Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Especialistas y activistas denunciaron a que a pesar de que desde 2011 se promulgó una Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, la legislación no ha aterrizado aún y mucho menos se ha aplicado.
En estos tres años, la enmienda constitucional se ha quedado corta de los altos objetivos planteados y no ha permeado en los problemas más comunes de la sociedad. “Parece ser que se aplica el ‘no te veo, no te oigo, y actúa como puedas’”, aseveró José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
La reforma del 2011 significó el cambio constitucional más importante en décadas para la protección de los derechos humanos y se presentó como una herramienta transformadora del sistema de protección de derechos fundamentales.
Ha habido reformas en materia de amparo, de arraigo, de atención a víctimas, que han permitido la capacitación a servidores públicos a lo largo de todo el país en materia de derechos humanos y han fomentado la participación de organizaciones civiles en las entidades federativas. Sin embargo, los especialistas detectaron que siguen pendientes varios asuntos para su debida implementación y vigencia.
“Lo preocupante es que esta legislación no ha bajado [al nivel ciudadano], nosotros necesitamos que toda esa legislación, desde las autoridades, ya sea Ejecutivo, Legislativo, Judicial, se esté implementando día con día para que todas las personas te digan ‘he visto el impacto de esa reforma en mi vida’”, explicó Sandra Salcedo González, abogada investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Para ambos especialistas, los mayores pendientes radican en la desigualdad social, la inseguridad pública, la violencia contra las mujeres y en general, la falta de acceso a la justicia de los grupos más vulnerables.
“No nada más el tema del arraigo, el tema de derechos humanos se debe observar en mi empleo, en la vivienda, en los sistemas de salud, es decir en todo tendría que estar permeado la reforma y yo creo que ahí es cuando decimos, pues sí hay muchos avances, sí hay muchos foros, pero nada más”, enfatizó la especialista.
“Es difícil hablar de avances y de aciertos en un contexto de desigualdad, pobreza y exclusión, como son los derechos sociales en México. En el deterioro salarial en el 67 por ciento ha disminuido desde 1980 para acá”, detalló el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Ibero.
ONGS CRITICAN FALLAS DEL ESTADO
Desde el plano de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asociación dedicada a la defensa de los derechos frente a casos emblemáticos de abusos de poder por parte de las autoridades, observó con preocupación la resistencia sistemática de Poder Judicial a juzgar con una perspectiva que incorpore los más altos estándares de derechos humanos.
Esta organización se refirió en particular al caso de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas que tuvieron que esperar seis años para lograr una reparación del daño insuficiente, que aún el Ejecutivo se niega a cumplir.
Asimismo, según han señalado el Centro Prodh y Amnistía Internacional, el Poder Judicial de la Federación ha sido renuente en torno a la tortura denunciada por Claudia Medina Tamariz, pues no ha atendido sus obligaciones.
“Por ejemplo, en el caso de Claudia Medina Tamariz es evidente su vinculación con la única prueba originada en este marco de ilicitud y de violaciones a sus derechos humanos; por otro lado, resistiéndose a inaplicar disposiciones de la Ley de Amparo a fin de proteger efectivamente su integridad y libertad, así como a aplicar el parámetro de control constitucional y convencional respecto del Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales”, .
CONSTITUCIÓN POR ENCIMA DE TRATADOS INTERNACIONALES
Aunque la Reforma Constitucional definió que las normas de derechos humanos de la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel sin relación de jerarquía, este criterio no ha permeado a una gran mayoría de los operadores judiciales y que, lejos de ello, se niegan a implementar la reforma en sus competencias y jurisdicciones.
No obstante, para los especialistas es preocupante que desde el Poder Legislativo se intente acotar y desnaturalizar el alcance de la reforma, ya que en tres años se han presentado diversas iniciativas que han buscado introducir una jerarquía entre constitución y tratados internacionales de derechos humanos, en una pretensión regresiva de la reforma.
Tal fue el caso a principios del año pasado, cuando se presentó la llamada “Ley Arroyo”, una iniciativa de reforma al artículo primero constitucional, firmada por el Diputado Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Más aún, mediante la contradicción de tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prácticamente disminuyó el alcance del principio “pro persona” al sostener que en caso de contradicción jurídica en materia de derechos humanos, prevalecerán los preceptos constitucionales por encima de los tratados internacionales, cuando lo que debería estar más arriba es este principio que garantiza lo que mejor convenga a la víctima.
“Nos preocupa bastante con la resolución de la contradicción de tesis 293/2011 de septiembre del año pasado. Si bien una primera parte reconocía la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia, sin embargo, el hecho de permitir, aunque sea en algunos recovecos, que hay contradicción entonces se dará prioridad a la Constitución y nos olvidamos de los tratados internacionales, pues es muy grave para el principio ‘pro persona’”, indicó la abogada Sandra Salcedo.
