Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo/ZonaFranca).- Luego de que ayer martes el Gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, rechazó el apoyo para combatir los feminicidios por parte de Las Libres, la principal organización civil en pro de los derechos de las mujeres que trabaja en ese estado, dirigida por Verónica Cruz Sánchez, señaló que “no está a discusión” el incluirlas en la mesa de análisis.

“Es una recomendación y se tiene que acatar”, enfatizó.

Durante la sección Mesa Política que se transmite una entrevista con Zona Franca, la activista, quién encabezó la solicitud de Alerta por Violencia de Género ante el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), sentenció que es una obligación del estado el garantizar la participación ciudadana en todos los frentes.

“No está a discusión si se quiere sentar o no se quiere sentar con nosotras, puede ser que él no quiera, pero no tiene opción. Primero porque dice que él está para las instituciones, no, las instituciones están para la sociedad, y nosotras somos parte de la sociedad, con un paso adelante, somos sociedad organizada… y también somos mujeres y somos guanajuatenses”.

“El hecho de ofrecer nuestras manos, nuestra cabeza, nuestra experiencia de decirle al gobierno: ‘te queremos ayudar, para que lo hagas bien’, además es la ganancia del gobierno, quien nos necesita para que le validemos lo que tiene que hacer, somos Las Libres” sentenció.

Ayer el Gobernador de Guanajuato reconoció que en esa entidad sí existe “una cultura machista”, pero rechazó toda posibilidad de trabajar con Las Libres para revisar cada uno de los casos de feminicidio que se han presentado en la entidad.

Desde hace meses, Las Libres han investigado y denunciado decenas de casos de asesinatos de género en esa entidad y también han colaborado para hacer visibles abusos de la autoridad local en los procesos legales interpuestos por mujeres, ya sea por maltrato, violaciones e intentos de asesinato.

Sin embargo, en entrevista con Zona Franca, el mandatario estatal afirmó que su trabajo responde a las instituciones y por lo tanto no planea trabajar en conjunto con la directora de la organización civil.

La negativa del Gobernador Márquez Márquez es, además, contrario a la quinta recomendación del informe hecho por Grupo de Trabajo de notables que investigó la violencia de género de la entidad, y que expuso la necesidad de crear una instancia de seguimiento de la violencia feminicida en la que participen miembros de organizaciones civiles que trabajen en el tema, además de autoridades estatales y los familiares de las víctimas.

La citada recomendación es una de las 13 que aceptó el Gobierno del Estado apenas el jueves de la semana pasada. De no acatarse esas 13 recomendaciones sigue latente la posibilidad de que se emita una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El lunes pasado, la directora de Las Libres, asociación que solicitó la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Guanajuato, invitó a la administración estatal a crear la instancia de seguimiento a la brevedad.

Sin embargo, las declaraciones del Gobernador apuntan a que únicamente se trabajará de manera institucional, lo cual contraviene la recomendación ya citada. “Yo respeto el trabajo de todas las organizaciones que suman precisamente al esfuerzo que hace el Estado. Jamás las rechazaría. Jamás diría que no a su trabajo, pero en este caso  la respuesta es de carácter institucional y es muy claro”, indicó el panista Márquez Márquez.

Finalmente, el mandatario local negó que exista resistencia a admitir que en Guanajuato se vive un problema de violencia contra las mujeres. “Al contrario, nosotros inmediatamente lo admitimos.  Yo no entiendo. Insisto, yo respeto las opiniones que puedan verter y que puedan hacer, pero al final del día esto está dentro del tema institucional y aquí todo suma. Y habremos de dar respuesta y seguimiento a todos los programas que estamos llevando ya. En ese sentido a trabajar todos. Es una tarea de todos”.

El sábado pasado, el informe de Grupo de Trabajo evidenció que existe un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en Guanajuato, particularmente en el municipio de León. Con lo cual se da la razón a la advertencia de la organización no gubernamental Las Libres.

En los resultados del estudio, que podrían derivar en la emisión de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Guanajuato, se asegura que en algunos de estos casos se presentaron condiciones de crueldad e inhumanidad como la decapitación o la incineración de las víctimas, elementos que podrían constituir la violencia feminicida, la cual es definida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Es así que el Grupo de Trabajo, integrado por académicos y servidores públicos, concluyó que en el estado de Guanajuato se vive un contexto de violencia de género contra las mujeres. Del documento se desprenden 13 recomendaciones, las cuales la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó al Gobernador del estado, el panista Miguel Márquez Márquez, el pasado jueves 10 de julio. De no acatarlas correctamente en un plazo de seis meses, se decretaría la AVG para la entidad.

Las Libres, asociación civil que encabeza Verónica Cruz Sánchez, solicitó la Alerta de Género para la entidad e informó al Grupo de Trabajo que los casos de feminicidio registrados en la entidad se triplicaron de abril de 2013 a marzo de 2014, con lo que se alcanzó la cifra de 85 muertes por razones de género en 23 municipios de Guanajuato. Destaca el caso de León, en donde se registraron 22 casos y nueve en Irapuato.

Las Libres agregó que en el 67 por ciento de los casos, los agresores están prófugos o se desconoce su paradero, con lo que se ha creado un contexto de impunidad. El gobierno estatal desestimó las aseveraciones de la organización y aseguró que ésta cometió un error al registrar como feminicidio todo homicidio cometido contra mujeres, cuando no todos estos casos corresponden a la violencia feminicida.

El gobierno local agregó que, de acuerdo con el tipo penal, únicamente 20 de los 85 casos señalados por Las Libres encaja con la tipificación del feminicidio. Asimismo mencionó que su reacción ha sido “contundente en la investigación y sanción de los casos”, pues los 15 feminicidios que reconocen de 2013 y cuatro de los cinco casos que admiten de 2014 han sido esclarecidos.

Hay además 52 homicidios dolosos que no son reconocidos como feminicidios. Se asegura que tres casos refieren a la muerte de hombres: uno no especifica datos de identificación, cinco no conllevan intervención de terceros; tres casos no corresponden al período citado y un caso se duplica. Lo que da un total de 85 casos.

En sus conclusiones, el Grupo de Trabajo pidió al gobierno de Guanajuato no excusarse en su legislación local para evadir la investigación de todos los asesinatos violentos contra mujeres a partir de la hipótesis primaria del feminicidio. Además, exige que la violencia feminicida no únicamente abarque la dimensión del feminicidio, sino también la violencia contra las mujeres y la crueldad de los métodos que se utilizan en su contra. Ese grupo también menciona que en algunos de los casos se ha generado impunidad por parte de la autoridad estatal.

Se solicita entonces a la administración que encabeza Miguel Márquez investigar todos los casos en los que se registren violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde la aceptación de un deber, no como el cumplimiento con una formalidad destinada a no rendir frutos.

Además se le exige poner todos los medios que se encuentren a su alcance para que el acceso a la justicia de las mujeres sea pronto y eficaz. Otro de los puntos mencionados en este sentido es el de capacitar a los servidores públicos encargados de procurar justicia e instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa para los funcionarios que revictimicen a las mujeres.