Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la muerte de una mujer indígena mixteca embarazada y de su bebé de ocho meses de gestación quienes fallecieron en la sala de espera del Hospital Básico Comunitario en Copala, Guerrero, donde se le negó la atención por más de cinco horas.
La CNDH informó que de acuerdo con la información de la prensa local, se tuvo conocimiento que el pasado 21 de marzo de 2014 la mujer de 20 años originaria de la comunidad de El Potrero, municipio de Ayutla, falleció tras haber ingresado al nosocomio con un embarazo de ocho meses.
La joven entró al hospital por su propio pie y sin embargo falleció después de una espera de casi 5 horas sin recibir atención.
La madre de la víctima dijo que una doctora determinó que su hija falleció como consecuencia de un infarto al miocardio e insuficiencia respiratoria aguda, además de que su producto, ya estaba sin vida. Denunció que el cuerpo le fue entregado sin el certificado de defunción correspondiente.
Visitadores de la CNDH se trasladaron a ese municipio a efecto de recabar evidencia suficiente que permita acreditar la presunta violación a los derechos humanos de la señora y su producto. Además de entrevistarse con los familiares de la agraviada, requirieron el informe correspondiente a la autoridad de salud involucrada.
“La Comisión Nacional considera que la protección de la salud es un derecho elemental para todas las personas y particularmente para las mujeres en estado de gravidez y, con mayor razón tratándose de miembros de una comunidad indígena, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, y no tienen satisfechas sus necesidades materiales y de servicios básicos, indispensables para su desarrollo y salud”, dice la CNDH en un comunicado de prensa.
El organismo dijo que tras concluir la investigación y después del análisis y la valoración de las evidencias, este Organismo nacional emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
Los constantes casos de negligencia médica en la atención de mujeres embarazas son uno de los puntos principales de la crisis del sector salud de México. Es así, que por primera vez, el 27 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó abordar el problema en una audiencia a instancias de las Organizaciones No Gubernamentales, GIRE, Parto Libre y Sakil Nichim Anzetik.
Parir en México tiene obstáculos. Y de ello, cada día se reúnen más pruebas. La principal se encuentra en el déficit del sector. Por cada dos mil habitantes en el territorio nacional hay tres médicos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de entre dos o tres por cada mil habitantes.
El desequilibrio es más crítico en cuanto al personal paramédico (enfermeras y auxiliares): hay 302 mil enfermeras para los más de 112 millones de habitantes de la República y una proyección de Axa Seguros indica que México requerirá otras 200 mil para 2020 y aún no existen condiciones para su formación.
El número de profesionales en los hospitales es el más bajo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en comparación con un promedio de los países miembros del organismo de casi cuatro, según el documento “Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud”.
Los médicos en las entidades federativas alegan lo evidente: no hay infraestructura, no hay buenos sueldos, no hay material quirúrgico y los centros de salud se caen de viejos.
El gobierno federal –con la cartera a cargo de Mercedes Juan López– ha respondido con la propuesta de conformar una Procuraduría para evitar el rechazo de las mujeres a las puertas de los nosocomios.
El Partido Acción Nacional (PAN) pide incluso la penalización para los médicos que nieguen acceso a una mujer a punto de dar a luz. En el Senado de la República se encuentran dos iniciativas de ese partido, una es para modificar el artículo 469 de la Ley General de Salud y la otra para cambiar el artículo 230 del Código Penal Federal con las que se propone considerar como delito la negación de la atención médica.
Como un compás activo, el dibujo del círculo no para. Pasa por cada uno de los involucrados pero se detiene en la frase exclamada con desesperación por la directora del Hospital Regional de Especialidades de la Mujer de Tabasco donde una adolescente sufrió un aborto en un baño: “No tenemos capacidad”. MÁS INFORMACIÓN: MÉXICO: UN SISTEMA DE SALUD DESMANTELADO.
