La Auditoría Superior de la Federación detectó, en su revisión de la cuenta pública 2015, que la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Arely Gómez González, concluye cada vez menos investigaciones criminales, carece de personal suficiente y, en ese periodo logró consignar o enviar a tribunales sólo un 24.3 por ciento de las averiguaciones previas procesadas.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno federal es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y al abatimiento de la impunidad a través de una eficaz procuración de justicia.

La Procuraduría General de la República, sin embargo, concluye cada vez menos investigaciones criminales, carece de personal suficiente y, en 2015, logró consignar o enviar a tribunales sólo un 24.3 por ciento de las averiguaciones previas procesadas.

Por tanto, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la cuenta pública de 2015, las acciones de la PGR “continúan siendo insuficientes para fortalecer el Estado de derecho y abatir la impunidad en materia de delitos federales, lo que afecta a 119.0 millones de mexicanos”.

En la Auditoría 116-GB, la ASF encontró que la PGR presenta indicadores de consignación de averiguaciones previas menores cada año (un 17.5 por ciento en promedio), al pasar de 45 mil 968 expedientes que envió a los tribunales en 2011, a menos de la mitad en 2015, cuando consignó sólo 21 mil 306 casos.

La ASF también detectó que a la Procuraduría le faltan unos 227 agentes del ministerio público, debido a que el personal actual lleva una carga de 82.4 averiguaciones previas, cuando en promedio pudieron atender sólo 50.5 investigaciones.

“En opinión de la ASF, en 2015, la Procuraduría General de la República avanzó en la atención del problema público que originó el Programa Presupuestario E002 ‘Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal’, al consignar el 24.3 por ciento de las averiguaciones previas despachadas”, dice la Auditoría.

“Sin embargo, por la insuficiente capacidad operativa en materia de investigación de delitos federales; prevalece un rezago de 55 mil 294 averiguaciones previas, cifra superior en 6.1 por ciento a la cantidad del año anterior, de 52 mil 88; y las averiguaciones previas consignadas que obtuvieron un auto de formal prisión representaron 12.8 por ciento de las averiguaciones en trámite, lo que afecta su contribución para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad”, agrega.

La organismo plantea que, para investigar y perseguir los delitos del orden federal, la PGR operó el programa presupuestario E002, con 10 mil 563 millones de pesos y el objetivo de que “los denunciantes en materia de delitos federales sean beneficiados con las averiguaciones previas consignadas”.

De las 142 mil 890 averiguaciones previas acumuladas para 2015, la PGR pudo procesar sólo 87 mil 596, dejando sin atender 52 mil, o un 38.7 por ciento.
De las procesadas, la dependencia no pudo encontrar pruebas en un 35 por ciento de los casos, por lo que fueron enviadas a “reserva”; otro 23.4 por ciento se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 16.1 por ciento de los casos se declararon incompetencia y sólo 24.3 por ciento, o 21 mi 306 expedientes, fueron consignados a tribunales.

Y, de las averiguaciones consignadas, 18 mil 342 obtuvieron auto de formal prisión y sujeción a proceso, lo cual significa un 12.8 por ciento del total de 142 mil 890 averiguaciones previas pendientes en la PGR.

“Se determinó que uno de los factores que obstaculizan la efectividad de la integración de la averiguación previa es el déficit de personal, constatando que la carga de trabajo del personal sustantivo fue de 82.4 averiguaciones previas por AMPF y que en promedio atendieron 50.5, que representaron 61.3 por ciento del total que les correspondía atender”, dice la ASF.

Otro elemento que redujo la capacidad de procesamiento de expedientes expuesto por la PGR a la ASF fue la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, lo cual, argumentó el ministerio público federal, derivó en la designación de pocos agentes para atender la totalidad de los expedientes en trámite del Sistema Inquisitivo-Mixto.

El actual Procurador de la República, Raúl Cervantes. Foto: Cuartoscuro

SEIDO, TAMBIÉN INSUFICIENTE

Otra división de la PGR auditada por la ASF fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que también presentó indicadores de un alto nivel de impunidad.

“En 2015, la Procuraduría General de la República no despachó el 79.2 de las averiguaciones previas en trámite de delitos de delincuencia organizada, por lo que en ese año permanecen siete mil cuatro expedientes sin atender, lo cual implicó que no resolvió la totalidad de los casos pendientes, debido principalmente al bajo índice de consignación (47.1 por ciento)”, dice la ASF en la auditoría 117-GB.

“Esto provoca que, en materia de investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, la contribución a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente sea limitada. Las acciones realizadas por la SEIDO son insuficientes para fortalecer el Estado de Derecho y abatir la impunidad”, agrega.

La ASF reporta que en 2015, cuando Arely Gómez González era Procuradora, la SEIDO consignó al Poder Judicial de la Federación 866 averiguaciones previas, pero 19.2 por ciento de ellas le fueron devueltas.

“La principal causa de devolución de las averiguaciones previas se refiere a que no se acreditó el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Asimismo, se comprobó que ésta se registró con mayor frecuencia en las averiguaciones previas relacionadas con los delitos contra la salud”, dice la ASF.

De los casos consignados, obtuvo 771 autos de formal prisión, la mayoría por secuestros (266 personas acusadas) y por delitos contra la salud, por lo que se envió a prisión a 246 personas en 2015.