LA CNDH QUEDÓ A DEBER
Con la Reforma Constitucional facultaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar las violaciones graves a los derechos humanos por parte de funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso de legisladores.
Se estableció que ninguna autoridad estará facultada para negar información a la CNDH, los servidores públicos deberían rendir cuentas cuando no acepten las recomendaciones del organismo autónomo. En ese caso, el Senado tendría la facultad de citar a los servidores para que expliquen el motivo de su negativa.
Tanto la CNDH como las comisiones estatales podrían presentar denuncias penales o civiles que consideren procedentes contra dichos funcionarios y representantes populares.
No obstante, ninguna de esas fortalezas han sido empleadas de forma constante por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni siquiera lo hizo en el caso de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes fueron asesinados en 2010.
Organizaciones de la sociedad civil criticaron la actuación del ombudsman Raúl Plascencia, ya que el organismo que preside se negó incluso a recibir a víctimas centroamericanas para escuchar sus demandas.
“En el caso de la migración, la CNDH se distinguía por tener unos informes especiales y una actitud muy positiva en términos de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y ahora pregúntele usted a las víctimas de San Fernando, y pregúntele a las madres hondureñas el papel que ha tenido la CNDH desde la matanza de San Fernando, ha sido verdaderamente un papel deficiente”, afirmó el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, José Antonio Ibáñez Aguirre.
Asimismo, la CNDH ha sido duramente criticada por no emitir ningún pronunciamiento respecto a las iniciativas para criminalizar la protesta social, emitidas por los congresos del Distrito Federal, Chiapas, Puebla y Quintana Roo.
“Se hace una crítica a CNDH por qué no está interviniendo cuando se está intentando generar legislaciones en las cuales se permiten métodos para reprimir la protesta social, este endurecimiento a la libertad de expresión”, explicó la abogada Sandra Salcedo.
FEMINICIDIOS
Los expertos también señalaron que los avances también han sido limitados en el tema de la seguridad pública y en el acceso generalizado a la justicia. Principalmente en lo que respecta al tratamiento de la violencia de género, la cual no solo ha sido “olvidada”, sino que incluso se ha intentado “esconder” mediante el maquillaje de cifras en diversas entidades federativas, principalmente en el Estado de México.
“En el tema de violencia contra las mujeres, yo creo que el feminicidio es una cuestión clave y en el tema de impunidad y negación de acceso a la justicia, realmente el balance es malo, allí no hemos avanzado. Inclusive se ha repuntado esa violencia y hasta tenemos declaraciones de algunos Ejecutivos estatales diciendo que tenemos cosas más importantes”, indicó Sandra Salcedo.
Los especialistas sostuvieron que en el tema de acceso a la justicia, solamente se han visto intentos velados de mejoras, pero que en este rubro, en particular, la reforma constitucional no está impactando de la manera esperada.
“¿Qué hemos visto? Intentos. Sí hay mejoras en algunos campos, pero hay endurecimiento y criminalización de la protesta social; sí hay mejoras, pero también hay violencia contra las mujeres de manera sostenida; sí hay un mejoramiento pero está empantanada la Ley General de Víctimas, según quienes elaboraron la propia ley”, afirmó el coordinador del Programa de Derechos Humanos.
LA RESPUESTA OFICIAL
Durante la presentación del “Diagnóstico de la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011” en el Senado dela República, Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, se limitó a alabar la actuación del Presidente Enrique Peña Nieto, de la CNDH y de los gobiernos estatales en la materia.
“Quiero reconocer el trabajo que se realiza por parte de los gobiernos de las entidades federativas y de otras autoridades que no se encuentran reflejadas en este diagnóstico directamente, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque tiene un papel, sin duda alguna, fundamental en este tema”, aseveró, la funcionaria que ha sido severamente criticada por ONGs por su actuación ante casos fundamentales de violaciones a derechos humanos.
Lía Limón también destacó la participación activa de la Academia y de la Sociedad Civil para lograr los avances con los que hoy se cuenta en la defensa de las garantías fundamentales, y aseguró que sólo con el apoyo de la sociedad organizada se lograrán más avances.
“Seguiremos trabajando en la difusión de esta reforma, porque solamente una persona que conoce sus derechos encuentra en sí mismo el principal defensor para ejercernos”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, indicó que “el gran reto” de todas las autoridades espromover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos.
Señaló que el Poder Legislativo ha cumplido su parte con la Ley de Amparo, con el Código de Justicia Militar, con la Ley contra la Discriminación, la Ley contra la Tortura; con diversas leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres.
Sin embargo, también destacó los pendientes.
“Que niñas y niños sean reconocidos como sujetos de derecho; la no discriminación por diversa orientación sexual o identidad de género; atender a quienes hoy reclaman por la desaparición forzada de personas; a quienes siguen pugnando porque se garantice la protección irrestricta del Estado, de periodistas y defensores de derechos humanos; etcétera, etcétera”, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
