La exoneración de una acusación de tres contra Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), evidencia el fracaso de la administración de Enrique Peña Nieto en su único caso emblemático de combate a la corrupción y deja en entredicho la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) al cometer errores en la integración del expediente que llevaron a un tribunal a declarar inocente a la “Maestra” por defraudación fiscal, dijeron líderes políticos de la oposición a SinEmbargo.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Las fallas en la integración del expediente en una de las acusaciones que pesan sobre la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, que llevaron a un tribunal a declararla inocente de defraudación fiscal esta semana, son sospechosas y demuestran que las acusaciones obedecen a una persecución política y no al combate la corrupción, coincidieron líderes políticos de la oposición entrevistados por SinEmbargo.

La persecución de Gordillo Morales, también llamada “La Maestra”, es una de las pocas causas contra la corrupción que ha emprendio este sexenio. Las otras son la de Javier Duarte de Ochoa, prófugo, y la de Guillermo Padrés, quien se entregó.

Los errores de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso más emblemático de combate a la corrupción de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, permitieron argumentar a la defensa violaciones al debido proceso y llevar a las autoridades a declarar inocente a Gordillo de uno de los tres delitos que se le imputan.

“Hay un sospechoso caso de mala integración de expedientes. En realidad la PGR debería actuar con mucho profesionalismo, sobre todo en un caso tan fuerte como este”, dijo Martí Batres Guadarrama, presidente del Consejo Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México.

Mientras que Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que las autoridades federales deben rendir cuentas a la sociedad mexicana por el caso Gordillo.

“Esperemos que no sea una simulación y una jugarreta de las autoridades al no armar bien los expedientes. Exigimos que se vaya a fondo y se castigue a todos los que han cometido actos de corrupción en este país; que le rindan cuentas a la sociedad mexicana que quiere saber porqué no se integran de manera correcta los expedientes, qué es lo que impide a la PGR y a las autoridades competentes hacer bien su trabajo”, cuestionó Mojica Morga.

Ayer se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado resolvió un amparo a favor de Gordillo Morales, porque la integración de la investigación de la PGR fue inconstitucional, y las evidencias y pruebas que presenta el Ministerio Púbico son ilícitas. Hoy la ex lideresa magisterial es juzgada sólo por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Marco Antonio del Toro, abogado de la “Maestra”, dijo a la prensa que en el amparo se argumentaron fallas en los procedimientos de la PGR que ocultó la averiguación previa y con ello se constituyó una violación “derecho a la adecuada defensa”.

“Es una vergüenza para la procuración de justicia de nuestro país que los expedientes no se armen de manera correcta y que eso permita que muchos delincuentes salgan de las cárceles. Exigimos a las autoridades federales a que revisen y rectifiquen las políticas de seguridad de nuestro país y de procuración de justicia, porque el combate a la corrupción es uno de los temas que causa mayores enojos a la población”, agregó la perredista.

Gordillo Morales fue detenida el 26 de febrero de 2013 y constituye el primer y único golpe del Gobierno de Peña Nieto a un personaje con el poder económico y político de la ex lideresa magisterial.

Sin embargo, a pesar de que fue encarcelada, sus cuentas ni sus propiedades fueron confiscadas.

Ernesto Ruffo Appel, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el trabajo de la PGR hace sospechar si la persecución de Elba Esther sólo se trata de una “ficción” o un “maquillaje”.

“Es lamentable que la PGR no haya integrado debidamente. Esto que está sucediendo nos hace sentir mal sobre nuestras instituciones que ni atinan a aclarar las cosas como son y luego cometen pifias como las que parecen que están sucediendo. Antes de consignar a alguien deben estar convencidos de que las pruebas que están aportado son suficientes para la decisión judicial final”, planteó Ruffo Appel.

LO DE GORDILLO FUE POLÍTICO

Los miembros de la oposición también consideraron que la declaratoria de inocencia de uno de los delitos que enfrenta Gordillo Morales, demuestra que su encarcelamiento sólo fue una venganza política y no un acto de combate a la corrupción.

“Privó el interés político, antes que la buena preparación jurídica. Eso muestra que se actúa sobre la base de tiempos políticos y no sobre la base de decisiones jurídicamente bien ordenadas. Al Gobierno lo que le urgía era el golpe político a la dirigencia del magisterio y no tanto el combate a la corrupción”, consideró Batres Guadarrama.

El dirigente de Morena agregó que incluso Gordillo Morales podría quedar absuelta de los otros dos delitos, delincuencia organizada y lavado de dinero, si la PGR integró de la misma forma la averiguación.

Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo que el caso de Gordillo es una muestra de que en México la justicia se utiliza con fines políticos y no para perseguir y juzgar un delito.

“Por la forma que lo hicieron, violando el debido proceso, no podemos contar con la certeza de si la persona es inocente o no, porque no se hizo una investigación adecuada. Muchos casos que están en medio de la discusión tienen ese mismo objetivo y no podemos como ciudadanos conocer la verdad; está el caso de [José Manuel] Mireles de Michoacán”, expuso Tagle Martínez.

Lo sucedido esta semana con Elba Esther Gordillo recordó incluso al caso de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y liberada por violación al debido proceso.

Incluso, dijeron, los casos de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, podrían peligrar si se cometen errores en sus expedientes que comprometan el debido proceso.

“Están los casos de los ex gobernadores donde están ventilando las investigaciones, lo que da posibilidades a que los personajes queden libres; pero parece a propósito, todo lo hacen tan mal que dan oportunidad a que los abogados puedan apelar, ampararse y encontrar argumentos legales para burlar la Ley”, dijo Tagle Martínez.