Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– Los pobladores de Temacapulín (llamado Temaca coloquialmente) y otras comunidades aledañas, que serán inundadas para construir la presa El Zapotillo en Jalisco, son víctimas de hostigamiento por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno de esa entidad, denunció Gabriel Espinoza Sauceda, vocero de los habitantes del lugar.

En medio de la controversia por la construcción de una presa que inundará 4 mil 500 hectáreas de tierras y que afectará a un total de 45 mil personas de varias comunidades y ciudades, incluyendo Guadalajara, el gobierno trata de obligar a los residentes a vender sus propiedades, hostigándolos.

“Desde el anuncio de la presa hay un hostigamiento sistemático, permanente. Al principio decían que era una obra de gobierno federal y va porque va, o vendes o no te pagan, no hay marcha atrás. En los últimos años a partir del primero de junio de 2011, cuando la Conagua determina que el proyecto va, de ahí en adelante se recrudeció el hostigamiento, especialmente durante los últimos días”, dijo Espinoza.

El vocero de Temacapulín denunció que se transmiten spots de radio donde se avisa a los pobladores que “disfruten la última fiesta del pueblo”, cuando se promociona alguna festividad.

“Luego dicen que ya en la primera quincena de mayo los van a desalojar, últimamente han mandado a la Procuradora Social, Felícitas Velázquez Serrano, cada ocho días a Cañadas de Obregón para presionar y a tratar de colocar un módulo de información de abogados para el desalojo”, explicó.

Espinoza agregó que incluso él directamente fue intimidado y obligado a permanecer de rodillas y de espaldas a un grupo de policías, cuando realizaba una inspección en una de las comunidades que será inundada.

“Este es un hostigamiento sistemático, intimidatorio, recurrente, que creemos que se va a recrudecer en estos meses”, afirmó.

Libertad Díaz, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), expuso que la Conagua realiza prácticas intimidatorias y violatorias de los derechos humanos en varias comunidades del país donde hay megaproyectos.

En el caso de Temacapulín el organismo utiliza a una organización civil ambientalista para presionar a la población a que venda y se reubique.

“El gobierno por su parte ofrece programas sociales y cuando la comunidad determina que no necesita esos programas, se retira el servicio médico al pueblo y lo que se prevé es que esto avanzará hasta que se le retire el derecho a la salud y a la vivienda digna al pueblo”, dijo.

QUE SE CUMPLA SENTENCIA

Los pobladores de Temacapulín exigen que se cumpla la sentencia 93/2012 emitida en octubre del año pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a las autoridades y a las constructoras a no rebasar la altura de la cortina de la presa más allá de 80 metros.

Sin embargo, la construcción de El Zapotillo, con una altura de 105 metros, continúa sin tomar en cuenta la sentencia de SCJN.

Los pobladores buscaban reducir la construcción de la cortina de la presa a 65 metros para no inundar a los poblados de Temacapulín.

Gabriel Espinoza denunció omisión y falta de transparencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pidió al Congreso de la Unión llamar a comparecer al organismo.

“Hemos presentado amparos colectivos por interés legítimo, denunciando el incumplimiento de la sentencia y la violación a nuestros derechos como pueblos”, comentó.

El representante de los habitantes de Temacapulín aseguró que el proyecto de El Zapotillo que inundará varios pueblos, no beneficiará a Jalisco, como declaran las autoridades estatales, sino a Guanajuato.

“Quien tenga conocimiento de la geografía de Jalisco sabe que el agua que hay ahorita le llega a Guadalajara por gravedad y que  con la presa se pone en riesgo hasta el agua para Zapotlanejo y para la misma Guadalajara”, dijo.

La lucha por conservar Temacapulín y otros pueblos data desde hace nueve años. Sólo en Temaca, Acasico y Palmarejo hay en total mil habitantes, más otros 5 mil que se encuentran en Estados Unidos y tienen propiedades en esas comunidades.

La mayoría de los pobladores que habitan en los poblados son ancianos que tienen enterrados a sus abuelos y bisabuelos en los cuatro panteones que serán cubiertos por el agua, si no se logra detener a las autoridades federales y estatales que promueven la presa, expuso Guadalupe Espinoza.

“Es un pueblo que tienen raíces desde antes de la llegada de los españoles. Hay aguas termales, casas coloniales de cantera rosa. La última palabra la tiene la gente; estamos en lucha”, agregó.

El 21 de abril de este año, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos lanzó una campaña de firmas a través de una carta publicada en su página para defender a los habitantes de Temacapulín ante un posible desalojo forzoso.

La petición de firmas se originó luego de que el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, informó sobre la inviabilidad para preservar Temacapulín y que indemnizaría y reubicaría a la población.

La carta está dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, autoridades de la Conagua y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a diputados locales del Congreso del Estado de Jalisco y a magistrados de la SCJN.

En la misiva se solicita: “Que por razones de seguridad se cancele de inmediato el proyecto de la Presa El Zapotillo, pues resulta violatorio de los derechos humanos argumentar que por seguridad la cortina se elevará a 105 metros, ahogando y desplazando a las comunidades. O en su defecto que por razones de seguridad la altura de la cortina sea menor a 80 metros, alternativa que las comunidades presentaron al Gobierno del Jalisco en las mesas de diálogo realizadas en 2013, misma que no fue tomada en cuenta por Aristóteles Sandoval [Gobernador del Estado de Jalisco]”.

Al gobierno del estado se le solicita detener el desalojo y despojo de la población y garantizar su protección ante cualquier amenaza física, tanto de los pobladores, como de defensores de derechos humanos.

“Que de forma inmediata la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigue los hechos que han dado pie al incumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional 93/2012 y ordene una inspección al sitio de construcción en presencia de los pobladores como afectados directos del incumplimiento de las autoridades señaladas como responsables”, solicitó.

La misiva hizo una petición al Congreso de la Unión para que llame a comparecer a la Conagua y explique los fundamentos legales de la decisión de construir la presa y al Congreso del Estado de Jalisco le solicita visitar la obra para verificar el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.