Primero fue el asesinato de un empresario de la zona. Luego, la información de que las primeras indagatorias apuntaban a un posible cobro de extorsión como causa del homicidio. Más tarde, esa posibilidad tomó forma en el eco de varias otras voces que les dijeron a dos diarios de circulación nacional que aquello de la extorsión era real.

Y luego vinieron las negaciones de la autoridad, de las cámaras empresariales, de otros empresarios de la zona. El anonimato de las primeras voces, atribuido al temor de dar la cara por las posibles implicaciones que tendría, ayudó a sembrar la duda sobre la veracidad de sus dichos.

No hay denuncias, dijo Rodolfo Ríos Garza, quien tiene la encomienda de la procuración de justicia en la capital del país. Y así zanjó el tema. El problema es que la misma razón que explica el anonimato de las voces que acusan es la que explica el porqué no hay denuncias: hay temor y hay desconfianza. Y no sólo se teme de aquéllos a quienes se señala como presuntos extorsionadores, sino de las autoridades que los estarían protegiendo o, que cuando menos, han sido omisas.

Nadie está dispuesto, pues, a dar la cara, ni tampoco a abrir la boca así sea protegido por el anonimato. Y la atención que las noticias tras el asesinato del empresario Marco Cardona Utrilla, dueño del bar Life Love,  no sirvieron sino para hundir más en el silencio esas voces. La respuesta del Procurador Ríos Garza de exhortar a la denuncia como método de actuación es insuficiente y fue más bien una resolución política, a decir de especialistas en seguridad pública.

Quizá también ha sido insuficiente la atención que se le ha puesto al tema, porque a fin de cuentas ¿qué implica hablar de la penetración de la delincuencia organizada en una de las zonas más céntricas, turísticas y económicamente más activas de la capital del país? Implica, en primer lugar, aceptar un hecho que hasta ahora las autoridades capitalinas han negado y también supone reconocer que la política de seguridad pública ha fallado en el corazón de la ciudad.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).— De la fastuosidad con que arrancó el operativo de seguridad “Condesa Seguro” hace una semana en la colonia Condesa no quedaron sino registros fotográficos. Ya el pasado viernes 10 de julio no se veía, como tampoco el fin de semana anterior, repleta de los 300 agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y los 120 policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) que fueron desplegados como una respuesta de las autoridades a las denuncias sobre supuestas extorsiones del crimen organizado a restauranteros del lugar o amenazas para que les permitan operar la venta de drogas dentro de los establecimientos.

Hace una semana, el despliegue de 420 elementos de seguridad y el recorrido del propio Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, por negocios de la zona concluyó en apenas dos arrestos de personas que estaban ingiriendo bebidas en vía pública.

El sábado 4, la SSPDF informó que el despliegue de sus 120 elementos se mantendría “por el tiempo que sea necesario” para reducir la incidencia delictiva en delitos de alto impacto como robo a transeúnte, de vehículos,  de negocios y a cuentahabientes.

Pero esta noche de viernes, tras una semana de insistencia de parte de la PGJDF de que los señalamientos sobre extorsiones eran rumores o que no tenían sustento porque no existían denuncias formales, la vigilancia en la colonia Condesa es escasa. O al menos si se le compara con el portentoso despliegue policial de una semana atrás.

Hay patrullas de la SSPDF haciendo rondines, como de por sí era habitual. Un agente de la Policía Auxiliar que resguarda un restaurante en ese perímetro, contó una noche antes a SinEmbargo que sí era más notoria la presencia de policías desde hacía una semana. De seis patrullas que normalmente hacen los rondines en esa área, estos días había visto al menos a ocho más, ejemplificó.

El mismo agente, quien lleva cinco años trabajando en la zona, dijo que la Condesa sigue siendo una colonia segura pero es innegable que hay venta y consumo de drogas. Si lo sabe no es porque conozca dónde se vende y dónde se consume, sino porque desde su lugar como vigilante ha visto pasar a jóvenes drogados.

