El actual Gobierno federal padece de incompetencia para dar respuesta pública a las crisis coyunturales que ha enfrentado, y el reciente capítulo del socavón que se abrió en el tramo carretero Paso Exprés –donde además hubo dos víctimas mortales– muestra que no aprendieron de las que le antecedieron, refieren politólogos consultados por este diario digital. Para ellos, lo ideal es una respuesta rápida y adecuada, y no tarde y costosa para todos. Esta situación, dicen, refleja debilidad en el equipo del del Presidente, e incluso falta de capacidad del Jefe del Ejecutivo federal para hacer que los secretarios respondan de manera adecuada.
Casos como el de Ayotzinapa, el de “la casa blanca”, la fuga de “El Chapo”, las acusaciones de espionaje por parte del Gobierno federal y el mencionado socavón de la autopista México-Cuernavaca, dan cuenta de la dilación para brindar una reacción pública, no sólo porque en ocasiones el Gobierno mexicano no se pone de acuerdo en las hipótesis y respuestas, sino porque tarda días en pronunciarse oficialmente.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto ha tardado hasta diez días –es decir, unas 240 horas– en brindar una reacción pública ante los asuntos coyunturales que más preocupan a la población, como las tragedias o los señalamientos de corrupción. Además, una vez que reacciona, ha brindado discursos “poco contundentes”, que incluso, han subestimado el problema, de acuerdo con la visión de politólogos.
En promedio, en los seis casos más críticos de su sexenio, la reacción del Primer Mandatario ha tardado 4.5 días en alcanzar al escrutinio público. Su récord de velocidad es 1.5 días. Esto sin tomar en cuenta sus publicaciones en redes sociales.
Cuando la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en un camino de Iguala, Guerrero, el Primer Mandatario no expresó una sola palabra hasta el 6 de octubre cuando dijo: “Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala”.
Este año, Enrique Peña Nieto habló tres días después de que la organización canadiense Citizen lab revelara que el Gobierno federal espiaba con un software llamado Pegasus a activistas y periodistas. En esa ocasión dijo: “Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la Ley, pueda aplicarse al justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.
La dilación y luego el discurso de lejanía se impusieron también en crisis como “la casa blanca” y la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Ahora, cuando dos personas perdieron la vida en un socavón en el paso exprés de la autopista México-Cuernavaca, una obra del Gobierno federal que el mismo Mandatario presentó como “de las más seguras y modernas”, el Presidente Enrique Peña Nieto no ha dicho nada.
Para el politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo, esta característica del Gobierno ha abonado a la reprobación social de la gestión peñanietista. GEA-ISA, en su último ejercicio sobre este punto, le da 74 por ciento de desaprobación, mientras que los diarios nacionales Reforma y El Universal le han otorgado poco más de 90 por ciento para el mismo rubro.
“Lo ideal es una respuesta rápida y adecuada. Mientras más se tardan el costo es mayor. Si dicen algo precipitado y luego lo modifican, parece que están improvisando, que se están desdiciendo, o que habían dicho mentiras al principio, o que no habían entendido en que consistía el problema”, dijo Crespo en entrevista con SinEmbargo. “Que todos los gobiernos tratan de minimizar su responsabilidades… siempre”, pero “hoy por hoy, este gobierno ha resultado incompetente en sus respuestas a situaciones críticas”, detalló.
Pero, ¿por qué se calla el Presidente?
Marco Leopoldo Arellano Toledo, investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expone que la presente administración federal presenta problemas para responder a las crisis de coyuntura “por falta de oficio político”.
“No es un tema de dilación por estrategia sino más bien por una inoperancia política del grupo en el poder. Lo que está faltando es esta vieja articulación que antes sucedía en el sistema político, en que la estructura del gobierno y del partido funcionaban como un salvoconducto de filtración de los problemas y las coyunturas que se venían. Ahora pareciera que nosotros nos enteramos al mismo tiempo que se está enterando el Presidente. La respuesta es mucho más lenta”, dijo el académico en entrevista con SinEmbargo.
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LA DEBACLE
A partir de septiembre de 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero, esta inoperancia política se hizo más evidente. Fue hasta enero de 2015 que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la “verdad histórica”, que abordaba una única narrativa acerca de los hechos, incluido el asesinato y posterior incineración de los cuerpos de los estudiantes, en un basurero ubicado en la localidad de Cocula.
