Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La batalla para gravar los refrescos con el objetivo de reducir los índices de obesidad que tienen a México como el campeón mundial en su consumo, podría acabar en derrota por las presiones ejercidas por el bando de los refresqueros, acepta la Senadora Marcela Torres Peimbert.

La panista es una de las principales activistas a favor de este impuesto, incluso desde antes que la administración de Enrique Peña Nieto la propusiera como parte de su miscelánea fiscal.

Aunque el fin de semana pasado,la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó el cobro de un peso extra por litro de bebidas azucaradas, por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Será esta semana cuando se definirá en la Cámara de Diputados si procede el impuesto o si las presiones de la industria refresquera surtirán efecto.

“Sí debería ir (el impuesto), si realmente los legisladores no cedemos ante las presiones económicas y nos vamos al fondo del impuesto que es extrarrecaudatorio, cuyo objetivo es de salvar vidas de mexicanos y mexicanos; perdemos 80 mil personas que mueren de diabetes, además que 3 de cada 4 camas en hospitales públicos están ocupadas por pacientes cuyos padecimientos son consecuencia de la obesidad”, dice Torres Peimbert en entrevista con SinEmbargo.

“Veremos de qué están hechos los legisladores”, dice, enterada de que incluso panistas están del lado de no aprobar el impuesto, como es el caso del diputado Víctor Hugo Serralde, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, quien ha dado a conocer su postura al respecto. Ya se comprometió a defender los intereses de los cañeros.

Asimismo, a pesar de la férrea oposición del PAN a la Reforma Fiscal planteada por Peña Nieto, los pronunciamientos sobre el impuesto al refresco han sido escasos, a pesar de que la propuesta hacendaria retoma la propuesta de la Senadora panista.

La legisladora presentó desde diciembre del año pasado una iniciativa ante el Senado para aplicar un impuesto de 20 por ciento a los refrescos. Ha participado en foros de discusión donde ha explicado los daños que causa el consumo de las bebidas, por la cantidad de azúcar que contienen, y está convencida de que la medida es una forma de abatir la obesidad, la diabetes, y de salvar vidas de mexicanos.

Está al tanto de que se trata de una propuesta que ha movilizado a la industria refresquera y que se ha traducido en una campaña en contra de dicho gravamen. Los argumentos más socorridos es que dañará a la industria cañera, que afectará a los pequeños comerciantes y al consumo de miles de mexicanos, en resumen que perjudicará a toda una cadena productiva.

El debate se ha llevado entre acusaciones de ambos bandos.

La más reciente acusación de parte de los refresqueros es que trata una medida importada y la han llamado el “impuesto Bloomberg”, en alusión a una medida similar propuesta por el alcalde de Nueva York, Estados Unidos, Michael Bloomberg.

Por su parte los activistas, entre los que se encuentra la organización El Poder del Consumidor, han denunciado que han sufrido bloqueos, y que un spot preparado para transmitirse en televisión, por las televisoras Televisa, TV Azteca y Milenio decidieron no transmitirlo.

PAÍS REFRESQUERO

Marcela Torres Peimbert afirma que en promedio cada mexicano consume medio litro de refresco al día. Se trata de una bebida que no es alimento, sólo contiene azúcar y carece de aporte nutrimental.

“Es importante que tomemos estas medidas, está demostrado a nivel internacional que así decrece el consumo”.

De hecho la Organización Panamericana de Salud (OPS) avaló el impuesto de 20 por ciento para abatir el consumo de los refrescos, y así lo expresó la representante de la OPS, Maureen Birmingham. La OPS es la representación regional en América Latina de la Organización Mundial de Salud (OMS) de la Organización de las Naciones Unidas.

Torres Peimbert ha estado al pendiente de los argumentos usados por las refresqueras para evitar la aprobación del impuesto, y que han sido publicados en distintos medios de comunicación. Dice que la industria cañera no saldrá afectada, como han dicho, ya que sólo un cuarto de la producción refresquera está hecha con azúcar, y el resto con fructosa, que no es extraída de la caña.

A pesar de ese argumento, agrega, los refresqueros se han aliado con los cañeros y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), así como han presionado a algunos diputados, con tal de evitar la medida.

“Pero se alían diciendo que van a perder empleos, lo que es falso y con los pequeños comerciantes, les cambian los pósters cada semana, además de visitas reiteradas tanto a legisladores y sabiendo que en muchos casos ellos (las refresqueras) han apoyado campañas políticas”.

