Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció al Gobernador del estado, el priista Javier Duarte Ochoa y a tres funcionarios públicos por participar en un evento proselitista del entonces candidato priista Enrique Peña Nieto, en día y horas hábiles, y con ello infringir el artículo 134 de la Constitución federal y “violar los principios de equidad, imparcialidad, objetividad y certeza que rigen la materia electoral”, indicaron en un comunicado.
Por mayoría de votos, cuatro a favor y tres en contra, el pleno de la TEPJF avaló el proyecto de sentencia en el que se estableció que la presencia del Gobernador Duarte Ochoa, el ex subsecretario de Finanzas, Gabriel Deantes Ramos, el Coordinador de asesores, Francisco Javier Muñoz Ruiz,y el diputado local y actual secretario particular del Gobernador, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, constituyó un uso indebido de recursos públicos para influir en la equidad de la contienda.
Se consideró que la solicitud de licencia sin goce de sueldo no es suficiente para resguardar el principio de imparcialidad y equidad que debe prevalecer en la contienda pues el artículo 134 constitucional señala que los servidores públicos están impedidos de asistir a actos proselitistas con o sin licencia.
“Todo acto proselitista tiene la finalidad de ganar adeptos, máxime si se trata del gobernador de la entidad, quien además emitió un mensaje que trascendió a los medios de comunicación, con lo cual influyó hacia el electorado”, señaló el magistrado que aprobó la sentencia, Salvador Nava Gomar.
Sin embargo, el magistrado Manuel González Oropeza, quien votó en contra del proyecto, aseguró que la asistencia de los funcionarios a dicha reunión no afectó el principio de equidad e imparcialidad de la contienda, ya que el evento no era público sino a puerta cerrada y dirigido a los militantes del partido, no a la ciudadanía en general.
Por su parte, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, quien también manifestó su disenso con la propuesta, expresó que la conducta de los funcionarios no vulneró la equidad en la contienda, ya que no está probado que se hayan destinado recursos públicos a dicha actividad, toda vez que la organización no estuvo a cargo del Gobierno de Veracruz sino del Partido de la Revolución Institucional (PRI).
Ante ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá votar una nueva resolución en la que se proponga sancionar al mandatario veracruzano y a sus entonces funcionarios.