Al día de hoy, el caso no ha sido esclarecido y a lo largo de los años las autoridades se han contradicho en sus aseveraciones. En 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto tardó 10 días en externar su indignación y consternación por los hechos.
El 6 de octubre de ese año, el jefe del Ejecutivo federal señaló que las autoridades actuarían para dar “el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a lo responsables y aplicar de manera estricta la Ley ante estos hechos”. Sin embargo, fue hasta el 4 de diciembre que el primer mandatario visitó el estado de Guerrero, momento en que pidió a la ciudadanía hacer “un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”.
La dilación en su respuesta fue tildada por especialistas en seguridad como una reacción tardía frente a la crisis, como en el caso de Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana, quien dijo a The Associated Press que “están reaccionando tarde”, cuando las autoridades “debieron haber generado el mensaje de que había presencia”. No fue sino hasta dos meses después de la desaparición de los normalistas que el Presidente presentó su Plan de Justicia y Desarrollo, que consistió en la exposición de 10 puntos para impedir la complicidad y la filtración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.
Por esas fechas, el 9 de noviembre de 2014, una nueva polémica enredó a Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera de Peña. Una investigación periodística, dada a conocer por Carmen Aristegui, reveló que la pareja presidencial poseía una casa en las Lomas de Chapultepec, con un valor de 7 millones de dólares (86 millones de pesos, al tipo de cambio de ese año). Destacó que el recinto fue construido por Grupo Higa, una de las compañías ligadas al Presidente Peña desde que gobernó el Estado de México, y que había ganado la licitación del tren México-Querétaro.
En enero de 2013, a un mes de ocupar la presidencia, Peña Nieto dio a conocer en su declaración patrimonial que contaba con cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, así como obras de arte, joyas y muebles. Sin embargo, no hay mención del predio en Las Lomas.
Un día después del escándalo, Eduardo Sánchez Hernández, vocero presidencial, aseveró en entrevista que la casa fue adquirida en una “operación” con recursos propios de Angélica Rvera. En tanto, del Presidente no tuvimos declaraciones. Es más, antes que él, el 19 de noviembre, su esposa protagonizó un mensaje videograbado en el que se dirigió a la ciudadanía para asegurar que era económicamente solvente para comprar la residencia, pero que, ante la situación de descontento, pondría a la venta los derechos del inmueble, del que dijo, adeudaba el 70 por ciento de su valor.
Fue hasta julio de 2015, que Peña Nieto se disculpó por las opiniones e interpretaciones que lastimaron a los mexicanos. Eso no sucedió hasta que unos días antes, Virgilio Andrade, ex Secretario de la Función Pública encargado de la investigación del caso, exonerara a los residentes de Los Pinos por no haber encontrado conflictos de interés por su relación con Grupo Higa.
“La tendencia de los gobiernos, no sólo este, de cualquier partido, de cualquier signo, de tratar de evadir o de minimizar una responsabilidad que tienen, es la que provoca eso que vemos [la incompetencia en su respuesta]”, refirió José Antonio Crespo del CIDE.
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La escalada de momentos tensos no paró allí. Poco antes de que el Presidente de la República se disculpara por el escándalo de la casa blanca, la noche del sábado 11 de julio de ese mismo año, el capo más poderoso de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se escapó del Penal del Altiplano por medio de un túnel kilométrico. “Lo más lamentable” e “imperdonable” -como dijera el primer mandatario un año antes- había sucedido.
El gran escape de “El Chapo” ocurrió mientras Peña Nieto se encontraba en una visita de Estado en Francia, pero un suceso tan delicado no haría retornar a nuestro Presidente. En su lugar, mandó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, horas después de suscitada la fuga, el Presidente se manifestó vía telefónica para decir que se encontraba al tanto de la situación, pero no entró en mayor detalle.
Tendrían que pasar seis días para que el jefe de Estado mexicano regresara a casa y convocara a una reunión de prensa para esclarecer los hechos. Seis días sin dar respuesta, tras los cuales, su argumento central fue que el Gobierno federal “no ha evadido su responsabilidad” y que tenía “confianza plena” en que las fuerzas armadas y de seguridad federal lograrían la reaprehensión del capo de la droga.
