Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).-  Diputados y senadores condenaron los presuntos actos de corrupción y la riqueza a costa del erario del panista César Nava y los priistas Andrés Granier y Carlos Romero Deschamps, ventilados a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

No obstante, a pesar de sus declaraciones cargadas de exigencias de justicia y rendición de cuentas, en los hechos, poco o nada han realizado los legisladores para acabar con la red de corrupción que estos y otros funcionarios públicos han tejido desde el servicio público.

Acerca de la denuncia que enfrenta el ex presidente nacional del Partido Acción Nacional, César Nava, en tribunales estadounidenses por presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos, el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, pidió que se investigue este caso hasta las últimas consecuencias.

“Que se determinen responsabilidades. Son hechos que ya se conocía habían ocurrido desde otro tiempo, que creo que en la administración panista no hubo la voluntad de esclarecerlos, pero lo que está apareciendo obliga al actual gobierno a poder determinar responsabilidad”, sostuvo.

Su homólogo en San Lázaro, Silvano Aureoles, también habló al respectó y fue más allá. Exigió que también se investigue la riqueza del líder de los trabajadores petroleros Carlos Romero Deschamps

“Que se investigue. O sea aquí no solamente es el caso de César Nava (…) Aquí hay viejas historias y también el PRI tiene mucho que decir con respecto a lo que pasa en Pemex; empezando por el líder multiseñalado de los petroleros y los actos que se han cometido por décadas en la paraestatal”, señaló Silvano Aureoles, coordinador de los diputados perredistas.

ANDRÉS GRANIER

“Indignante, grave, (…) ahora hay cinismo por parte de Granier y creo que es el momento que la sociedad exija justicia, pero además resarcimiento del daño, no basta con que los metan un ratito a la cárcel y al rato salgan”, dijo la Senadora perredista, Dolores Padierna, sobre las declaraciones del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien presumió una vida de lujo y un impresionante guardarropa.

En el mismo sentido, Acción Nacional exigió todo el peso de la ley contra el ex mandatario que con unas copas de más dijo poseer mil pantalones y 300 pares de zapatos. “De resultar su voz, nos parecería gravísimo y estaríamos solicitando todo el peso de la ley en el supuesto de que así fuera”, dijo el Diputado panista Ricardo Anaya, Vicepresidente de la Comisión Permanente.

No obstante su indignación, diputados y senadores omitieron mencionar que desde el 7 de marzo, la izquierda y el PAN exigieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria, que transparenten las investigaciones sobre las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex Gobernador de Tabasco, sin que hayan recibido respuesta positiva.

Y que la fuerza priista mando a “congelar” la propuesta en la Comisión de Hacienda, por lo que hasta hoy, la Cámara de Diputados ha permanecido inerte ante la denuncia interpuesta contra el ex mandatario Andrés Granier.

CARLOS ROMERO DESCHAMPS

A través de un punto de acuerdo presentado este miércoles ante la Comisión Permanente, la Senadora del PAN, Laura Rojas, pidió a la Procuraduría General de la República que investigue y, en su caso, persiga la probable comisión de delitos ante el aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes sindicales.

“En aras de la transparencia, la legalidad y los derechos sindicales, debe esclarecerse el origen del patrimonio de los líderes sindicales y, sobre todo, si existe incongruencia entre sus ingresos y egresos”, puntualizó la también integrante de la Comisión Anticorrupción.

La legisladora capitalina se pronunció porque la Unidad de Inteligencia Financiera informe al Congreso de la Unión si investiga a sindicatos cuyas operaciones financieras pudiesen constituir un ilícito. No obstante la pertinencia de su exhorto, el punto de acuerdo se turnó a comisiones, con lo cual es poco probable que el Congreso se pronuncie al respecto.

Sin embargo, el PRI nuevamente uso su mayoría para frenar el punto de acuerdo y enviarlo a comisiones, donde posiblemente quedará “congelada”.

Todavía resuena en los pasillos del Senado, la declaración del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, quien dijo “no tienen nada de qué preocuparse”, en claro respaldo a los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) y Joel Ayala, (secretario general del sindicato de burócratas), pocas horas después de la detención de la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo.

JAVIER DUARTE Y ROSARIO ROBLES

El 23 de abril, en plena crisis del pacto por México tras el descubrimiento de “mapachismo” electoral del PRI en Veracruz, las bancadas del PAN, PRD y PT en San Lázaro solicitaron juicio político contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador veracruzano y Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social.

La solicitud de juicio político se envió a la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, órgano que deberá determinar si procede el juicio o no. En caso de ser negativa la resolución, el juicio queda sobreseído y no se vuelve a tocar el tema.

La Comisión Jurisdiccional está presidida por el Diputado del PRI, José Rangel Espinosa y constituida por 5 diputados del PRI, 3 del PAN, 2 del PRD, 1 del PVEM y 1 de Movimiento Ciudadano.

Hasta momento, el juicio político contra Duarte y Robles está detenido en la red de burocracia de la Cámara de Diputados.

“Recuerde que no sólo son esos asuntos, hay otras denuncias sobre funcionarios del Poder Judicial, en fin, algunos otros servidores públicos. De acuerdo con el procedimiento primero se debe crear la subcomisión de examen previo, sesionan juntas las comisiones de Justicia y de Gobernación y entre ambas, se integra una subcomisión de examen previo. Toda vez que esa subcomisión de examen previo determina que hay elementos, entonces entra en funciones la Jurisdiccional y se crea la Sección Instructora, a efecto de desahogar la denuncia, ese es el procedimiento”, precisó el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el priista José Rangel Espinosa.

Cabe mencionar que en el remoto caso de que el caso se presentara ante el pleno de la Cámara de Diputados, la oposición no contaría con las dos terceras partes de los 500 diputados, necesarias para que procediera el juicio político.

EX FUNCIONARIOS DE SEGOB Y LOS CASINOS 

Esta semana, la Comisión Especial sobre Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados se reunió con Marcela González Salas, directora general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Acordaron colaborar en la revisión de expedientes de 32 permisos otorgados para el funcionamiento de casas de apuestas y de casinos, minutos antes de que terminara el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Seguimos viendo irregularidades en los negocios de juegos y sorteos, hay asuntos que están bajo reserva. La Comisión va a hacer sus propias investigaciones; no pedimos exonerar a nadie y tampoco juzgamos anticipadamente”, explicó el presidente de la instancia legislativa, Ricardo Mejía Berdeja.

Esta comisión se formó tras el escándalo generado por declaraciones de la abogada Talia Vázquez Alatorre, quien denunció una serie de irregularidades en el otorgamiento de permisos a Producciones Móviles y a Exciting Games para operar casas de apuestas y casinos.

La abogada también refirió haber visto al ex funcionario de Segob y hoy Senador por el PAN, Roberto Gil Zuarth, recibir 900 mil dólares para gestionar el permiso de un casino. Incluso solicitó que el senador fuera desaforado para enfrentar la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República, como cualquier ciudadano y no como legislador federal.

El Diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, aseguró que los integrantes de esta instancia legislativa insistirán en reunirse con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para conocer más de los hechos.

No obstante sus esfuerzos, todo parece indicar que la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal Relacionadas con el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos, no podrá aportar elementos sustantivos para deslindar responsabilidades y su trabajo se limitará a plantear una serie de recomendaciones rumbo a una nueva ley federal que regule a este sector.