Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– Magistrados y jueces han sido acusados en los últimos días de favorecer a Juan José Rojas Cardona, el llamado “Zar de los Casinos”, y recibir jugosas participaciones a cambio. Pero no son los únicos involucrados en estos escándalos que se desataron durante los sexenios panistas, cuando se otorgaron un gran número de permisos para las casas de apuestas en poco tiempo y a pocos empresarios.

Entre los funcionarios que otorgaron permisos a casineros se ha relacionado, e incluso acusado, a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, además de funcionarios que entonces eran muy cercanos a Los Pinos, como Santiago Creel Miranda, Roberto Gil Zuarth, entre otros.

De acuerdo con un informe de la Comisión Especial en la Cámara de Diputados, que revisa la legalidad de las casas de apuestas, la anterior administración panista, la de Calderón Hinojosa, dejó un desorden en los expedientes de los permisos otorgados para la operación de casinos.  Fueron entregados “incompletos y en desorden” al actual gobierno, reveló en abril pasado.

Entre enero de 2004 a noviembre de 2012, la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó 14 permisos para la instalación de casinos o casas de juego. Existen casos, como el de la empresa Producciones Móviles, a la cual se le concedieron licencias unas horas antes que concluyera el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y su vigencia concluirá en julio de 2037.

El “Zar de los Casinos” fue uno de los primeros beneficiados del gobierno de Fox Quesada. Sin embargo, con la nueva administración priista de Enrique Peña Nieto se le están acabando los beneficios.

En abril pasado, la Dirección General de Juegos y Sorteos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, revocó el permiso federal que permitía a Juan José Rojas Cardona operar hasta 50 casas de apuestas en el país.

Entretenimiento de México (Emex), empresa del “Zar de los Casinos”, no acreditó su legal funcionamiento e incumplió las condiciones de operación del permiso expedido el 25 de mayo de 2005 –durante el gobierno panista de Vicente Fox Quesada y donde Santiago Creel fungió como Secretario de Gobernación–, que tenía una vigencia hasta el 24 de mayo de 2030.

La revocación de este permiso fue dictada por el Juzgado 16 en materia administrativa con sede en el Distrito Federal, luego del análisis de un amparo interpuesto a principios de este año.

MAGISTRADOS Y JUECES CORRUPTOS

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ayer otra denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público de la Federación contra un juez y secretario del juzgado cuarto de Distrito en la Laguna, Coahuila,  por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los acusados son Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, en su desempeño como Juez y Secretario del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón.

La denuncia se dio una semana después de la suspensión de dos magistrados, un juez y el secretario técnico del Consejero Daniel Baeza de Vaca por ser presuntos partícipes de una red de influencias que supuestamente favorecía al llamado “Zar de los Casinos”.

Tras la publicación de audios que revelaban que Rojas Cardona a través de su abogado, Francisco Salazar Arrezola, utilizó sus contactos en el Consejo de la Judicatura para favorecer a algunos magistrados, la misma instancia denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los funcionarios.

Fue el caso de Eduardo Ochoa Torres, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; de José Manuel Rodríguez Puerto, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como del juez Javier Rubén Lozano Martínez, hasta hoy titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con las grabaciones, Salazar Arreozola buscó que el Magistrado José Manuel Rodríguez Puerto fuera cambiado de adscripción a Cancún, Quintana Roo. Para ello realizó gestiones para que el secretario técnico del consejero Cabeza de Vaca lo recibiera el fin de ser aconsejado para cómo tratar su solicitud de cambio de tribunal.

Días después se dio cuenta de un viaje a Las Vegas, realizado en avión privado y con hospedaje en un hotel de lujo por parte de Eduardo Ochoa Torres. En este caso se difundieron unas grabaciones en las que se da cuenta como el Magistrado se comunicó con el apoderado legal del Zar de los Casinos para darle cuenta de los pormenores de su viaje.

Ayer, Cabeza de Vaca aseguró que él no tiene ninguna relación con “El Zar de los casinos”, y añadió que fue el propio Consejero quien “empujó la denuncia penal”.

En el caso también estaría involucrado, Jorge Villalobos, vicecoordinador de los panistas en la Cámara de Diputados y allegado al candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz.

Incluso, esta semana cuatro ex gobernadores del partido enviaron a la presidenta del CEN, Cecilia Romero Castillo, una carta para que investigue al Diputado por presuntos “actos ilegales vinculados con la operación de casinos, con la comisión de extorsiones y tráfico de influencias”.

PANISTAS Y CASINOS

La carta de los es gobernadores panistas se basa en grabaciones difundidas por la prensa nacional, en las que Villalobos habría gestionado trámites para que los diputados Luis Alberto y Ricardo Villarreal pudieran operar un casino.

En una conversación con David Preciado, entonces jefe de oficina de la Subsecretaría de Gobernación, ocurrida entre agosto y septiembre de 2011, Villalobos le pide ayuda para que el negocio de los Villarreal opere con un permiso irregular de la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta.

Alberto Cárdenas Jiménez Marcelo de los Santos Fraga, Felipe González González Francisco Ramírez Acuña y Esteban Zamora Camacho enviaron la carta a Cecilia Romero para que investigue al vicecoordinador.

Por su parte, el Senador Roberto Gil Zuarth saltó a luz luego de que se diera a conocer que presuntamente recibió supuestos sobornos por parte de los dueños de casinos para el otorgamiento de permisos.

Fue acusado hace un año por Talía del Carmen Vázquez Alatorre, ex esposa de Juan Iván Peña Neder, funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que el Senador panista había pagado cerca de 800 mil dólares para la apertura de estos centros de juego, en los que destacaron también los nombres del casino Royale en Monterrey  y el Grand Casino de León, además de promover supuestamente la apertura de otro de estos centros de apuestas en Querétaro.

Una semana después, se dio a conocer que personajes del primer círculo del Felipe Calderón, organizados en torno a la Segob, habían recibido presuntamente sobornos de operadores de casinos. Algunos nombres como el de Julio Esponda Ugartechea, amigo cercano de Calderón y socio del despacho del ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien también se vio involucrado por haber recibido dinero, producto de los casinos ilegales”, según reveló Reporte Índigo.

Posteriormente, se conformó una Comisión de Casinos que investigaría el caso, en el cual, Roberto Gil dijo que comparecería parar aclarar los hechos.

De acuerdo con documentos enviados por el legislador a SinEmbargo, se puso en manos de la justicia para ser investigado y, luego de un juicio civil, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de las acusaciones realizadas por Vázquez Alatorre.