Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– El pago que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ofrece a los más de 6 mil 800 ahorradores afectados por el fraude de Ficrea, no significa solución alguna. A siete meses y medio de que la Junta de Gobierno de la CNBV decretara la intervención gerencial de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), el vocero y el abogado del caso dijeron en entrevista con SinEmbargo que no hay hasta el momento una iniciativa o propuesta seria por parte de las autoridades para que le sea devuelto el 100 por ciento de sus ahorros.
Desde el 22 de diciembre pasado inició la recepción de solicitudes para el pago del seguro de depósito, que consta de 25 mil Udis (Unidades de Inversión), lo que equivale a 131 mil 500 pesos. Sin embargo, esta cantidad sólo cubre la totalidad de los ahorros de 2 mil 175 usuarios, de acuerdo con un comunicado de la CNBV. Es decir que 4 mil 625 afectados aún no les será saldado su seguro. De éstos, 2 mil 44 sí podrán recibir el 80 por ciento de la cobertura del respaldo económico.
Para el resto de las personas que no han hecho su solicitud para el cobro del seguro, el plazo vence este miércoles 17 de junio.
El 7 de noviembre de 2014 la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial de Ficrea, con el fin de proteger los intereses de los ahorradores y acreditados en la Sofipo, al descubrir que había una irregularidad con el ahorro de los socios.
Posteriormente, el 17 de diciembre, conforme a los estipulado en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinó la disolución y liquidación de Ficrea. Fue en esta fase en la que se documentó la forma de operar de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de la Sofipo: “se detectó que llevaban a cabo operaciones irregulares o fraudulentas a través de tres empresas relacionadas. El fraude fue por 2 mil 700 millones de pesos, puede leerse en el Informe 2014 de la CNBV.
Para el 19 de diciembre, se anunció la revocación de la autorización para operar como Sofipo.
Para los ahorradores, después de siete meses, la situación está como en aquel diciembre, “No hay una propuesta de solución concreta. No hay una mesa de negociación puesta por el gobierno que tenga las facultades suficientes para resolver el problema. Desde aquel 19 de diciembre se estableció el cobro de las 25 mil Udis […] El hecho de que más de 6 mi ahorradores estén solicitando ese seguro no quiere decir que represente una solución al problema”, comentó Adrián González, uno de los ahorradores afectados.
Incluso, como lo señala Fernando González, litigante en el caso Ficrea, el hecho de que más de 6 mil ahorradores soliciten el pago de ese seguro no quiere decir que represente una solución al problema, ya que se trata de una obligación que todas las Sofipos tienen que cumplir.
“Está el caso de los que tienen entre 130 o 140 mil pesos, que son 2 mil 500 ahorradores; ellos acceden a ese pago y su problema se soluciona. Aquellos que tienen un millón de pesos, esa cantidad de Udis equivale al 10 por ciento del total de sus ahorros. Quienes tienen más de 5 millones de pesos, representa el 1 por ciento. Obviamente esos ahorradores no dirán que el problema está resuelto, ¿qué pasaría con el resto del dinero? ¿es justo aceptar 5 centavos por cada peso ahorrado?”, agregó Adrián González.
La Comisión de Abogados de Ficrea recomendó a los afectados que en la solicitud del pago del seguro añadieran un texto en el que se reservan todos los derechos y acciones que sean necesarias para llevar a cabo la recuperación total de su capital. Esto debido a que la CNBV colocó un texto en el que obligan al afectado a renunciar a cualquier acción o proceso en contra de las autoridades o funcionarios públicos que estén involucrados en la resolución del problema.
Desde que salió a la luz el desfalco de Ficrea, un caso más en la lista de ahorradores defraudados por entidades de ahorro popular, las autoridades concentraron la atención en la figura de Antonio Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y quien fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade.
La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo.
Además ha señalado en todo momento que actuó oportunamente en conjunto con las autoridades financieras nacionales, por lo que logró una “intervención y acción eficaz para evitar un problema mayor que afectaría a un número más grande de ahorradores o clientes”, señala en su Informe 2014.
Las acciones legales a las que los afectados han recurrido, van desde los daños patrimoniales y financieros, hasta el de la moral; se trata de un amparo y un procedimiento para demostrar que con la monetización de los bienes incautados a Rafael Olvera Amezcua, es suficiente para pagar la totalidad de los ahorros a los afectados de Ficrea.
En cuanto a las investigaciones relacionadas con Olvera Amezcua, el abogado señaló que aunque se sabe que hay acusaciones por lavado de dinero, no se conoce en qué se situación se encuentran. “Podemos pensar que al señor pueden acusarlo de cualquier delito, pero si no están las condiciones para acusarlo de lo que realmente nos interesa, que es por fraude, la investigación no tendrá ningún efecto que nos beneficie […] también solicitamos a la PGR que nos permita coadyuvar, pero no se ha permitido”, dijo.
LA INCONFORMIDAD CONTINÚA
La molestia entre los ahorradores afectados no ha disminuido, también sigue intacta la incertidumbre que mostraban en las primeras movilizaciones que realizaron a finales de 2014. La mayoría de los afectados son gente de la tercera edad, el resto planeaba gastos para sus negocios o para la universidad.
“Entre los ahorradores hay molestia contra el gobierno y la desesperación de la gente está justificada. Perdimos la estabilidad económica, la estabilidad física y emocional. A eso hay que añadirle al resto de los integrantes de la familia que también sufren, en promedio, son cuatro o cinco personas por ahorrador […] Hasta el día de hoy no tenemos ni un solo peso en nuestros bolsillos de nuestros ahorros legítimos”, agregó el abogado.
“El pago del seguro es un derecho que tenemos como afectados, pero estamos al pendiente de cómo podemos pelear por el resto de nuestro dinero. La mayor parte de los ahorradores tienen cantidades que exceden por mucho”, concluyó Fernando González.
