“Sin duda, en México se perpetran crímenes (de) lesa humanidad” por parte del crimen organizado y de los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y local).

México, 15 de agosto (EFE).- Activistas y expertos mexicanos analizaron hoy si en México se producen o no crímenes contra la humanidad, y destacaron la importancia de que este debate trascienda a la esfera pública para saber cómo abordar el problema de la violencia en el país.

En un encuentro acogido por la Universidad ORT, en la capital mexicana, los participantes analizaron si las agresiones que sufre la sociedad, en especial ciertos sectores -periodistas, migrantes y mujeres- siguen la definición del Estatuto de Roma.

Dicho instrumento establece como delito de lesa humanidad un ataque “generalizado o sistemático” contra la población civil.

Esta cuestión “no es una discusión meramente jurídica”, dijo a Efe el analista y especialista en derechos humanos Jacobo Dayán.

Determinar si la sociedad mexicana está ante “ataques generalizados y/o sistemáticos contra la población civil”, y no, como asegura la versión oficial, ante “casos aislados en todo el territorio” de desapariciones, tortura y ejecuciones, indicaría el rumbo a tomar en política pública.

“El abordaje a la violencia nacional, cómo desmantelar esas redes criminales (…) tendría que ser distinto al entender que estamos ante fenómenos generalizados”, lo que ayudaría a vislumbrar la complejidad del problema, señaló Dayán.

El también consejero de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos aseveró que “sin duda, en México se perpetran crímenes (de) lesa humanidad” por parte del crimen organizado y de los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y local).

Aún así, subrayó, ni el Estado “ha asumido la contundencia de los informes” de relatores de derechos humanos que han realizado visitas al país, “que apuntan en el sentido de crímenes lesa humanidad”, ni la sociedad mexicana “ha entendido la gravedad” del problema.

“Hay ciertos elementos de las agresiones contra la prensa que pueden detonar una discusión muy amplia de si existen delitos (de) lesa humanidad”, apuntó por su parte Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica.

Ruelas comentó que, en el primer semestre de 2017, la organización registró 23 por ciento más de violencia contra periodistas que en los mismos meses del año pasado.

Más de la mitad de los comunicadores agredidos estaban investigando asuntos vinculados con la corrupción política, y otros porcentajes significativos trataban temas de seguridad pública y derechos humanos.

Con estos datos, la directora de Artículo 19 planteó si “es intencional o no la violencia a la que está sometida la prensa”, dado que los periodistas que son objetivos son a su vez aquellos que “están revelando la información que interesa a la sociedad”.

Según la experiencia de la organización y lo que han extraído de las reuniones con las autoridades, los Gobiernos “ya saben” el estado en el que se encuentra el gremio, pero hay cierta “tolerancia” a que estos delitos sigan ocurriendo.

Ina Zoom, responsable de proyectos en América Latina de Open Society Justice Initiative, se preguntó si en México se vive un conflicto armado.

Acusó al Estado mexicano de tener una cierta “bipolaridad” al respecto, ya que, si bien rechaza “rotundamente” la existencia de un conflicto armado, sí que “actúa de facto como si existiera”.

Aspectos como las atribuciones del Ejército o los operativos de seguridad pública “indican una opción estratégica, una política de irse hacia una respuesta militar y no una respuesta del Estado de derecho”, de legalidad.

Independientemente de los puntos de vista que se pueda tener al respecto, hay coincidencia en que “no hay una sanción”.

“Sin rendición de cuentas es muy difícil llegar a la verdad jurídica y social que este país necesita para empezar a repensar las políticas públicas”, sostuvo Zoom.