Martín Valenzuela Delfín, subdirector de Obras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Michoacán, admitió que la dependencia no tenía recursos para pagarla a la empresa, pero la obra continuaba, “sí existe un detalle con la empresa TRADECO que resultó posterior a la adjudicación de este contrato” (que fue a fines de 2012), ahorita nosotros tenemos el problema con TRADECO que no le podemos pagar”.

Moctezuma Madrigal Mercado, uno de los cuatro voceros del movimiento que se opone a la obra, cuestionó en entrevista con SinEmbargo: “Cómo es posible que se siga una obra que la autoridad no pueda pagar y que le diga ‘ahí te pagamos cuando podamos’. Es un pretexto para urbanizar y un capricho para tratar de conectar un centro comercial del señor Francisco Medina [Chávez], muy amigo del ex Presidente Felipe Calderón [Hinojosa], que se presume como el centro comercial a cielo abierto más grande de América Latina, pero que está en quiebra porque no llega gente”.

TRADECO, junto con otras cuatro empresas, también tuvo a su cargo la carretera Mazatlán Durante, que el 9 de agosto fue cerrada en ambos sentidos en el kilómetro 144 luego de un derrumbe.

Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue catalogada como la obra más importante de su sexenio (2006-2012). Sin embargo, ante retrasos en la construcción, se inauguró casi a finales de 2013, ya durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto.

En su momento ejidatarios de Durango, Sinaloa y Nayarit, agrupados en la organización 29 Ejidos, mostraron como antes de su inauguración, la obra ya mostraba cuarteaduras y derrumbes tras el paso de la tormenta tropical Manuel, en septiembre de 2013, ante la mala calidad de los materiales que se usaron para la obra, que tuvo un costo de 20 mil millones de pesos.

La licitación pública de la autopista Mazatlán-Durango fue otorgada a las empresas TRADECO, Aldesa y Omega Construcciones, las cuales, según los ejidatarios, probablemente subcontrataron a otras empresas para la realización de la vía, ya que a lo largo de la obra se observaban vehículos y maquinaria con logotipos de compañías diferentes a las adjudicadas.

La obra se inició en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), se continuó en el de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y finalmente fue inaugurada por Enrique Peña Nieto.

EL CASO MICHOACÁN

De acuerdo con diferentes estudios de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Michoacana, concluyen que la zona de la Loma de Santa María representa el pulmón de la capital michoacana y cuenta con una vasta biodiversidad de especies endémicas protegidas de flora y fauna, además de que suministra el 40 por ciento del agua potable que consume la entidad.

El 8 de septiembre de 1936, el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río, emitió un decreto para declararla zona protectora forestal vedad la cuenca hidrológica del Río Chiquito, que forma parte de la Loma Santa María; en 1984 se emitió la declaratoria de preservación ecológica y el 19 de agosto de 1993 se emitió la declaratoria de área natural protegida, pero el 31 de diciembre de 2009, el entonces Gobernador Leonel Godoy Rangel creó un nuevo decreto que elimina para la zona la denominación de área natural protegida, lo que permitió el cambio de uso de suelo para fines comerciales, pasando de 232.8 la superficie de hectáreas protegidas a 170.5 hectáres, es decir, el 30 por ciento de la parte original.

“El intento de derogar el decreto de 1993 pretendió crear un área urbanizable que permitiera el paso de la nueva vialidad al desarrollo inmobiliario y al ‘centro comercial abierto más grande de Latinoamérica’ que les permita conectarse a la parte baja de la ciudad, con un ramal a la avenida Camelinas, así como para fomentar la expansión inmobiliaria en una zona que suministra 40 por ciento del agua potable. Cabe destacar que el Gobernador no tiene atribuciones para modificar o abrogar áreas naturales protegidas, sólo para crearlas”, establece un exhorto presentado el 25 de septiembre de 2014 por el Diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Villanueva Albarrán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Para demostrar la viabilidad del proyecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó 5 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que su Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra realizara un informe. Sin embargo, la propia SCT decidió clasificar los resultados por 10 años y fue a través de un proceso de impugnación que los opositores a la obra lograron, después de dos años, que el estudio se hiciera público.

Entre las conclusiones señala que la salida de uno de los dos túneles de la obra está muy cercana a la falla geológica conocida como “La Paloma”, “la conclusión de los análisis desarrollados en la zona del portal de salida, que pone en evidencia la inestabilidad natural de toda la ladera donde actualmente ya existen deslizamientos”.

En otro apartado, los ingenieros de la UNAM observan que “tampoco se desarrolló un estudio de riesgo sísmico específico de la zona para determinar el coeficiente de diseño”

Mientras que un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, “las fallas La Paloma, La Colina y Tarímbaro pueden ser consideradas como fallas sísmicamente activas; es decir, que muestran actividad de movimiento en los últimos 35 mil años. Las dos primeras estructuras se encuentran dentro de la zona urbana, lo que aumenta el factor de vulnerabilidad, debido a que afectan a viviendas, edificios públicos, redes hidráulicas, drenajes, líneas eléctricas y calles”.

El representante de los activistas señala que no solamente se cuenta con estos estudios técnicos, sino que también la Comisión Estatal de Ecología ha emitido al menos cuatro recomendaciones sobre el libramientos.

Señaló que a nivel federal ya se reunieron con el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, pero al tratarse de uno de los involucrados en los audios que muestran corrupción entre la constructora española Obrascon Huarte Lain (OHL), el Gobierno mexiquense y la propia SCT, no consideran que su demanda prospere.

En esa ocasión, el subsecretario les manifestó que no podían parar la obra porque los recursos ya estaban actualizados, pero a pesar de que algunos de los registros que se requieren para arrancar una obra, como el registro de la propiedad, aún están en trámite, sigue adelante la construcción.

Los activistas consideran que esta obra viola los derechos humanos de acceso a la vida y a un medio ambiente sano, por lo que analizan la posibilidad de acudir a instancias internacionales ante la nula atención de los gobiernos federal y estatal.