“Ni modo que vengan así de otro lado”, reflexiona.

También lo supone porque le ha tocado que jóvenes se acerquen a preguntarle si él vende perico. Reacciona ofendido, dice, pero no puede hacer más. Cuando les hace ver que él es una autoridad, los jóvenes dirimen el escollo diciéndole que estaban bromeando. Y la noche continúa para ellos en otro lado y para el policía desde su humilde puesto de vigía.

Categórico, responde que eso mismo -lo de la venta y consumo de drogas- pasa en todos lados de la ciudad, sólo que en la Condesa se hace de forma más discreta por la simple razón de que hay más ojos viendo.

Minutos más tarde, por esa misma avenida en donde el policía trabaja y donde se concentra una gran cantidad de bares y restaurantes, cinco relucientes patrullas de la SSPDF avanzan en caravana hasta la calle de Benjamín Hill y doblan a la izquierda. Si hubieran seguido de largo habrían llegado a donde se encuentran las llamadas chelerías, negocios que han sido rechazados por los vecinos de la zona porque generan ruido hasta la madrugada, propician la saturación de las calles aledañas con vehículos y producen una percepción de inseguridad.

Se trata, además, de la misma avenida donde hace dos años, el 24 de mayo de 2013, fue asesinado Horacio Vite Ángel, afuera del bar Black, ubicado en la planta baja de la Torre A del edificio Tamaulipas 150. Las autoridades le encontraron seis grapas de cocaína y una pastilla aparentemente psicotrópica.

Mayela Delgadillo, del Comité Ciudadano Roma Norte III, sitúa ese hecho como el que destapó una realidad que ya era un secreto a voces: que en la zona se vendía y consumía droga y que el crimen organizado lo operaba.

DROGAS Y EXTORSIÓN EN LA CONDESA, NINGUNA NOVEDAD

Hablar de la presencia de la delincuencia organizada, de las extorsiones a negocios y de la venta de droga en establecimientos de la zona dentro del polígono Condesa-Roma no es cosa nueva.

Tras el asesinato de Vite Ángel, distintas publicaciones periodísticas comenzaron a dar cuenta de su ocurrencia en ese perímetro, integrado por las colonias Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Roma Norte y Roma Sur. El asesinato del presunto narcomenudista desató un cobro de cuentas que llevó a la desaparición y asesinato de 13 jóvenes en el bar After Heavens, en la aledaña colonia Juárez.

En julio de 2013, el diario El Universal publicó cómo operaba la práctica de la extorsión a establecimientos en la Condesa, pues no es que se exigiera un pago a cambio de no molestar al dueño del lugar, sino que se le demandaba permitir que los narcomenudistas operaran dentro de los negocios.

A partir de testimonios anónimos de empresarios, el medio detallaba que las células de narcomenudistas que operaban dentro de los negocios podían, a su vez, tejer una red que incluyera a meseros, personal de seguridad, los valet parking y a vendedores ambulantes. Se dedicaban sobre todo a la venta de mariguana, cocaína y tachas.

El mecanismo de extorsión era usado por al menos dos bandas que operaban en la zona desde 2011. Previamente, la venta de droga había estado en manos de personal de los valet parking, meseros, vendedores ambulantes, taxistas, fraileros y personas que se apostaban en esquinas estratégicas.

Los empresarios entrevistados agregaban un dato relevante: antes el control del mercado de drogas pertenecía exclusivamente a un grupo criminal llamado La Unión, que operaba en Tepito.

Se trataba de hombres armados que llegaban a los bares o discotecas, a bordo de vehículos viejos y armados. Amedrentaban a los dueños para que dejaran entrar a un grupo de personas a vender drogas. Pero luego llegó otro grupo con la misma idea de operar el mercadeo de drogas dentro de los  establecimientos.

El medio agregaba que la situación era conocida por el Gobierno del Distrito Federal al menos desde 2011, cuando un grupo de empresarios advirtió a las autoridades que eran amenazados por grupos delictivos para permitirles la venta de droga dentro de sus negocios.

