Desde hace una década, el Gobierno mexicano ha perdonado, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o morales. El problema es grave porque lo ha hecho de forma opaca e incluso discrecional, plantea Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

El monto total cancelado de 2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, lo que equivale al gasto ejercido en educación en México durante 2015.

De acuerdo con Iván Benumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los recursos de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema tributario debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Desde hace 10 años, el Gobierno federal ha venido perdonando, de manera masiva, el pago de créditos fiscales a un cierto número de contribuyentes, sean estos personas físicas o morales. Es decir, les ha condonado el pago de impuestos, multas, recargos, entre otros adeudos en sus contribuciones fiscales. El problema es que dichas condonaciones las ha ejercido de manera opaca –y tal vez, incluso, de forma discrecional–, planteó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

El monto total cancelado de 2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, una cantidad equivalente, por ejemplo, a todo el gasto ejercido en educación en México durante 2015.

La información disponible no esclarece los mecanismos utilizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exentar a los contribuyentes del pago de créditos fiscales, añade Fundar.

“No podemos saber si las condonaciones están justificadas; si hay casos de personas que gocen de privilegios fiscales; o si esas medidas propician la evasión del pago de impuestos”, destaca.

Las condonaciones fiscales del Gobierno federal tienen el objetivo de regularizar la situación fiscal de los contribuyentes para impulsar la economía nacional y las de las familias. Y aunque la condonación puede ayudar a que el Estado mejore la recaudación de impuestos a corto plazo, sin embargo, los modelos masivos de condonación de adeudos fiscales adoptados por las últimas dos administraciones habrían propiciado la pérdida de recursos públicos, la evasión y la deducción fiscales, y la cultura del no pago. ¿Por qué?

De acuerdo con Iván Benumea Gómez, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los recursos de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema tributario debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.

En otras palabras, para la organización civil el perdón de créditos debe percibirse como un evento único, extraordinario y de difícil acceso, “ya que su repetición periódica y a favor de los sectores económicos con mayor capacidad contributiva puede incentivar a que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la expectativa de que algún día sus adeudos serán perdonados”.

La información pública disponible revela que las condonaciones masivas del Gobierno federal han beneficiado principalmente a quienes tienen mayores adeudos, de ese modo beneficiando a quienes tienen mayor capacidad económica y cuyos recursos podrían haber sido captados sin la necesidad de otorgarles la condonación de adeudos.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el ejercicio del programa de condonación masiva de 2013 “Ponte al Corriente”, un total de 41 mil 399 personas morales [empresas] dejaron de pagar 159 mil 620.43 millones de pesos. Sin embargo, en ese entonces sólo 36 compañías se vieron beneficiadas con el 50.2 por ciento de las condonaciones (dejaron de pagar 80 mil 161.06 millones de pesos).

El monto que dejaron de pagar esas 36 empresas, equivale a todo el presupuesto ejercido por la Secretaría de Gobernación durante 2015.

Lo mismo sucedió con el programa 2015-2016. La propia información del SAT indica que los mayores beneficios fueron para un conjunto reducido de contribuyentes. En ese periodo, mil 383 personas morales recibieron la condonación de adeudos por un monto total de 4 mil 400.69 millones de pesos. Sólo 10 personas morales [empresas] –un 1 por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación– dejaron de adeudar lo que representa más del 85 por ciento del monto total de condonaciones para el periodo de julio de 2015 a julio de 2016 [3 mil 616.80 millones de pesos]. Cinco de esos 10 contribuyentes, estaban relacionados con la Corporación GEO, la empresa de construcción y de desarrollo de vivienda social.

En el caso de las personas físicas, en el último año el 10 por ciento de ellas [47 de 474 contribuyentes] dejó de adeudar el 69 por ciento del monto total condonado [21.8 de 31.7 millones de pesos]. Además, el 2 por ciento de ellos [10 personas] acumularon el 32 por ciento de los montos condonados.

“El hecho de que las personas con mayores adeudos sean quienes puedan acceder a estos beneficios es preocupante, porque significa que otras personas con menores recursos que presentan sus solicitudes no pueden acceder a esos beneficios”, explica Iván Benumea de Fundar.

LA OPACIDAD DEL SAT

En términos legales, la cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria abandonará la recaudación de un adeudo, ya sea porque el adeudo resulta incosteable, o bien, porque el deudor es insolvente o no puede ser localizado.