Da su opinión sobre uno de los principales argumentos de la industria refresquera, que la obesidad es causada por múltiples factores, y no se puede responsabilizar solo a los refrescos.

“Desde luego es multifactorial, efectivamente se debe a lo que ingerimos y a la poca actividad física, sin embargo también es muy claro que somos los primeros consumidores de refresco, tal cantidad de enfermedades crónicas que nos llevan a gastar 30 mil millones de pesos anuales en salud pública; una de las medidas principales es decrecer consumo, los refrescos no tienen ningún nutriente,”, señala.

Sobre el argumento que han dicho refresqueros que se afectará a familias de escasos recursos que se quedarán sin beber su refresco, la legisladora queretana explica que de eso se trata, ya que son esas familias las que más padecen los efectos del exceso de consumo de refrescos, de lidiar con los efectos de la diabetes, con las amputaciones, la ceguera, la diálisis.

“El refresco no es un alimento, sólo tiene azúcar sin ningún aporte nutrimental. Es importante tomar este tipo de medidas. Si nos damos a esta razón y diputados y senadores no se dejan presionar, veremos entonces de qué estamos hechos”.

Anuncia que además de ir por el impuesto, buscarán también regular el etiquetado, el cual es “engañoso”.

En el etiquetado de los refrescos se incluye “azúcares”, pero no se alude a la cantidad contenida por cada botella o envase.

“Es engañoso, no dice cuánto se toma, pero equivale a 12 cucharadas de azúcar”.

Agrega que también buscarán regular la publicidad, dice en alusión a los spots y desplegados de que con 20 minutos de ejercicio se evitan los efectos de tomar refresco.

“Esa gran cantidad de azúcar lo que produce es una descarga de insulina la cual lleva a tener pico de energía, pero como sube, decrece y volvemos a ingerir de nuevo (para sentir el pico de energía)”.

Explica que con el recurso del impuesto se busca introducir bebederos para escuelas primarias y secundarias y evitar que los menores de edad sólo consuman refrescos.

“Que se use para eso y programas de nutrición para aprender qué debemos consumir”.

Los refresqueros también han dicho que se trata del impuesto Bloomberg, en alusión al alcalde de Nueva York, que intentó implantar la medida en la urbe de hierro.

La senadora da su opinión.

“Me parece una estupidez, ojalá organizaciones ciudadanas tuvieran capacidad de recibir donativos extranjeros, de eso pedimos licencia, a tener acceso a recursos internacionales, pero es muy difícil. Me parece muy miope decir eso”.

Si el impuesto no pasa significará que pesaron más los intereses económicos sober el tema de la salud, concluye.

ARGUMENTOS A FAVOR DEL IMPUESTO

En promedio cada mexicano consume 163 litros de refresco al año.

La iniciativa de poner un 20 por ciento de impuesto a los refrescos podría desincentivar en 26 por ciento el consumo de refrescos, lo que ayudaría reducir la prevalencia de diabetes en 12 por ciento.

Con el impuesto al refresco se recaudarían 22 mil millones de pesos, que se usarían para dotar de bebederos a escuelas primarias y secundarias, e impulsar campañas, programas y políticas para fomentar hábitos de consumo y estilo de vida saludables.

De acuerdo con el informe Aspectos Económicos Relacionados con un Impuesto al Refresco en México, del Instituto nacional de Salud Pública, si el precio del refresco aumenta, los individuos sustituirían el consumo de refrescos por agua o leche, no aumentarían el consumo de jugos, aguas preparadas u otras bebidas azucaradas.

De acuerdo con el mismo estudio, si se reduce el consumo de refrescos como está previsto, se podrían evitar 53 mil 043 casos nuevos de diabetes, que en términos de salud pública sería un ahorrote hasta 21 mil 192 millones de pesos en 10 años.

Los pequeños comerciantes no perderían mercado, ya que los consumidores voltearían a otros productos, algunos de los cuales ya hacen los mismos productores de refrescos.

ARGUMENTOS EN CONTRA

Los refresqueros dicen que no hay un argumento científico que los refrescos sean los únicos causantes de la obesidad

Sería un atraco a la clase trabajadora, el impuesto.

900 mil familias dedicadas a la caña de azúcar serían afectadas y no se recuperarían con la situación difícil que atraviesas, más con la crisis del sector azucarero, la peor en 15 años.

La industria refresquera es la principal consumidor de los cañeros.

Dicen que un impuesto que viene del extranjero y que no ha funcionado en otras experiencias.