Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– En los últimos tres años, el municipio de Iguala de la Independencia, en Guerrero, recibió por lo menos 30 millones de pesos de parte de la federación para financiar la profesionalización, equipamiento y operación de la policía, así como para invertir en prevención del delito y participación ciudadana, vía el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

De estos recursos, la administración de José Luis Abarca Velázquez, Presidente municipal con licencia de Iguala, Guerrero, no ha dado a conocer informes sobre su empleo o destino, a pesar de que tendría la obligación de ejercer 25 millones pesos en materia de seguridad pública, desde que entró en funciones el pasado, de 2012.

Desde el año pasado, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y políticos pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a Abarca Velázquez por supuestos nexos con el crimen organizado, mientras él en Iguala llevaba una vida de lujos. Vivía amurallado, con gimnasio y alberca propia; tenía varios autos y propiedades.

Tras su súbita desaparición para evitar su captura, en materia de rendición de cuentas sólo quedaron los spots con motivo del segundo informe de labores de Abarca, en donde se dice: “Por tu seguridad, dotamos de patrullas y uniformes a nuestra policía municipal”, sin detallar montos ni ejercicio de recursos.

Sin embargo, los resultados están lejos de ser satisfactorios, en lugar de haber profesionalizado a la policía municipal, 22 elementos de de esta corporación fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como presuntos responsables de participar en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el pasado 26 de septiembre.

En un comunicado emitido el 28 de septiembre, la PGJE informó sobre la detención de 22 elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, señalados como presuntos responsables de los hechos violentos, en los que perdieran la vida seis personas y 17 más resultaran lesionadas.

La procuraduría estatal precisó que los detenidos fueron trasladados durante la noche al puerto de Acapulco, en medio de protestas “de un número considerable de personas”, familiares de los probables responsables.

También reportó sobre la presencia de otras personas “que no fue posible identificar”, quienes trataron de impedir la labor ministerial “y amenazaron con rescatar a los indiciados”, por lo cual fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas para efectuar el traslado de los policías municipales.

El SUBSEMUN es un recurso federal que se le otorga a algunos municipios y delegaciones del Distrito Federal con el propósito de equipar a los cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de las corporaciones y fomentar el desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

Entre otros objetivos, con los recursos del SUBSEMUN los municipios también pueden aplicar evaluaciones de control de confianza para incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública.

“¿Por qué no ha sido eficaz el recurso? Porque sencillamente hay autoridades municipales –de todos los institutos políticos, nadie está a salvo– con complicidad con el crimen, en otros casos están amenazadas las autoridades municipales y pues han tenido que pactar de algún modo, ante la disputa del territorios de los cárteles”, reconoció el Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Reportes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la entrega del SUBSEMUN a diversos municipios en la cuenta pública 2012, tras fiscalizar una muestra de 22 municipios y dos delegaciones capitalinas, reconocieron que en la mayoría de los casos los recursos transferidos no fueron aplicados a los objetivos; se traspasó dinero a cuentas bancarias ajenas al subsidio, sin que se hayan reintegrado; no se presentó evidencia de la recepción de bienes o servicios pagados o simplemente no se entregaron los recursos a tiempo por falta de trámites.

MÁS DE 38 MDP PARA SEGURIDAD

El pasado 26 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el convenio por el cual la Federación entregó recursos del SUBSEMUN a los municipios de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Tlapa y Zihuatanejo, elegidos por sus altos índices de delincuencia, con el objetivo de “fortalecer el desempeño de sus funciones  en materia de seguridad pública”.

Los recursos se entregan considerando los criterios del número de habitantes de los municipios, así como la incidencia delictiva, que incluya las variables de homicidios dolosos o secuestros

A cambio de este dinero excepcional, los presidentes municipales están obligados a ejercer los recursos del en labores de seguridad pública; informar al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas; así como reportar trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del gobierno federal, entre otros.

En el caso específico de Iguala, el SUBSEMUN ha aportado recursos por 30 millones pesos, más 8 millones de pesos adicionales que el municipio se comprometió a aportar en materia de seguridad pública “para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes”.

Para 2012, la Federación entregó 10 millones más 3 millones de pesos de aportaciones municipales.

