Si hoy alguien despertara de un coma de seis años se daría cuenta que las estrategias para reducir los homicidios en el país no han funcionado. En el último tramo de su administración, los discursos del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo se contradicen con los hechos. Esta semana, más de 250 cráneos fueron hallados en un cementerio clandestino en Veracruz; el hallazgo lo hicieron familiares, en vez de las autoridades. Además culminó apenas un paro escolar de dos meses en protesta contra criminales en San Miguel Totolapan, Guerrero, mientras que en el norte, y en pleno centro turístico de Los Cabos, se reporta la formación de una nueva organización criminal: el Cártel Tijuana Nueva Generación. Lo mismo sucede en otras dos joyas del turismo mexicano: Cancún y Playa del Carmen, ahora constantemente sacudidas por balaceras y asesinatos. El crimen rebasó a las autoridades, mientras las policías aquejan serias deficiencias, denuncias expertos. Ayer, un estudio desnudó a los cuerpos policiales mexicanos y, también, Juan Méndez, ex Relator de la ONU sobre la tortura, reiteró que ese delito de lesa humanidad ha repuntado en el país.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).— La administración del Presidente Enrique Peña Nieto emprende el último tramo del sexenio sin cambiar la cara de la violencia que azota el país. Datos oficiales, altos funcionarios, instituciones internacionales y la sociedad civil alertan sobre la turbulencia y el caos en materia de seguridad durante este primer trimestre del año.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié sobre el uso de la tortura como práctica generalizada en el país. Juan Mçendez, ex Relator especial de Tortura para ese órgano internacional, habló ayer sobre la negligencia que encontró en el Gobierno federal.

“Siempre dijimos que la tortura es generalizada, aspiro a que me prueben que me equivoqué o a que deje de ser generalizada”, dijo Méndez, después de que señalara a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de haber pretendido persuadirlo para cambiar el término “generalizada” al fin de su visita al país en mayo de 2014.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró el año pasado 15 quejas de tortura relacionadas con el Ejército; un aumento del 400 por ciento con relación al 2015. De la misma forma se incrementaron las quejas por tortura en contra de la Policía Federal (PF): 143 quejas en el 2016, lo que significa un repunte del 429 por ciento con relación a los registros del 2015.

También, un trabajo de investigación –con bases de datos realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)– reveló que durante el sexenio de Calderón el 30.3 por ciento de las personas detenidas por el Ejército y la Marina, acusó haber sido torturada con choques eléctricos, y el 26.6 por ciento mediante asfixia.

“No es cierto que la tortura provoque resultados positivos. Es cierto que provoca que el torturador diga lo que quieren que digan y en algunos casos es verídico. Sin embargo, son innumerables los casos de declaraciones bajo tortura que no corresponden a la realidad y que llevan a condenas judiciales falsas, a la persecución de inocentes”, planteó Juan Méndez.

Méndez advirtió de los riesgos que conllevan las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. En este momento seis iniciativas han generado un debate en el interior del Congreso de la Unión. Pese a reconocer que no tiene detalles de las propuestas, argumentó  que la experiencia internacional indica que usar al Ejército en tareas de seguridad interior, antes reservadas para las policías, es un error.

Juan Méndez explicó que sacar al Ejército a tareas de seguridad interior no resolverá el problema del crimen organizado. Foto: Cuartoscuro

“Siempre se alega que las fuerzas policiales se ven desbordadas por la inseguridad, en nuestro informe [preliminar 2014, final 2015] dijimos que México tenía un serio problema, pero el involucramiento tiende a militarizar a las policías también”, dijo Méndez.

La violencia en el país pareciera estancada. En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró mil 938 carpetas por homicidios dolosos. Una estadística no tan alejada de las mil 609 de enero del 2010.

Llevar este tipo de casos a la justicia aún es una meta difícil. En septiembre del año pasado el Inegi refirió que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados y sin apertura de investigación representaron el 93.7 por ciento del total.

Hoy, la asociación civil Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe en el que reveló el bajo rendimiento policial.

El 31.3 por ciento de 16 Ministerios Públicos estatales encuestados calificó la capacidad policial para detener delincuentes en flagrancia como mala. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.

