Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El ex Presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, culpó una vez más a los gobernadores, y en especial a los de Michoacán, de impedir que su estrategia militarizada contra el crimen organizado tuviera éxito en su sexenio.
De acuerdo con un despacho de la agencia AP, el ex mandatario afirmó: “Donde la estrategia no pudo completarse es donde los gobiernos locales no sólo no cooperaron sino que incluso obstruyeron, dado que estaban colaborando con los criminales, prueba de ello es Michoacán”.
Calderón Hinojosa insinuó que la falta de apoyo estatal a la estrategia anti crimen continuó al término de su administración y, en este contexto, mencionó el caso de Jesús Reyna, Gobernador interino de Michoacán, quien este año fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de tener por vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, actual líder del cártel de Los Caballeros Templarios, que opera en esa entidad.
“Si el que fue Gobernador es sorprendido en un video dialogando y colaborando con uno de los criminales más sanguinarios que hay en México [“La Tuta”], dígame usted cuáles eran las posibilidades del Estado de haber avanzado”, dijo el ex Presidente.
El político panista también explicó que su política de enfrentar al crimen organizado funcionó bien en zonas como Ciudad Juárez, Nuevo León o Tijuana, donde las autoridades estatales “hicieron su parte”, depuraron a sus policías y la criminalidad se redujo significativamente.
UNA RELACIÓN RÍSPIDA
Durante su administración y en especial al final de la misma, Felipe Calderón tuvo marcadas diferencias con los gobiernos estatales, especialmente los de oposición.
En noviembre de 2011, por ejemplo, el entonces Jefe del Ejecutivo federal a los gobernadores su lentitud en limpiar las corporaciones policiacas y fijó un ultimátum de cuatro semanas para establecer cómo cumplir el compromiso consignado en la Ley de Seguridad Nacional, que estaba vigente desde 2009.
En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, les dijo: “Les pido un favor: veamos que estos dos años, en muchos casos, han sido años perdidos. Después de ver este fenómeno no podemos dejar al zorro dentro del corral de las gallinas. Muchos delincuentes están metidos en la Policía”.
El mandatario federal les reprochó: “Hay estados donde transcurren seis meses, un año, tres años y todavía no se ve claro cuándo van a empezar a revisar en serio a sus policías”.
Este tipo de reproches se repitió varias veces en su sexenio, incluso, a dos meses de terminar su administración, en septiembre de 2012, Calderón intentó meter en cintura a los mandatarios estatales al enviar al Senado de la República la primera iniciativa preferente de su gobierno, misma que pretendía obligar a los gobernadores y alcaldes a transparentar su salario y detallar las participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como ingresos locales.
Esa iniciativa buscaba obligar a los gobernadores y presidentes municipales a transparentar y detallar gasto corriente y de inversión, y establecer una mejor coordinación entre la Federación y los gobiernos locales para evaluar el desempeño de los programas, armonizando y haciendo más transparente esta actividad en los tres órdenes de gobierno.