En 2013, la Federación entregó 10 millones, más 2.5 millones de pesos del municipio.

En 2014 se entregaron también 10 millones, más 2.5 millones de pesos comprometidos por Iguala.

En el convenio se establece que con estos recursos, los municipios también pueden promover una política preventiva para reducir los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, así como generar estrategias de prevención social del delito, con el apoyo de la sociedad civil organizada.

NO SON SUFICIENTES

El pasado jueves 9 de octubre, el Gobernador Ángel Aguirre Rivero, reconoció en conferencia de prensa que existen por lo menos seis municipios de Guerrero coptados porel crimen organizado. “Ahí le consta al delegado de la PGR y al de la CISEN que una y mil veces dijimos que era necesario que se actuara con determinación no sólo en Iguala sino en varios municipios que sabemos se encuentran cooptados por la delincuencia organizada”, dijo.

Diputados federales y senadores por Guerrero consultados por Sin Embargo coincidieron en que la entrega de recursos federales es insuficiente para atender los problemas de seguridad que viven los municipios de la entidad.

“No es suficiente, porque lo que hace falta no sólo son recursos económicos, sino la capacitación de los recursos humanos, todo el personal que está dentro de los cuerpos policiacos, es gente que entra porque quizá no había otro trabajo, pero no entra por un proceso de selección”, explicó el Diputado Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el Diputado Carlos de Jesús Alejandro indicó que para nadie es un secreto que los municipios de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Tlapa y Zihuatanejo, se han vuelto más violentos en los últimos meses. Casualmente también son los mismos a los que la Federación ha entregado recursos vía el SUBSEMUN, por lo menos en los últimos tres años.

El legislador aseguró que los trágicos acontecimientos en Iguala, que evidenciaron la crisis de las instituciones policiacas municipales debe ser un botón de muestra para que el Gobierno federal no caiga en omisión nuevamente y empiece a hacer una investigación exhaustiva.

“Es en los municipios urbanos, donde se han dado los últimos lamentables hechos en materia de seguridad y que ha traído desafortunadamente aberrantes crímenes como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, genocidio como el caso de Iguala, es donde no ha parado por la disputa de plazas de los distintos carteles del crimen organizado”, explicó el legislador por el municipio de Chilapa, Guerrero.

Asimismo, reconoció que en los municipios rurales, con población campesina e indígena, donde los recursos siempre son insuficientes para atender los temas de la infraestructura más básica, el tema de la inseguridad es el ‘talón de Aquiles’, por no contar con recursos suficientes”. Situación que muchas comunidades han resuelto con la creación de policías comunitarias, con el objetivo de salvaguardar su propia seguridad.

El Senador Armando Ríos Piter planteó que el Gobierno federal debe tener mayor presencia en la entidad, no solo en temas logísticos, de recursos materiales o con el envío de policías federales, sino en términos de coordinación con el Gobierno del estado.

“Nos parece indispensable que se haga un análisis muy crítico, muy profundo de temas como el mando único, de temas que permitan que los municipios tengan una mejor dinámica de coordinación con el Gobierno del estado y que esto permita que estas áreas que claramente viven una condición de inseguridad, puedan recuperar la calma que demanda la gente”, indicó el Senador perredista.

Los Diputados federales reconocieron que los recursos del SUBSEMUN han sido útiles para avanzar en temas de seguridad, pero insuficientes para otros asuntos como son la capacitación y profesionalización de policías, en donde, dijeron, “estamos en pañales”.

Otro tema que ha provocado problemas en el municipio de Acapulco y otros, ha sido la falta de recursos para pagar indemnizaciones conforme a la ley, a los policías que no fueron aprobados en los exámenes de confianza.

“No está previsto en el Presupuesto y los municipios no tienen dinero para pagar las liquidaciones, tenemos que ayudar a los municipios con los recursos para pagar las liquidaciones, de lo contrario se van a generar conflictos en cada uno de los municipios con los mismos ex policías que ya no son admitidos, pero desde el punto de vista laboral tienen derecho a su liquidación correspondiente”, indicó el Diputado Víctor Manuel Jorrín.