Esta situación es especialmente preocupante puesto que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) fue implementado a nivel nacional desde el 18 de junio del 2016.

El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” se evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.

Sin la labor de los policías el NSJP no funcionará a cabalidad, advirtió el analista de seguridad Alejandro Hope.

Las policías del país son las encargadas desde detener delincuentes hasta proteger escenas del crimen y una reforma al artículo 21 constitucional en el 2008 les permitió apoyar al Ministerio Público en el embalaje y de pruebas. Sin embargo, el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.

EL NARCO SE TRANSFORMA

Hasta el 13 de febrero, la Procuraduría General de la República refería la operación dentro del territorio nacional de 37 células delictivas y 9 cárteles del crimen organizado.

Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto han surgido nuevos cárteles. Un reporte del diario estadounidense Los Angeles Times detalló en octubre pasado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se estaba uniendo con el Cártel de los Arellano Félix.

La alianza en Tijuana habría dado paso al Cártel Tijuana Nueva Generación, que busca pelear la plaza al Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, extraditado a Nueva York el 19 de enero.

Además de Baja California, otra joya del turismo mexicano ha sido azotada por la violencia en este primer trimestre.

Tras dos días consecutivos de balaceras, con un total de nueve fallecidos, dos de los puntos turísticos más importantes de la costa caribeña de México están en vilo: Cancún y Playa del Carmen. Tanto así, que el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia para sus ciudadanos de visita en la zona.

Mientras investigadores trabajaban el 18 de enero pasado en una discoteca de Playa del Carmen, donde la madrugada anterior murieron cinco personas por disparos, la región se sacudió cuando hombres armados asaltaron esa misma tarde la oficina de la Fiscalía del estado de Quintana Roo, en Cancún. Cuatro personas fallecieron en el incidente.

Las autoridades atribuyeron ambos incidentes al crimen organizado, pero no explicaron a quién podrían estar vinculados.

Durante estos primeros tres meses del año, Cancún ha sido el epicentro de una guerra por la plaza, han alertado analistas en seguridad. Y apenas el 14 de marzo, nuevas balaceras se desataron en esa ciudad y dejaron como saldo un policía muerto y tres oficiales heridos.

COMUNIDADES INDEFENSAS

Asimismo, en el transcurso del actual Gobierno federal las comunidades más indefensas no han dejado de sufrir la presencia del crimen organizado.

Apenas el martes pasado, habitantes de San Miguel Totolapan señalaron que se restaurarían las clases en más de 200 escuelas después de dos meses de inoperancia. Maestros y familiares exigieron con esta medida que las autoridades no los dejaran solos ante la célula que opera en la zona y a la que se identifica como “Los Tequileros”.

Desde hace 10 años, Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, opera en el municipio sin que las autoridades hayan podido detenerlo.

Por su parte, en Veracruz, la presencia del narcotráfico ha vuelto a llamar la atención pública, después de que familiares del colectivo Solecito hallaran alrededor de 250 cráneos en un cementerio clandestino ubicado en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.

Los familiares participantes en la Brigada de Búsqueda de Personas hallaron en septiembre este lugar. Y el Fiscal Jorge Winckler afirmó hoy al noticiero de Televisa, que se sólo se ha avanzado en un 30 por ciento del escrutinio del terreno.

La guerra contra el narcotráfico parece haber engrosado la fila de asesinatos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 186 mil 297 asesinados entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015.

Más recientes son los datos del Semanario Zeta, que contabilizó 90 mil 649 ejecutados en 50 meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, de diciembre del 2012 a enero del 2017.

Los datos entierran las promesas hechas por Peña Nieto cuando fue candidato presidencial.

“En los últimos cuatro años se han incrementado y se han sumado a las filas de la pobreza 12 millones más de mexicanos y de ellos la mitad no tienen o no les alcanza para comer. […] Y por si esto fuera poco, hay que decir que la ola de violencia y de inseguridad amenaza tu vida y tu libertad. […] Me propongo cambiar el miedo por esperanza, me propongo cambiar a México”, decía cuando en el debate de candidato, en mayo del 2012.


También te puede interesar