Luego de la caída de los precios del petróleo a finales de 2014 y tras la implementación de la Reforma Hacendaria de ese mismo año, los ingresos tributarios no petroleros [los impuestos] se convirtieron en la principal fuente de captación de recursos del Gobierno Federal.

Los datos oficiales disponibles indican que hasta 2016, por la vía de los impuestos, se recaudaron 2 billones 407 mil 716.7 mdp, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los ingresos obtenidos en dicho año -27.4 por ciento más que en 2014-. En contraste, los datos más actuales de la ASF refieren que la evasión global de impuestos correspondió al 2.8 por ciento del PIB [483 mil 874 mdp].

A pesar de que la recaudación en México aumentó en un 10.1 por ciento de 2015 a 2016 –ya sea porque creció la base de contribuyentes; o porque se regularizó fiscalmente a más personas bajo el esquema del Régimen de Incorporación Fiscal, entre otros factores-, “nuestro país aún se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en relación a la recaudación de ingresos tributarios como proporción del PIB”, refiere Fundar en su informe “Privilegios Fiscales” (2016).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el 20 por ciento del PIB lo compone la recaudación tributaria, mientras que su promedio internacional es de 34 por ciento.

Un ejemplo de la baja capacidad de recaudación del Gobierno federal quedó asentado en el segundo trimestre de 2016. Según el SAT, la cantidad de recursos públicos que deben de ser cobrados asciende a un monto de 464 mil 965.60 millones de pesos. Sólo el 44 por ciento de ellos son “factibles de cobro”, o bien, están en proceso de ser cobrados. El resto quizá se cobre; quizá no.

Si al bajo nivel de recaudación de impuestos y al alto grado de evasión sumamos la desigualdad de la condonación de créditos públicos –que beneficia a unos cuantos-, obtenemos un cúmulo de ingresos que el Estado mexicano deja de ingresar para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y esto se da ahora, en el marco de los recortes al gasto público proyectados para el 2017 y ante el incremento del endeudamiento público.

Por ello, Iván Benumea menciona que “así como es importante saber con qué empresas, con qué particulares el Estado celebra contratos, es importante saber a quiénes le condona impuestos porque es un mecanismo similar. Al final están entregando recursos –sólo que por la vía tributaria–. Y para el Estado eso significa una pérdida de recursos. Para los contribuyentes eso significa una ganancia monetaria, una ganancia a sus bolsillos”.

El problema es que a pesar de que al día de hoy contamos con un marco normativo más favorable para la transparencia y la rendición de cuentas, este no garantiza que la ciudadanía pueda acceder a la información que debiera ser pública.

“Las nuevas reglas no han logrado superar que el secreto fiscal sea defendido mediante otras vías, y las autoridades continúan escudándose bajo esta figura para impedir que la ciudadanía cuente con la información a la que tiene derecho a acceder”, explica Fundar.

Pese a que en 2014 la reforma constitucional en materia de transparencia estableció al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como el órgano autónomo a través del cual el Estado debe garantizar la transparencia, el SAT ha incumplido de manera sistemática una gran cantidad de resoluciones en donde se le ha instruido la entrega de información en materia de créditos fiscales.

Con todo y reformas, al día de hoy, no podemos saber los motivos o los nombres de todas aquellas personas que han sido exentados del pago de sus adeudos fiscales. Con todo y que hoy el SAT anunció la publicación de información estadística sobre las declaraciones anuales de las personas físicas y morales, no ha cejado en su constante negativa de transparentar los motivos y los nombres de las personas físicas y morales que han recibido el perdón de sus impuestos, o la cancelación de sus deudas tributarias.

A la fecha, el INAI ha ordenado al menos 32 veces la apertura de dicha información. Pero el SAT no acata. Su justificación: los datos de los contribuyentes se encuentran protegidos por el secreto fiscal.

“El problema aquí es que no hay suficiente transparencia para poder determinar cuál es el mecanismo que está siendo aprovechado por los contribuyentes para que se les perdonen sus créditos fiscales y en qué ocasiones el SAT esta actuando de manera irresponsable. O si por el contrario todo es legal y no hay un problema al respecto y no hay ningún problema en que las condonaciones se concentren en las personas que tienen los mayores adeudos, algo que parece difícil sustentar”, refiere Benumea.

El próximo año podría ser implementado otro programa de impuestos masivos, situación que podría implicar una pérdida injustificada de recursos, señala el investigador.