Los requisitos son mínimos. Básicos. Pero la responsabilidad es colosal. De mucha expectativa en México y de suma importancia para el desarrollo y crecimiento del país a partir de las buenas prácticas en los Gobiernos.

Solo precisan en el Senado de la República que sea mexicano por nacimiento, que esté en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Mayor de 30 años, un título en licenciado en derecho con cinco años de antigüedad mínimo, tener buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, no desempeñar mi haber desempeñado cargo de dirección en cualquier orden, en partido político alguno en los últimos seis años. Además. Tener conocimientos, experiencia, en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Con esos sencillos, simples, requisitos, los Senadores de la República buscan a quien encabezará la Fiscalía Nacional Anticorrupción, parte integral e importante en el Sistema Nacional Anticorrupción. Posición que definirá el combate a la corrupción en México y para los siguientes años.

Una treintena de personas se ha anotado para el cargo. Consideran que han cumplido con los nimios requisitos y así lo han hecho saber a los senadores, enviándoles su documentación para ser considerados. La Comisión de Justicia y Anticorrupción y la de Participación serán las que definirán el método de evaluación, y cuando hayan concluido con esa etapa, seleccionarán a algunos de los participantes y harán su recomendación a la Junta de Coordinación Política del Senado, donde elegirán a uno y éste será presentado al pleno del Senado para su votación, locual debe estar a más tardar el 29 de noviembre de 2016.

¿Cuál es el problema? Que el Senado de la República no se ha distinguido por ser el mejor seleccionador de funcionarios para el Poder Ejecutivo o incluso para el Poder Judicial, o los órganos ciudadanos. Porque lo que impera en el Senado, son los intereses de partido, políticos, e incluso se dice, económicos, al momento de otorgar un voto.

El Senado de la República, de mayoría priísta, suele votar lo que el Presidente de la República desee, o lo que lleguen a negociar con los líderes del PAN o el PRD, siempre que la negociación esté autorizada por el Presidente de la República.

Los mexicanos no hemos visto alguna sesión de una Comisión del Senado para seleccionar a un funcionario o titular de área- Nunca hemos visto que le pregunten a un propuesto como Senador qué haría en caso que la política del País al que lo proponen afectara la migración, o cuál sería su reacción en caso que descubriera prácticas discriminatorias, xenofóbicas.

Tampoco y en el caso del nombramiento a Procurador General de la República, no hemos visto ni hemos sabido de los Senadores que aprobaron a Jesús Murillo Karam, Arely Gómez o Ricardo Cervantes, si les preguntaron cuál era su plan para contener a los cárteles de la droga, cuál su posición respecto la legalización de la mariguana, cuál su plan para modernizar y hacer eficiente el Ministerio Público, cuál su posición sobre los casos de violencia de alto impacto, y sobre la aprehensión de los capos de la droga.

Mucho menos supimos si les preguntaron sobre el número de cárteles en México, las zonas en las que delinquen, los miembros que tienen, y cuál era su plan de acción para contenerlos. Tampoco si llegaron a preguntar sobre las investigaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa, crimen organizado y cómo fortalecerlas en todos los ámbitos.

Realmente no hubo ninguna Comisión de selección de Procurador que se erigiera como tal para entrevistar a los propuestos por el Presidente de la República, los Senadores simplemente leyeron el nombre que les enviaron y lo aprobaron. Punto.

Hoy en México estamos ante una oportunidad enorme de cambiar la historia. De comprometerse todos con el combate a la corrupción, legislativo, gobierno, instituciones ciudadanos. México debe salir de la corrupción en la que vive y que inhibe el crecimiento del País en todos los sectores.

Perseguir a los funcionarios que piden dinero a cambio de trámites, que quieren un porcentaje del presupuesto destinado a una obra, que solicitan favores a cambio de licitaciones, que quieren ser socios de empresas proveedoras del gobierno, que extorsionan y corrompen.Que se aprovechan de su posición para ser beneficiados con transacciones financieras que no están al alcance de cualquier mexicano en la adquisición de bienes. Que transan con casas blancas y de todos colores.

El principal problema de este país es la impunidad. Que quienes cometen un delito no pagan por ello. Que el narcotraficante es prófugo porque funcionarios corruptos, agentes del Ministerio Público deshonestos, jueces con otros intereses, le dan esa impunidad a cambio de billetes, bienes o favores.

En México hay gobernadores que se enriquecen en el primer año de su mandato pero que no son investigados, y que cuando hay visos de querer ir tras ellos, lo hacen hasta el último momento, cuando ya no puede robar y cuándo tiene los medios económicos para escapar. Ahí está el caso de Javier Duarte de Ochoa como prueba. Y muchos otros gobernadores que en este momento están transando contando con la impunidad que les dan sus Congreso del Estado, sus Órganos de Fiscalización.

México necesita un Fiscal Anticorrupción que no tenga partido. Que no esté en institución alguna, que no haya tenido el nexo con un partido político no solo los últimos seis años de su vida, sino nunca. Que quiera ser el Elliot Ness de la política mexicana, que sea valiente y comprometido, que solo lo mueva la justicia y no el interés político o partidista. Que sea inteligente –los transas no son tontos-, que tenga experiencia en la persecución y procesamiento de delitos.

Que tenga fama de ser de hierro, con principios de sólidos de justicia.

Los mexicanos debemos estar atentos a las entrevistas de las Comisiones en el Senado de la República a los aspirantes. Escuchar, ver, que les hagan preguntas como ¿Qué haría en el caso de la Casa Blanca? ¿Cómo abordaría la investigación?

¿Qué línea seguiría para investigar los moches en la Cámara de Diputados? ¿Cuál sería su actuar en el caso del Gobernador Javier Duarte de Ochoa? ¿Cómo investigaría a una paraestatal? ¿Investigaría al Presidente de la República? ¿Qué necesita para tener una Fiscalía Anticorrupción eficiente? ¿Cómo debe trabajar el Ministerio Público? Y todas las preguntas que tengan que ver con su actuación, medir el atalante y los nervios, el compromiso y la valentía.
México necesita un Fiscal Anticorrupción independiente. Que se atreva a llevar a la cárcel a los políticos porque cometieron delitos y no por venganzas partidistas. Que sea transparente y autónomo, que no le tenga miedo a la autoridad ni recelo a la sociedad.

En el umbral del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que los mexicanos merecemos es que el Senado de la República haga su trabajo, entreviste, investigue y deje de ser un apéndice del Presidente de la República o de sus partidos.

Estemos atentos a los movimientos en el Senado respecto el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, hagamos algo para que este sistema no nazca torcido porque es un valioso recurso para enderezar al sistema.

Al elegir al Fiscal, este Senado de la República será el que contribuya al combate a la corrupción, o el que le apueste a la impunidad. No hay de otra. O trabajan o transan.

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