A este punto, queda claro que las respuestas por parte del primer mandatario escapan a la inmediatez de las crisis. El asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrida el 15 de mayo de 2017, no fue la excepción. Su primera reacción fue ese mismo día a las tres de la tarde. Vía Twitter expresó que “El @GobMx condena el homicidio del periodista Javier Valdez. Mis condolencias a sus familiares y compañeros” (sic). Empero, dar la cara a nombre de su gobierno por un asesinato inscrito en una guerra que ha cobrado cientos de vidas de reporteros y comunicadores, le llevó dos días más.
El 17 de mayo, en medio del grito “¡Justicia! ¡No más discursos!”, proferido por los periodistas asistentes a una conferencia de prensa, el Presidente ofreció un minuto de silencio. Ese mismo día, en reunión con algunos mandatarios estatales, Peña Nieto mencionó entender “la indignación, a la que nos sumamos y nos solidarizamos”. Dijo que no estaba para dirigir discursos sino para “reafirmar su compromiso para que la muerte de periodistas no quede impune”.
El problema es que ese compromiso no queda claro. El asesinato de Valdez se suma, este año, a los de Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Máximo Rodríguez y Filiberto Álvarez en México. No es la primera vez que el Presidente promete justicia. En su primer año de gobierno, murieron cuatro; para 2014 sumó seis a la lista; siete más en 2015 y 12 en 2016. A la fecha, ha habido discursos y mensajes de indignación por parte del habitante de Los Pinos, pero lo que se dice una respuesta, no hay. La tendencia en este tipo de agresiones no aminora, y de acuerdo con Artículo 19, de 2010 a la fecha, se han registrado al menos 2 mil agresiones contra periodistas.
Reporteros sin Fronteras ha declarado que, en 2016, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas, superado únicamente por Siria y Afganistán. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida por los últimos seis asesinatos y México se mantiene como el país más peligroso para la profesión periodística.
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LOS CASOS MÁS RECIENTES
Actualmente hemos podido presenciar la dilación en las respuestas por parte del Presidente Peña Nieto. Hay dos casos emblemáticos: el del espionaje a periodistas y el del socavón que se abrió hace un día en el paso exprés de la autopista México-Cuernavaca.
El 19 de junio de este año, el New York Times dio a conocer que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México estaban siendo espiados por el Gobierno Federal a través de un software israelí llamado Pegasus, capaz de monitorear llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, en fin, todo. De ese modo, cualquier dispositivo se convierte en la herramienta perfecta para espiar a cualquiera.
Tres días más tarde, durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, Peña Nieto cerró su discurso expresando su rechazo a la acusación de que el Gobierno federal incurre en actividades de espionaje. Condenó “cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona”, e indicó que la Procuraduría General de la República estaba investigando el caso.
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Además, dijo sentirse espiado, situación por la que “procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía, ya ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso ni nada más fácil que señalar al gobierno”, insistió.
“Este gobierno sí ha dejado muy sólo a Peña y Peña no les exige salir a dar la cara. Constantemente Peña está dando explicaciones, dando razones, cuando debería estarlo haciendo algún secretario […]. Los secretarios deben de se fusibles del Presidente, es decir, asumir la parte de responsabilidad que les toca y aveces incluso [asumir] parte de la responsabilidad del Presidente”, explicó Crespo, investigador del CIDE.
En el caso del paso exprés de la autopista México-Cuernavaca, que fue inaugurado el pasado 5 de abril y que de acuerdo con el Presidente es un ejemplo de los esfuerzos realizados por su gobierno para hacer “que nuestro país sea más competitivo”, también hubo dilación.
Peña Nieto tardó día y medio en dar a conocer su posicionamiento acerca del accidente en el que dos personas murieron, luego de haber colapsado el suelo a causa de una aparente falla del drenaje.
A las 09:00 horas de ayer, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, comenzó a esgrimir una respuesta por parte del Gobierno federal. Ese mismo día, en entrevista telefónica, explicó que “hay dos temas muy importantes”: uno, que se va a hacer un peritaje “para ver que las medidas que se tomaron hayan sido las correctas”, y que en caso contrario, “se asuman responsabilidades”. Dos, se va auditar a la delegación y a los funcionarios públicos que intervinieron en la gestión de la construcción.
Mientras tanto, el Presidente ni sus luces. Apenas hoy jueves, en entrevista a medios de comunicación durante la celebración del Día del Policía, el mandatario refirió que es prematuro establecer las causas del hundimiento y mencionó haber instruído a Ruiz Esparza para que los servidores públicos, encargados de la supervisión de la obra, sean separados de sus respectivos cargos.