La respuesta del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, fue similar a la del Procurador Ríos Garza a cuatro años de distancia: que denuncien. Los empresarios, temerosos de sufrir represalias, optaron por el silencio.

Ese mismo año, el entonces presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex) había alertado de algunos casos de extorsión en la Condesa por parte de narcomenudistas, aunque lo matizó diciendo que no se trataba de una situación generalizada,

En 2013 también los representantes vecinales del polígono Condesa-Roma denunciaron que el narcomenudeo existía en la zona y se focalizaba en las inmediaciones del Parque México y las avenidas Tamaulipas y Michoacán, donde se concentra la zona de bares y restaurantes.

Tras la muerte de Cardona Utrilla, El Universal publicó que empresarios de la zona Roma-Condesa denunciaron que pagaban “derecho de piso” al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además de los señalamientos sobre la presencia de narcomenudistas, en la zona también se han dado detenciones de personas ligadas al narcotráfico.

A principios del año pasado, la Procuraduría General de la República detuvo a dos personas que presuntamente eran los enlaces de organizaciones criminales para el tráfico y distribución de drogas en Michoacán.

Luego, en abril fue detenido Arnoldo Villa Sánchez, presuntamente el segundo hombre en importancia del cártel de los Beltrán Leyva.

En octubre del año pasado, fue detenido Mario Alberto Romero Rodríguez, supuesto líder de Los Caballeros Templarios.

PREOCUPANTE, NEGACIÓN DEL GDF

Tras la publicación de los diarios El Universal y Reforma de supuestos casos de extorsión a empresarios del polígono Roma-Condesa, las autoridades capitalinas se apresuraron a negar que dicha situación existiera. Como argumento, el Procurador Ríos Garza dijo que no existían denuncias al respecto.

Luego, tanto él como el titular de la SSPDF, Hiram Almeida, llamaron a quienes hubieran sido víctimas de extorsión a denunciarlo ante las autoridades.

Alejandro Espriú Guerra, coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), subraya que lo más relevante no es que nuevamente salgan a la luz este tipo de denuncias, sino que persista la reticencia de las autoridades a reconocerlo.

“El no reconocer la situación lo que hace es evitar que haya una posibilidad de acción frontal frente a estas situaciones. Su ya se han dado de manera recurrente es porque algo hay ahí […]. No es algo aislado, es algo recurrente”, dice en entrevista con SinEmbargo.

A eso suma una preocupación, pues al negarlo las autoridades envían una señal equivocada, considera.

“Ellos han equiparado el hecho de que no haya denuncias con que no exista la situación, y me parece un error muy grave porque si hay algo que demuestra esto no es que no exista el problema, lo que no existe es una confianza en el gobierno del Distrito Federal y en las autoridades judiciales para resolverlo.

“Entonces cuando ellos deciden seguir negándolo lo único que hacen es seguir mandando la señal equivocada  de que no importa que haya denuncias, no importa que haya o no una situación, ellos están prefiriendo no hacer caso”, expone el experto en el análisis del sector seguridad en México y Latinoamérica.

Respecto a la salida de las autoridades capitalinas de zanjar el asunto diciendo  que no existen denuncias, el académico de la Universidad Iberoamericana Pablo Monzalvo, especialista en seguridad pública, señala que se trata de una “respuesta política” y critica que las autoridades policiales y de procuración de justicia no actúen pese a que esa es precisamente su encomienda.

“Los procesos de seguridad no requieren denuncia, deben ser públicos porque por eso está el Estado, para brindar la libertad y la seguridad […]. La seguridad hay que darla y punto. Cuando hay un elemento que se está demostrando que hay inseguridad pues hay que actuar”, apunta.

Espriú Guerra también considera que el argumento de las autoridades no es valido porque ante indicios de hechos que estarían poniendo en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas deberían actuar.